Ciudad de México. Organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres exigieron que se inicie un procedimiento para destituir al presidente municipal de Tototlán, en el estado de Jalisco, Sergio Quezada Mendoza, y al director de Padrón y licencias municipal, Efraín Martínez Íñiguez, por violentar y acosar sexualmente a una trabajadora.
El Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (Cladem), G 10 X Jalisco, Atala Apodaca y diversas organizaciones feministas del estado también pidieron a las autoridades hacer lo necesario para que la víctima de hostigamiento sexual y violencia Institucional obtenga justicia y reparación del daño.
De acuerdo con el periódico Mural, en 2020 una trabajadora del ayuntamiento fue acosada por Efraín Martínez Íñiguez. Ella presentó una queja en el Órgano Interno de Control del municipio, pero el organismo archivó el asunto. Además, cuando acudió al alcalde, Sergio Quezada Mendoza, este la revictimizó, le dijo que los hechos no eran graves y también la acosó. https://twitter.com/clademjal/status/1359278290935156736
La trabajadora también denunció el delito ante la Unidad de Investigación de Delitos de Violencia Contra Mujeres en Razón de Género, que forma parte de la Fiscalía estatal, pero a la fecha no hay sanción para los agresores.
Por este caso las defensoras feministas aseguraron en conferencia de prensa este martes, desde Jalisco, que el colmo de la violencia institucional es la manera en que el alcalde intentó “mediar” el caso, exponiendo a la víctima frente a su agresor y cometiendo diversos actos de violencia sexual y de violencia política e institucional contra la trabajadora, como se escuchó en un audio filtrado a los medios.
Este caso, dijeron, muestra los pactos patriarcales entre machos misóginos y la naturalización del acoso, el hostigamiento y la violencia sexual entre ellos y en perjuicio de las mujeres. Por esto aseguraron que la presencia de funcionarios como Sergio Quezada y Efraín Martinez en la administración pública es un peligro y un riesgo para niñas y mujeres.
Además, las agrupaciones feministas exigieron que la Fiscalía estatal, particularmente la Unidad de Investigación de Delitos Contra las Mujeres y la Agencia del Ministerio Público de Tototlán investiguen y sancionen a quien de manera irresponsable expuso y revictimizó a la mujer con la filtración de los audios que ella presentó como prueba de su denuncia.
Por otro lado, este martes 9, defensoras integradas en el colectivo Las Paritaristas, integrado por diputadas locales, políticas y académicos, clausuraron simbólicamente las instalaciones de la alcaldía en protesta y como exigencia para destituir a los funcionarios que ejercieron acoso sexual.
Después de que se dio a conocer el caso, el 6 de febrero, la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres condenó los hechos y admitió que era necesario que todos los municipios cuenten con un Protocolo para la Prevención, Atención y Erradicación del Acoso y Hostigamiento Sexual, como el Protocolo Cero, que es la guía de atención a nivel estatal.
La tarde del martes también se pronunció el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, quien escribió en su cuenta de Twitter que el caso no quedará impune. “El acoso sexual que sufrió Diana, servidora pública de Tototlán, por parte del director de Padrón y Licencias, Efraín Martínez, así como del presidente municipal Sergio Quezada, no quedará impune. Ni Diana ni cualquier otra víctima de estos dos agresores están solas”.
Alfaro aseguró que pidió a la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres, así como al secretario general de Gobierno, Enrique Ibarra, “entrarle de lleno a este vergonzoso caso y a ofrecer el acompañamiento jurídico y psicológico, personalmente les daré seguimiento a sus denuncias, hasta llegar a las últimas consecuencias”.
Esta semana las diputadas locales Mara Nadiezhda Robles Villaseñor, Claudia Murguía Torres, Irma de Anda Licea, Ma. Elizabeth Alcaraz Virgen, Mirza Flores Gómez y Norma Valenzuela Álvarez también pidieron Iniciar procedimiento de responsabilidad administrativa para destituir a los funcionarios.
