Ley General de Aguas reconoce derecho humano al agua en México

El Congreso de la Unión aprobó la ley que devuelve al Estado la rectoría sobre el agua y reconoce el acceso como derecho humano, advierte diputada queretana.

Diputada Sully Mauricio Sixtos durante comparecencia sobre Ley General de Aguas en Congreso de Querétaro

Sully Mauricio Sixtos, diputada local de Morena y presidenta de la Comisión de Desarrollo Agropecuario en Querétaro, durante sesión legislativa.

Foto: Congreso de Querétaro.

Querétaro, 20 de enero de 2026. — El Congreso de la Unión aprobó la Ley General de Aguas que reconoce el acceso al agua como un derecho humano y no como mercancía, aunque su éxito dependerá de una reglamentación justa con liderazgo del Estado y sin capturas del sector industrial, advirtió la diputada local Sully Mauricio Sixtos, presidenta de la Comisión de Desarrollo Agropecuario y Rural Sustentable del Congreso del Estado de Querétaro e integrante del Grupo Parlamentario de Morena.

"La nueva Ley General de Aguas devuelve al Estado la rectoría sobre el agua. Ese es el fondo de esta reforma", aseguró la legisladora. La norma beneficia a millones de familias mexicanas al prohibir la mercantilización del recurso hídrico y establecer prioridad para uso doméstico y producción agropecuaria familiar antes que el uso industrial intensivo.


La diputada enfatizó que mientras la ley no se publique ni se emitan sus reglamentos, resulta indispensable garantizar participación activa del Estado en la toma de decisiones, con reglas claras que protejan a comunidades rurales de todo el país. Los gobiernos estatales, incluido Querétaro, tendrán responsabilidad en la implementación de la norma federal.

"No podemos permitir que la armonización se haga pensando primero en el sector industrial y después en la gente", sostuvo Mauricio Sixtos. La funcionaria reconoció los foros regionales y esfuerzos por llevar la voz del campo a mesas de la CONAGUA, pero insistió en que esta participación debe ser real y vinculante.

La ley establece actualización de concesiones obsoletas, revisión de volúmenes y combate al acaparamiento del agua. Organizaciones civiles de diversos estados celebraron la medida y demandaron transparencia en datos actualizados de los acuíferos nacionales.