Querétaro, 21 de febrero de 2026. —Servidores públicos que cometan acoso sexual en el entorno laboral enfrentarán sanciones que van desde multas económicas hasta la destitución del cargo, conforme a la reforma a la Ley General de Responsabilidades Administrativas impulsada en la Cámara de Diputados.
La diputada federal Abigail Arredondo Ramos informó que la modificación legislativa busca combatir conductas de hostigamiento sexual que afectan a miles de trabajadores, principalmente mujeres.
En México, el acoso sexual laboral ha sido un problema persistente dentro del sector público, donde la falta de tipificación clara dificultaba la imposición de sanciones contra servidores públicos responsables.
La reforma amplía los supuestos considerados como delito sexual en el ámbito laboral, incluyendo obligar a otras personas a realizar actos sexuales, forzarlas a observar actos de naturaleza sexual o exhibir el cuerpo sin consentimiento.
Arredondo Ramos explicó que estos tipos de conducta no contaban con una clasificación precisa dentro del marco de responsabilidades administrativas.
La legisladora priista señaló que uno de los principales obstáculos para las víctimas es el miedo a perder el empleo, lo que genera un entorno de vulnerabilidad donde el agresor opera con impunidad.
"Con el miedo de no perder el empleo y que se sienta vulnerable", indicó al describir la dinámica que perpetúa el acoso sexual en el ámbito laboral de las instituciones públicas.
Talleres de género obligatorios como parte de la sanción
Además de las consecuencias económicas y administrativas, la reforma establece que los responsables deberán acudir a talleres educativos de perspectiva de género. La diputada precisó que esta medida busca un enfoque constructivo que no solo castigue sino que contribuya a modificar las conductas de hostigamiento sexual en el servicio público.
Arredondo Ramos subrayó que la reforma fue respaldada por legisladores de distintas bancadas, al reconocer que el acoso sexual laboral constituye un problema estructural que afecta tanto al sector público como al privado.
A su juicio, los empleadores también deben asumir responsabilidad en la prevención de estas conductas, pues la dinámica perjudica a toda la plantilla laboral y vulnera los derechos de los trabajadores.
La legisladora adelantó que la reforma será analizada en las sesiones programadas para la próxima semana y que existen señales de apertura entre los grupos parlamentarios para su aprobación.
Arredondo Ramos exhortó a las víctimas a denunciar, asegurando que el nuevo marco legal ofrece protección efectiva frente a represalias laborales por presentar quejas de acoso.
Abigail Arredondo Ramos, diputada federal del PRI, detalló la iniciativa de transporte eléctrico durante conferencia en Querétaro. 