Cd. de México, marzo (SEMlac).- Organizaciones y colectivas mexicanas llaman en un pronunciamiento al Estado a que las leyes contra el feminicidio se cumplan. Entre las agrupaciones demandantes se encuentran Aquelarre Feminista, Justicia Pro-Persona y el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio luego de que esta semana la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, la Secretaría de las Mujeres y la Fiscalía General de la República presentaran el proyecto de Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar el Daño por el Delito de Feminicidio.
Las organizaciones y colectivos llaman a la presidenta mexicana a abrir el proceso y a reconocer el papel que las organizaciones de la sociedad civil, colectivas y familias han tenido en el diseño, implementación, seguimiento y evaluación de la política pública existente, así como a integrar la ley en una estrategia más amplia, con presupuesto suficiente, fortalecimiento institucional y mecanismos efectivos de rendición de cuentas.
Puntualmente, exponen que ante el contexto grave de violencia contra mujeres, niñas y adolescentes en México, en los distinto ámbitos, también marcado por la violencia vinculada al crimen organizado, que incrementa los riesgos y profundiza las condiciones de vulnerabilidad, es fundamental contar con políticas públicas más amplias, coordinadas y sostenidas, que atiendan la complejidad del fenómeno y fortalezcan la capacidad del Estado para dar una respuesta efectiva ante los diversos contextos en los que ocurren los feminicidios.
Tras una larga explicación histórica de las sentencias emitidas por organismos internacionales y la Corte mexicana, explican que en México la prevención es el "eslabón más débil", porque el país carece de una política nacional efectiva que proteja a las mujeres de todo tipo de violencia, en particular de la violencia feminicida.
Salvo las órdenes de protección, no hay acciones claras que se enfoquen a la prevención del feminicidio, sobre todo para aquellos que ocurren en contextos de crimen organizado.
Plantean la necesidad de realizarlas, con debida diligencia reforzada, perspectiva de género e intercultural, con análisis de los contextos de violencia, tanto en los ámbitos privados como públicos, como aquellos casos vinculados con violencia ejercida por el crimen organizado presente en los territorios ante la persistencia de investigaciones deficientes en los casos de feminicidio.
Todo ello acompañado con el fortalecimiento de capacidades técnicas y económicas de las instituciones encargadas de las investigaciones, que permitan la acreditación del delito de feminicidio y el acceso a la justicia para las víctimas. Señalan que en México la precariedad de los servicios periciales es un obstáculo para la justicia.
La falta de personal especializado, la pérdida o contaminación de indicios y la limitada infraestructura científica derivan en investigaciones débiles que favorecen la impunidad. Se suman prácticas graves, como necropsias deficientes y el uso indebido de "necropsias psicológicas" para descartar la violencia feminicida, incluso frente a evidencia material.
Estas fallas impactan directamente en las investigaciones y en las familias, que enfrentan errores reiterados y, en muchos casos, procesos como exhumaciones o impunidad que prolongan el dolor. El cuarto reto planteado por las organizaciones y colectivas es la reparación del daño, que sigue sin materializarse y deja a las víctimas indirectas en total indefensión.
La gran mayoría de los casos nunca se reparan, los impactos son por sí mismos graves para las familias de las víctimas y pocos casos reciben una sentencia condenatoria. En muy pocos feminicidios se establecen medidas de reparación acordes al hecho delictivo.
Son prácticamente escasas las posibilidades de que el responsable del feminicidio repare el daño. Además, no es integral la atención a las víctimas, que es obligación del Estado y suele ser escasa o nula.
Es frecuente que el Estado no se haga cargo de las medidas de satisfacción y de no repetición, como recientemente lo estableció la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el amparo directo en revisión 5363/2023 en el caso de Fátima Varinia Quintana Gutiérrez.
Para que la normatividad vigente tenga impacto real, es fundamental que en su implementación y evaluación se garantice la participación de la sociedad civil, defensoras de derechos humanos, familiares de víctimas o víctimas de tentativa, quienes conocen de primera mano las fallas del sistema y han sido fundamentales para visibilizar y enfrentar esta problemática.
México necesita leyes que se cumplan En el pronunciamiento señalan que México cuenta con un conjunto amplio de leyes, protocolos, mecanismos y estándares de investigación y sanción que buscan que el acceso a la justicia para las víctimas de feminicidio sea una realidad; sin embargo, el gran reto sigue siendo que el marco normativo se aplique de manera adecuada y que realmente funcione.
