De mecanógrafo a cacique sindical: Gregorio López en San Juan del Río

San Juan del Río, 25 de diciembre de 2025. — Gregorio López González comenzó como mecanógrafo del Registro Civil en los años noventa cuando el PRI gobernaba San Juan del Río. Militante priísta, recibió las canonjías típicas del corporativismo que lo encumbraron al liderazgo del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Municipio. Lo que nadie anticipó es que aquel empleado modesto se convertiría en un cacique sindical capaz de imponer una clínica particular sin licitación que consume 120 millones de pesos anuales solo en servicios de salud, condicionar votos en procesos electorales y extorsionar gobiernos de diferentes partidos durante más de tres décadas.

La metamorfosis de López González revela la peor cara del sindicalismo corporativo mexicano: un sistema donde los líderes sindicales dejan de representar trabajadores para convertirse en operadores políticos que negocian lealtades electorales a cambio de prebendas personales y contratos millonarios sin transparencia. Los datos publicados por Rotativo durante esta semana documentan cómo este mecanógrafo del Registro Civil construyó un feudo laboral sin auditorías ni rendición de cuentas donde impone proveedores de servicios médicos sin procesos de licitación pública.

Hospital Medical Center: el negocio sin licitación
La imposición más grave documentada por Rotativo es la exigencia de atención médica exclusiva en el Hospital Medical Center ubicado en calle Hidalgo y Rayón de San Juan del Río. López González rechaza hospitales públicos o privados estándar y condiciona todas las prestaciones de salud de los trabajadores sindicalizados a esta clínica particular que consume 120 millones de pesos anuales solo en servicios médicos y medicamentos.

El secretario de Administración municipal confirmó a Rotativo el 23 de diciembre que una cirugía que en cualquier hospital público o privado estándar cuesta 10 mil pesos alcanza los 30 mil pesos en Medical Center, triplicando el gasto por cada intervención quirúrgica. De los 120 millones de pesos anuales destinados a salud sindical, 90 millones corresponden exclusivamente a subrogaciones hospitalarias derivadas de esta imposición.

Lo más grave: no existe evidencia pública de que el municipio haya realizado licitaciones para contratar servicios médicos por una cifra que representa entre 20 y 22 por ciento del presupuesto total municipal. La Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público establece procesos de licitación pública para contratos de esta magnitud, pero el gobierno municipal canaliza 120 millones de pesos anuales a una sola clínica particular sin que se conozcan procedimientos de competencia, comparación de costos o evaluación de alternativas.

¿Quién se beneficia de esta imposición? ¿Por qué Medical Center y no otro hospital? ¿Qué vínculos existen entre López González y esta clínica que justifiquen la exclusividad sin licitación? ¿Por qué se rechazan hospitales públicos o privados estándar que ofrecen la misma calidad a costos tres veces menores?

Estas preguntas llevan años sin respuesta porque ninguna autoridad ha considerado relevante fiscalizar 120 millones de pesos anuales canalizados a una clínica particular por imposición sindical sin procesos de licitación pública.

Del PRI al pluripartidismo: la adaptación del cacique

Cuando los gobiernos priístas que lo encumbraron perdieron el poder, López González no desapareció de la escena política. Al contrario: perfeccionó su estrategia. Comprendió que en la democracia pluripartidista su poder no dependía de la lealtad a un partido, sino de su capacidad para condicionar el voto de más de mil trabajadores sindicalizados y sus familias. Se convirtió en una balanza electoral que gobiernos de diferentes signos políticos debían cortejar o enfrentar.

La estrategia es simple pero efectiva: antes de cada elección municipal, López González presiona a candidatos de todas las fuerzas políticas. Les ofrece el voto corporativo de sus agremiados a cambio de compromisos específicos una vez que lleguen al poder. Los candidatos aceptan porque necesitan votos. Una vez electos, el dirigente sindical cobra la factura mediante emplazamientos a huelga, amparos constitucionales y exigencias millonarias que incluyen la imposición de proveedores de servicios sin licitación pública.

El resultado es un círculo vicioso donde cada administración municipal hereda compromisos firmados por la anterior, y cada nueva gestión debe agregar concesiones adicionales para mantener la paz laboral. El gasto total en prestaciones sindicales escaló de 35 millones a más de 600 millones de pesos anuales solo en nómina para 1,300 trabajadores, pero los 120 millones adicionales destinados exclusivamente a servicios de salud en Medical Center representan el caso más flagrante de imposición sin transparencia ni licitación.

