México, 2 Marzo de 2026.- Rubí Patricia Gómez Tagle, madre buscadora de 38 años integrante del colectivo Corazones Unidos por una Misma Causa en Mazatlán, fue asesinada en su domicilio el 27 de febrero, el mismo día en que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezaba una conferencia de prensa en esa ciudad acompañada por todo su gabinete de seguridad.
La Fiscalía General del Estado de Sinaloa informó que la víctima presentaba lesiones en distintas partes del cuerpo, presuntamente producidas por arma punzocortante.
Rubí Patricia buscaba a su hijo Edgar López, quien desapareció en el puerto de Mazatlán el año pasado. Ese mismo día, su colectivo tenía previsto acudir a El Verde, donde autoridades habían localizado fosas clandestinas con un total de 14 cuerpos.
Las compañeras buscadoras, al no tener noticias de ella, se trasladaron a su domicilio, donde encontraron el cuerpo. Hasta el momento, la Fiscalía de Sinaloa no ha informado sobre líneas de investigación ni detenidos relacionados con el asesinato de la activista.
En la conferencia matutina desde Mazatlán participaron, junto a la presidenta y el gobernador Rubén Rocha Moya, la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez; el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch; el secretario de Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo; el secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles; el comandante de la Guardia Nacional, Guillermo Briseño Lobera, y la secretaria ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa Franco, entre otros funcionarios.
Asesinato de madre buscadora en Mazatlán suma a patrón de violencia contra colectivos
El homicidio de Rubí Patricia Gómez Tagle se suma a otros casos documentados en México de madres buscadoras asesinadas, un patrón que organizaciones de derechos humanos han señalado como una forma de violencia dirigida contra quienes exigen verdad y justicia por sus familiares desaparecidos.
La coincidencia temporal con la presencia del gabinete completo de seguridad en Mazatlán fue señalada de inmediato por colectivos y activistas en redes sociales, quienes cuestionaron la capacidad del Estado para proteger a quienes buscan a sus desaparecidos en zonas de alta conflictividad.
Cabe señalar que este medio buscará la postura oficial de la Presidencia de la República y de la Fiscalía de Sinaloa sobre los señalamientos en torno al contexto en que ocurrió el asesinato y las medidas de protección existentes para integrantes de colectivos de búsqueda en el estado.