La atención a la problemática del feminicidio fue ordenada por las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, desde el caso de Campo Algodonero (2009) hace 17 años, hasta las últimas sentencias emitidas contra el estado mexicano en los casos de Digna Ochoa (2021), Ernestina Ascencio Rosario (2025) y Lilia Alejandra García Andrade (2026).
Desde 2011, ante la demanda de la sociedad civil, la tipificación del feminicidio fue una respuesta estatal para dar cumplimiento a la sentencia Campo Algodonero y la activación del mecanismo de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM).
Contar con un tipo penal de feminicidio tiene por objetivo establecer en el marco jurídico la perspectiva de género para la investigación y sanción de las muertes violentas de mujeres y evitar la discriminación y la impunidad ante esta violencia generalizada. Sin embargo, persisten las investigaciones deficientes, la respuesta tardía, revictimización y falta de reparación oportuna y acorde a la dimensión de los daños.
Las organizaciones y colectivos argumentan que el país necesita asegurar que las normas existentes se implementen con eficacia para acreditar correctamente los feminicidios, se garanticen sanciones y se repare el daño.
También se debe garantizar atención integral a las familias de las víctimas, incluidos programas específicos para atender a las niñas, niños y adolescentes que han sido impactados por la violencia; evitar la revictimización constante durante las investigaciones y los procesos, como cuando se difieren las audiencias, se prolonga el procedimiento o se reponen los juicios por violaciones al debido proceso; además de prácticas de coacción a las víctimas para aceptar el procedimiento abreviado.
La Ley General para prevenir, investigar, sancionar y reparar el daño por el delito de feminicidio podría contribuir a articular esfuerzos y mejorar la coordinación institucional, pero debe elaborarse con la participación de la sociedad civil que, con base en la experiencia acumulada, conoce los desafíos que siguen sin ser atendidos en materia de prevención, atención a las víctimas, investigación, sanción y reparación integral del daño del feminicidio en nuestro país.
En su llamado para que se abra el debate, afirman que ante la gravedad del feminicidio en México, el país necesita tomar en cuenta el camino recorrido e impulsado por la sociedad civil, las organizaciones y víctimas; esto hará lograr que lo que ya se ha construido, funcione.
El debate que se abre con esta propuesta de iniciativa, es una oportunidad para, antes de aprobar ninguna reforma, realizar una evaluación profunda que incluya responsables, obligaciones y acuerdos para su cumplimiento, en relación con el marco normativo vigente relacionado al feminicidio y la violencia feminicida en México, respecto de cada una de las obligaciones constitucionales: prevención, atención, investigación, sanción y reparación del daño, puntualizan en el pronunciamiento.
La Red Cubana de Mujeres Emprendedoras advierte que la informalidad en que operan muchas empresarias limita su acceso a las nuevas modalidades de asociación previstas en la ley.
Foto: SEMlac Cuba.
Cuba — 23 de marzo de 2026. —Con más de un tercio de la fuerza laboral cubana fuera del sector estatal, el gobierno aprobó en diciembre de 2025 el Decreto-ley 114/2025, el primer marco legal de la isla para regular alianzas público-privadas en Cuba entre entidades empresariales estatales y actores no estatales.
La norma, publicada en la Gaceta Oficial el 3 de marzo y vigente desde abril, busca dinamizar una economía que enfrenta décadas de problemas acumulados, aunque especialistas y emprendedores advierten que su impacto real dependerá de condiciones que hoy no están garantizadas.
El texto legal se sustenta en el artículo 22 de la Constitución de 2019, que reconoce la propiedad mixta, y establece cuatro modalidades de asociación: constitución de sociedades de responsabilidad limitada mixtas, adquisición de participaciones por una entidad estatal en una empresa privada existente, fusión por absorción y contratos de asociación económica con fondo común.
Las nuevas sociedades podrán exportar e importar directamente, operar cuentas en divisas con autorización del Ministerio de Economía y Planificación, y definir sus precios conforme a las reglas del Ministerio de Finanzas.