Beneficios personales disfrazados de conquistas laborales

La investigación de Rotativo documentó que López González percibe alrededor de 70 mil pesos mensuales sin cumplir horarios de trabajo desde 2016. Su hermana Gretel Jazmín aparecía en nómina con salario de más de 20 mil pesos en un cargo que a otros trabajadores les paga entre 5 y 7 mil. En 2016 condicionó el aumento salarial de 450 trabajadores a la entrega de una camioneta Suburban nueva, instalación de aire acondicionado en su oficina y 60 mil pesos mensuales adicionales “sin facturas”.

Este patrón revela la verdadera naturaleza del poder de López González: cada “conquista laboral” incluye prebendas personales disfrazadas de derechos sindicales. La imposición de atención médica exclusiva en Hospital Medical Center que consume 120 millones de pesos anuales sin licitación pública no beneficia a los trabajadores, que recibirían la misma calidad en hospitales públicos o privados estándar a costos tres veces menores. ¿A quién beneficia entonces un esquema que triplica costos quirúrgicos y rechaza procesos competitivos de licitación?

Adicionalmente, López González rechaza medicamentos genéricos y acepta únicamente fármacos de patente, lo que dispara los costos farmacéuticos del ayuntamiento sin que exista justificación médica o proceso de licitación que garantice los mejores precios del mercado.

El rehén electoral y la extorsión sistemática

López González no solo condiciona votos durante campañas electorales. También los usa como amenaza permanente contra gobiernos en funciones. Cada emplazamiento a huelga lleva implícita una advertencia política: “Si no cumplen, movilizo a mil trabajadores y sus familias contra ustedes en las próximas elecciones”. Ningún alcalde quiere enfrentar una huelga municipal meses antes de comicios donde su partido jugará la continuidad.

Esta capacidad de mantener como rehén al gobierno municipal explica por qué cuatro administraciones consecutivas, ademas de las anteriores donde su tia fue presidenta y los demás de su partido el PRI lo encubrieron, hayan tolerado la ausencia de licitaciones públicas para contratos de 120 millones de pesos anuales para servicios médicos y medicinas, han aceptado imposiciones que triplican costos médicos y han firmado convenios onerosos bajo amenaza de paro laboral. No es debilidad administrativa: es cálculo político. Los alcaldes saben que enfrentar a López González puede costarles votos en la siguiente elección.

El dirigente sindical ha perfeccionado esta estrategia durante 35 años. Documentó Rotativo que en 2019 exigió 40 millones de pesos anuales incluyendo exención total del ISR para 470 trabajadores. Para 2025 las exigencias escalaron, destacando los 120 millones de pesos anuales solo para servicios de salud en una clínica particular impuesta sin licitación, más de 200 amparos constitucionales tramitados en un solo año y el rechazo sistemático a hospitales públicos que ofrecerían los mismos servicios a costos menores.

La omisión criminal: contratos millonarios sin licitación
La Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público establece con claridad meridiana que los gobiernos municipales deben licitar públicamente contratos superiores a ciertos montos. Ciento veinte millones de pesos anuales para servicios médicos exceden ampliamente cualquier umbral de contratación directa. Sin embargo, no existe evidencia de que el municipio de San Juan del Río haya publicado convocatorias de licitación, haya comparado propuestas de diferentes hospitales o haya evaluado alternativas más económicas.

Esta omisión constituye una violación flagrante del marco normativo en materia de adquisiciones públicas. Más grave aún: la ausencia de licitaciones elimina cualquier mecanismo de control de precios, comparación de servicios o verificación de calidad que proteja el erario municipal. López González impone un proveedor único, rechaza alternativas más económicas y el gobierno municipal paga sin procesos competitivos que garanticen el uso eficiente de recursos públicos.

¿Dónde ha estado la Auditoría Superior del Estado? ¿Por qué la Contraloría Municipal no ha iniciado investigaciones por la ausencia de licitaciones en contratos de 120 millones de pesos anuales? ¿Qué explica que ninguna autoridad fiscalizadora haya cuestionado la imposición de un proveedor único sin proceso competitivo?

Los trabajadores: rehenes sin voz

Mientras Gregorio López González negocia votos con candidatos e impone proveedores de servicios médicos sin licitación, los 1,300 trabajadores sindicalizados permanecen como espectadores silenciosos de un sistema que supuestamente los representa.

¿Cuántos de ellos han participado en elecciones sindicales libres durante 35 años? ¿Cuántos conocen por qué deben atenderse exclusivamente en Medical Center? ¿Cuántos saben que el municipio paga tres veces más por sus cirugías sin que existan licitaciones públicas?

