Querétaro — 16 de febrero de 2026. —Restringir trámites como pasaportes y licencias de conducir, además de vetar el acceso a programas sociales no universales y empleos públicos a quienes incumplan con pensiones alimentarias, es el objetivo de una reforma promovida en el Senado para fortalecer el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias (RENOA).
La iniciativa busca que las disposiciones ya existentes en la ley general se apliquen de manera efectiva en los tres niveles de gobierno y en el sector privado.
El Tribunal Superior de Justicia de Querétaro reporta apenas 183 personas inscritas en el registro estatal de deudores alimentarios, de las cuales solo cinco han regularizado su situación para salir del padrón. La cifra evidencia tanto el rezago en la aplicación del RENOA como la necesidad de endurecer las consecuencias para quienes evaden sus obligaciones, según legisladores y especialistas que participaron en la presentación de la propuesta.
El senador Agustín Dorantes Lámbarri, impulsor de la reforma, explicó que la iniciativa incluye un exhorto y modificaciones legales para ampliar las restricciones ya contempladas en la legislación vigente.
Entre las medidas propuestas destacan la prohibición de que funcionarios públicos que no estén al corriente en sus pensiones ocupen cargos, así como la extensión de ese requisito a congresos locales, ejecutivos estatales, municipios y empresas.
Querétaro, ejemplo en aplicación del RENOA
El Poder Judicial queretano se adelantó a la reforma: actualmente exige a todo aspirante a trabajar en el Tribunal Superior de Justicia presentar un certificado de no inscripción en el RENOA. Dorantes Lámbarri señaló que ese modelo debe replicarse en las demás instituciones.
"Querétaro muchas veces pone el ejemplo", indicó el legislador, quien precisó que el objetivo no es castigar sino transformar la cultura de corresponsabilidad parental para garantizar el derecho de niñas, niños y adolescentes a una vida plena.
La abogada especialista Gabriela Yong Morales apuntó que el incumplimiento persiste porque los poderes de distintos niveles de gobierno no operan el RENOA ni aplican las sanciones previstas. A su vez, el consejero de la Judicatura estatal, Carlos Israel Soto Campos, confirmó las cifras del registro y reconoció que la baja cantidad de inscritos refleja un problema estructural en la implementación del padrón.
Ivonne Gutiérrez, madre que durante 14 años ha sido responsable única de la manutención de su hijo, respaldó la iniciativa. Dorantes Lámbarri subrayó que restricciones como la negación de pasaportes y licencias de conducir ya están previstas en la ley general, pero permanecen sin ejecutarse. "Se queda como letra muerta", sostuvo el senador, quien adelantó que dará seguimiento legislativo para que las medidas se conviertan en obligaciones operativas.
Funcionarios de los tres niveles de gobierno coincidieron en la importancia de llevar beneficios a las familias del municipio. 
El diputado Guillermo "Memo" Vega durante la convivencia con mujeres del Distrito 11 en San Juan del Río.