Desde el sector privado, la experiencia de Anibex Abreu ilustra cómo estas colaboraciones pueden funcionar cuando existe voluntad de ambas partes. Abreu, creadora de "Devuelta", un proyecto de reciclaje de envases de vidrio en el municipio capitalino del Cerro, firmó en 2024 un contrato de exclusividad con Habana Club S.A. para proveer piezas elaboradas con botellas vacías derivadas de ferias y eventos. "Valoran mucho el tiempo que una le dedica al trabajo", señaló la artesana sobre la relación con la empresa ronera.
Obstáculos estructurales frenan las alianzas público-privadas en Cuba
Sin embargo, no todos los encadenamientos funcionan con la misma fluidez. Ricardo Fernández, director de operaciones de Deshidratados Habana SRL, señaló que uno de los principales problemas es la distorsión en las tasas de cambio entre entidades estatales y privadas.
Explicó que cuando una empresa estatal adquiere su mercancía y la vende en divisas aplicando una tasa de 24 o 120 pesos por dólar, mientras su tasa real de mercado ronda los 400 pesos, el producto termina llegando al consumidor a un precio que nadie está dispuesto a pagar. "Ahí es donde empieza a ralentizarse absolutamente todo el sistema", precisó.
El economista Oscar Fernández reconoció que el objetivo de la norma es correcto, pero advirtió que "llega muy tarde". A su juicio, la centralización de todas las aprobaciones en el Ministerio de Economía y Planificación será el principal cuello de botella en la práctica.
"Aprobar una empresa de este tipo debería ser un proceso casi automático", sostuvo, y estimó que solo algunas pocas pymes con visión de largo plazo y mucha paciencia intentarán constituir sociedades mixtas.
La jurista Katia Pérez Díaz, coordinadora de la Red Cubana de Mujeres Emprendedoras, advirtió que para las emprendedoras los obstáculos son aún mayores, pues muchas operan en la informalidad, lo que limita su acceso a contratos formales, financiamiento y materias primas.
Indicó, no obstante, que las alianzas entre empresas estatales y privadas podrían contribuir a cerrar esa brecha si facilitan procesos de formalización. La norma entrará en vigor en abril, aunque quedan excluidas las personas naturales que realizan actividades mercantiles de manera individual.
La eliminación de la autonomía del Programa de Refugios en el Presupuesto de Egresos 2026 es el señalamiento central de la organización ante la comunidad internacional.
México — 16 de marzo de 2026.- La Red Nacional de Refugios A.C. (RNR) llevó a la sede de Naciones Unidas en Nueva York una exigencia puntual al Estado mexicano: garantizar presupuesto suficiente y autónomo para los espacios de protección a mujeres víctimas de violencia.
Durante el 70° período de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW70), la organización alertó que la eliminación de la autonomía del Programa de Refugios en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2026 contradice compromisos internacionales asumidos por México ante la CEDAW y la Convención de Belém do Pará. En los últimos dos años, la red acompañó a 29,604 mujeres en más de 70 espacios de atención integral distribuidos en el país.
El contexto que rodea la denuncia es grave. De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, cada tres horas una mujer es asesinada en México y diariamente 752 mujeres enfrentan violencia familiar.
Ningún país ha alcanzado aún la plena igualdad jurídica entre mujeres y hombres, según un informe reciente del Secretario General de la ONU presentado por ONU Mujeres. Hasta el momento, las autoridades federales no han emitido postura pública sobre los señalamientos de la organización respecto a la eliminación de la autonomía presupuestal del programa.
Wendy Figueroa Morales, directora de la Red Nacional de Refugios, precisó que sin recursos para proteger la vida de las mujeres, la justicia se queda en discurso, y que sin la participación de las organizaciones que sostienen la atención, la justicia queda incompleta. La organización opera alrededor del 60% de los refugios no gubernamentales del país, con más de 25 años de trayectoria ininterrumpida.
Refugios como mecanismos de justicia, no de asistencia
Para la RNR, los refugios no son programas asistenciales. Constituyen, según la organización, mecanismos de justicia y protección que representan para muchas mujeres la única posibilidad de denunciar y acceder a la justicia sin poner en riesgo su seguridad ni la de sus hijos. La directora de la red indicó que los espacios brindan protección inmediata y también acompañan procesos de restitución de derechos y reconstrucción de la autonomía económica de las mujeres.