La respuesta probable es: ninguno. Porque López González no gobierna un sindicato democrático sino un feudo laboral donde las decisiones millonarias se toman sin consultar a los trabajadores, donde la transparencia es inexistente y donde la rendición de cuentas una ficción. Los trabajadores son rehenes doblemente: de un líder que condiciona sus votos sin consultarlos y de un sistema que les impone servicios médicos más caros sin informarles que existen alternativas más económicas.

El costo político de la omisión

Durante 35 años, no se ha sabido que la Auditoría Superior del Estado haya fiscalizado un solo peso de este sindicato y ahora 120 millones de pesos anuales canalizados a un hospital como Medical Center permanecen sin licitación pública. No ha cuestionado la ausencia de procesos competitivos. No ha investigado por qué se rechaza hospitales públicos o privados estándar. No ha verificado si los precios cobrados son razonables comparados con el mercado.

Esta omisión no es casualidad: es la consecuencia política de un pacto implícito donde los sindicatos municipales operan como feudos intocables que ninguna autoridad quiere auditar por temor a represalias electorales. López González ha construido su poder sobre esta omisión sistemática, sabiendo que ningún gobierno estatal ordenará una auditoría contra un líder sindical capaz de movilizar votos en municipios clave.

El resultado es un sistema de impunidad perfecta donde el dirigente sindical impone proveedores sin licitación, triplica costos médicos sin justificación técnica y acumula poder sin contrapesos institucionales ni fiscalización externa.

Las preguntas que exigen respuesta

¿Cómo un mecanógrafo del Registro Civil acumuló poder suficiente para imponer contratos de 120 millones de pesos anuales sin licitación pública? ¿Qué vínculos económicos existen entre López González y Hospital Medical Center que expliquen la exclusividad sin proceso competitivo? ¿Por qué se rechaza hospitales públicos o privados que ofrecen los mismos servicios a un tercio del costo?

¿Por qué la Auditoría Superior del Estado no ha fiscalizado contratos millonarios sin licitación? ¿Qué explica que la Contraloría Municipal tolere la ausencia de procesos competitivos? ¿Dónde están los expedientes de licitación que deberían existir para contratos de esta magnitud?

¿Quién autoriza que una cirugía de 10 mil pesos se pague en 30 mil por imposición sindical? ¿Quién se beneficia económicamente de rechazar hospitales más baratos y eficientes? ¿Por qué los trabajadores sindicalizados aceptan recibir servicios médicos tres veces más caros sin cuestionar por qué no se buscan alternativas más económicas que permitirían destinar esos recursos a mejores salarios o prestaciones adicionales?

El precio de 35 años sin licitaciones

San Juan del Río paga hoy el precio de 35 años de extorsión sindical. Doscientos empleados municipales perderán su trabajo en enero de 2026 para compensar el sobre gasto de 120 millones de pesos anuales en servicios de salud que se triplicaron por imposición de un solo proveedor sin proceso competitivo. Las finanzas municipales están ahogadas por compromisos que escalaron de manera exponencial sin que ninguna licitación pública garantizara precios razonables o calidad verificable.

Pero el precio más alto lo pagan los propios trabajadores sindicalizados: rehenes de un líder que condiciona sus votos sin consultarlos, que les impone servicios médicos más caros sin explicarles por qué, que rechaza alternativas más económicas que permitirían mejores prestaciones y que opera un esquema de contratación sin transparencia donde nadie sabe quién se beneficia realmente de triplicar los costos médicos.

Gregorio López González pasó de mecanógrafo del Registro Civil a cacique sindical que impone contratos millonarios sin licitación. Su metamorfosis no es excepcional: es el síntoma de un sistema político donde el corporativismo sindical sobrevivió a la alternancia democrática adaptándose para capturar recursos públicos mediante imposiciones que violan los marcos normativos de adquisiciones y contrataciones del Estado.

Mientras ninguna autoridad se atreva a exigir licitaciones públicas para contratos de 120 millones de pesos, mientras ningún partido político renuncie a negociar votos corporativos y mientras los trabajadores permanezcan pasivos ante un esquema que los obliga a recibir servicios médicos tres veces más caros, San Juan del Río seguirá pagando el costo de haber permitido que un mecanógrafo del Registro Civil se convirtiera en el amo y señor de las contrataciones públicas municipales sin rendir cuentas a nadie. CONTINUARÁ.