La organización advirtió que cuando los Estados desfinancian o diluyen la autonomía de los programas de refugios, generan nuevas barreras estructurales que reproducen la violencia institucional. En paralelo a su presencia en Nueva York, la RNR realizó acciones de incidencia en México para reforzar el mismo mensaje: la defensa del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia no admite fronteras ni lagunas presupuestales.
Entre las demandas formales planteadas en el CSW70 figuran presupuesto suficiente, progresivo y oportuno para los refugios; autonomía institucional y reglas claras de operación del programa; y participación efectiva de organizaciones feministas en la toma de decisiones públicas sobre los espacios de protección. La red también señaló como preocupante que las organizaciones especializadas sean excluidas de los procesos de diseño de políticas, lo cual vulnera el principio de participación plena que la propia comisión reconoce como central.
Este medio solicitará postura de la Secretaría de Hacienda y de la Secretaría de las Mujeres sobre los señalamientos relacionados con la eliminación de la autonomía del Programa de Refugios en el presupuesto 2026.
Delegaciones de 37 países aprobaron las Conclusiones Acordadas del CSW70 para reforzar el acceso a la justicia para mujeres y niñas a nivel global.
Foto: ONU Mujeres/Ryan Brown.
Nueva York — 16 de marzo de 2026. —Treinta y siete países aprobaron en la sede de Naciones Unidas un conjunto de Conclusiones Acordadas para reforzar el acceso a la justicia de todas las mujeres y niñas a nivel global, en el marco del 70° período de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW70).
El acuerdo, adoptado por amplio consenso el pasado viernes, insta a los gobiernos a revisar y derogar leyes discriminatorias relacionadas con el matrimonio infantil, la violencia, el derecho de familia y los derechos de propiedad. Estados Unidos fue el único voto en contra, marcando la primera vez en la historia de la comisión en que un resultado no se aprueba por unanimidad.
El documento representa la culminación de semanas de negociaciones en las que un grupo reducido de países, entre ellos Arabia Saudita, Argentina y Rusia, intentó reabrir aspectos del texto ya pactados en ediciones anteriores. Un amplio bloque de delegaciones se opuso y logró preservar los compromisos previos, aunque con algunas concesiones menores. La directora ejecutiva de ONU Mujeres, Sima Bahous, celebró el resultado al señalar que las conclusiones representan un avance para poner fin a la impunidad y construir sistemas de justicia incluyentes.
Entre las disposiciones centrales figuran el reconocimiento formal de trabajadores comunitarios de justicia dentro de marcos legales nacionales, nuevos compromisos sobre justicia digital y gobernanza de inteligencia artificial, así como medidas para establecer sistemas con enfoque de género en contextos de conflicto. El acuerdo también llama a ampliar el acceso a asistencia jurídica y a fortalecer mecanismos nacionales contra la violencia.
Mujeres indígenas de México exponen barreras en el acceso a la justicia
En un foro paralelo sobre mujeres indígenas, representantes de México, Perú, Guatemala, Canadá y Australia expusieron que la interculturalidad en los sistemas de justicia va mucho más allá de contar con traductores.
Ingrid Gómez Saracibar, subsecretaria para una vida libre de violencias de la Secretaría de las Mujeres, informó que en el país existen alrededor de 12 millones de mujeres indígenas, 68 lenguas originarias y un 12% de mujeres que no habla español, lo que exige una mirada intercultural en el acceso a la justicia.
La representante de Equis Justicia para las Mujeres precisó que las mujeres indígenas reciben hasta seis años más de prisión que personas no indígenas en situaciones similares, además de enfrentar extorsiones y presiones para reconocer culpas que no les corresponden. Citó como referentes las sentencias de los casos Ernestina Ascencio e Inés Fernández, ambas resueltas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como hitos para incorporar el enfoque intercultural en la impartición de justicia.
Por su parte, Norma Don Juan Pérez, del Consejo Colegiado del Enlace Continental de Mujeres Indígenas de las Américas, indicó que sus pueblos poseen cosmovisión y saberes propios, y que se requiere incorporar a mujeres indígenas como abogadas y en espacios de la ONU para construir políticas interculturales que atiendan las violencias específicas que enfrentan niñas y mujeres originarias.
Según la Encuesta Nacional sobre Discriminación 2022, el 40.8% de las mujeres indígenas en México considera que sus derechos humanos no se respetan, y el 92.7% de quienes experimentaron una negación de derechos no denunció, al estimar que las autoridades no les harían caso.
El CSW70 sesiona del 9 al 19 de marzo en Nueva York, con la participación de gobiernos, sociedad civil y organismos de la ONU, con el objetivo de impulsar políticas y financiamiento para la igualdad de género. ONU Mujeres hizo un llamado a alzar la voz por los derechos de las mujeres frente a un contexto global de retrocesos.
Ernestina Ascencio Rosario, mujer náhuatl monolingüe de 73 años, fue agredida sexualmente por militares en Tetlatzinga, Veracruz, en febrero de 2007 y murió sin recibir atención médica.
Foto: Ilustrativa.
México, 2 marzo 2026.- La Fiscalía General de la República (FGR) informó que atraerá el caso de Ernestina Ascencio Rosario, mujer indígena náhuatl monolingüe de 73 años agredida sexualmente por elementos del Ejército mexicano en febrero de 2007 en la comunidad de Tetlatzinga, en la Sierra de Zongolica, Veracruz, quien murió al día siguiente sin recibir atención médica.
La decisión se produce en cumplimiento de la sentencia emitida el 30 de septiembre de 2025 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que declaró la responsabilidad internacional del Estado mexicano por la vulneración de los derechos a la integridad personal, la vida y el acceso a la justicia de la víctima y su familia.
La investigación ocurre 19 años después de los hechos, luego de que la indagatoria realizada por la fiscalía local de Veracruz no se desarrolló conforme a los estándares internacionales aplicables, según reconoció la propia FGR. En diciembre pasado, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo había anunciado que el Estado mexicano cumpliría con la sentencia de la Corte IDH, señalando que la agresión ocurrió durante el gobierno de Felipe Calderón, en el contexto de la llamada "guerra contra el narco".
Organizaciones de la sociedad civil que representan a la familia exigieron hace tres días al Estado presentar una hoja de ruta concreta para la implementación de las medidas ordenadas, ante la ausencia de propuestas claras desde la notificación del fallo en diciembre.
Las indagatorias estarán bajo la conducción del Ministerio Público Federal adscrito a la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia contra las Mujeres (Fevimtra), con apego a los estándares internacionales en materia de derechos humanos. La FGR precisó que llevará a cabo una investigación exhaustiva sobre hechos posiblemente constitutivos de tortura sexual, así como sobre la pérdida de la vida de la agraviada, con diligencia reforzada y enfoque interseccional, tal como ordenó la Corte IDH.
Sentencia histórica por discriminación múltiple contra mujer indígena en Veracruz
El fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos constituye un precedente regional al reconocer las múltiples formas de discriminación que enfrentan las mujeres indígenas: por género, etnia y edad. La Corte determinó además que hubo intervención indebida de altas autoridades para garantizar la impunidad de los responsables, y que las barreras lingüísticas a las que se enfrentó la familia agravaron la negación de justicia.
Entre las medidas de reparación ordenadas destacan una investigación penal exhaustiva para identificar, procesar y sancionar a los responsables; tratamiento médico, psicológico y psiquiátrico para los familiares; un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional; programas de formación para funcionarios públicos, y la creación de un Registro Nacional de Intérpretes y Traductores en Lenguas Indígenas para los sistemas de salud y justicia.
Seis organizaciones nacionales e internacionales, entre ellas Abogadas y Abogados para la Justicia y los Derechos Humanos (AJDH) y el Robert and Ethel Kennedy Human Rights Center, acompañan el proceso y mantienen vigilancia sobre el cumplimiento del fallo. Como ha expresado Martha Inés Ascencio, hija de la víctima: la sentencia debe servir para que lo que le ocurrió a su madre no se repita con ninguna otra mujer.
Cabe señalar que este medio buscará la postura de la Secretaría de la Defensa Nacional sobre los señalamientos relacionados con la participación de elementos castrenses en los hechos documentados por la Corte IDH.
