Ciudad de México. Organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres exigieron que se inicie un procedimiento para destituir al presidente municipal de Tototlán, en el estado de Jalisco, Sergio Quezada Mendoza, y al director de Padrón y licencias municipal, Efraín Martínez Íñiguez, por violentar y acosar sexualmente a una trabajadora.
El Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (Cladem), G 10 X Jalisco, Atala Apodaca y diversas organizaciones feministas del estado también pidieron a las autoridades hacer lo necesario para que la víctima de hostigamiento sexual y violencia Institucional obtenga justicia y reparación del daño.
De acuerdo con el periódico Mural, en 2020 una trabajadora del ayuntamiento fue acosada por Efraín Martínez Íñiguez. Ella presentó una queja en el Órgano Interno de Control del municipio, pero el organismo archivó el asunto. Además, cuando acudió al alcalde, Sergio Quezada Mendoza, este la revictimizó, le dijo que los hechos no eran graves y también la acosó. https://twitter.com/clademjal/status/1359278290935156736
La trabajadora también denunció el delito ante la Unidad de Investigación de Delitos de Violencia Contra Mujeres en Razón de Género, que forma parte de la Fiscalía estatal, pero a la fecha no hay sanción para los agresores.
Por este caso las defensoras feministas aseguraron en conferencia de prensa este martes, desde Jalisco, que el colmo de la violencia institucional es la manera en que el alcalde intentó “mediar” el caso, exponiendo a la víctima frente a su agresor y cometiendo diversos actos de violencia sexual y de violencia política e institucional contra la trabajadora, como se escuchó en un audio filtrado a los medios.
Este caso, dijeron, muestra los pactos patriarcales entre machos misóginos y la naturalización del acoso, el hostigamiento y la violencia sexual entre ellos y en perjuicio de las mujeres. Por esto aseguraron que la presencia de funcionarios como Sergio Quezada y Efraín Martinez en la administración pública es un peligro y un riesgo para niñas y mujeres.
Además, las agrupaciones feministas exigieron que la Fiscalía estatal, particularmente la Unidad de Investigación de Delitos Contra las Mujeres y la Agencia del Ministerio Público de Tototlán investiguen y sancionen a quien de manera irresponsable expuso y revictimizó a la mujer con la filtración de los audios que ella presentó como prueba de su denuncia.
Por otro lado, este martes 9, defensoras integradas en el colectivo Las Paritaristas, integrado por diputadas locales, políticas y académicos, clausuraron simbólicamente las instalaciones de la alcaldía en protesta y como exigencia para destituir a los funcionarios que ejercieron acoso sexual.
Después de que se dio a conocer el caso, el 6 de febrero, la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres condenó los hechos y admitió que era necesario que todos los municipios cuenten con un Protocolo para la Prevención, Atención y Erradicación del Acoso y Hostigamiento Sexual, como el Protocolo Cero, que es la guía de atención a nivel estatal.
La tarde del martes también se pronunció el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, quien escribió en su cuenta de Twitter que el caso no quedará impune. “El acoso sexual que sufrió Diana, servidora pública de Tototlán, por parte del director de Padrón y Licencias, Efraín Martínez, así como del presidente municipal Sergio Quezada, no quedará impune. Ni Diana ni cualquier otra víctima de estos dos agresores están solas”.
Alfaro aseguró que pidió a la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres, así como al secretario general de Gobierno, Enrique Ibarra, “entrarle de lleno a este vergonzoso caso y a ofrecer el acompañamiento jurídico y psicológico, personalmente les daré seguimiento a sus denuncias, hasta llegar a las últimas consecuencias”.
Esta semana las diputadas locales Mara Nadiezhda Robles Villaseñor, Claudia Murguía Torres, Irma de Anda Licea, Ma. Elizabeth Alcaraz Virgen, Mirza Flores Gómez y Norma Valenzuela Álvarez también pidieron Iniciar procedimiento de responsabilidad administrativa para destituir a los funcionarios.
SIPINNA inicia construcción de Estrategia Nacional para proteger a niñez en movilidad.
Foto: Ilustrativa/ SIPINNA.
Ciudad de México, febrero (SEMlac).- La Comisión para la Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes Migrantes y Solicitantes de la Condición de Refugiado del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) instaló su Grupo de Trabajo para iniciar la construcción de una Estrategia Nacional de Protección Integral dirigida a niñas, niños y adolescentes en situación de movilidad.
En la primera reunión participaron autoridades federales, organismos internacionales y organizaciones de la sociedad civil especializadas en movilidad humana y derechos de la niñez, con el propósito de establecer un espacio permanente de coordinación interinstitucional que fortalezca la respuesta del Estado ante los riesgos y vulneraciones que enfrenta esta población.
Durante la sesión se presentó la propuesta formal para articular esfuerzos, homologar criterios de actuación y asegurar la implementación efectiva de los instrumentos existentes, bajo los principios de derechos humanos, interés superior de la niñez, no discriminación e interculturalidad.
Las y los integrantes del Grupo coincidieron en la necesidad de contar con un instrumento nacional claro y operativo que oriente políticas públicas y acciones institucionales más allá de respuestas fragmentadas, colocando en el centro las trayectorias y necesidades específicas de la niñez en contextos de migración, tránsito, retorno, refugio y desplazamiento.
La secretaria ejecutiva del SIPINNA, Lorena Villavicencio Ayala, subrayó que el Grupo de Trabajo constituye un espacio técnico y de corresponsabilidad institucional. Señaló que la protección de niñas, niños y adolescentes en movilidad exige decisiones coordinadas que garanticen su derecho a crecer en entornos seguros, libres de violencia y discriminación.
Con la instalación de este mecanismo, el SIPINNA avanza hacia una respuesta nacional más coherente y efectiva, reafirmando el compromiso del Estado mexicano con una política de protección integral que no deje a ninguna niña, niño o adolescente atrás, sin importar su lugar de origen o condición migratoria.
Ciudad de México — febrero de 2026. — El Fondo Guadalupe Musalem conmemora 30 años de trabajo en favor de la educación de adolescentes y jóvenes provenientes de comunidades indígenas de Oaxaca, con un total de 291 becarias apoyadas en ese periodo.
Desde su creación, la organización ha brindado respaldo para que las estudiantes continúen sus estudios de nivel medio superior y superior, además de ofrecer acompañamiento formativo. Exbecarias destacan que el programa no solo representa un apoyo económico, sino también un espacio de fortalecimiento personal y comunitario.
Alejandra Olivera Hernández, quien fue becaria entre 2018 y 2021 y actualmente cursa Ingeniería Industrial, señaló que la experiencia le permitió proyectar un futuro distinto y asumir un compromiso de retribución social hacia su comunidad.
Educación y acompañamiento integral a jóvenes de Oaxaca
Durante el acto conmemorativo, diversas voces subrayaron que el Fondo Guadalupe Musalem ha buscado impulsar liderazgos femeninos en contextos indígenas y rurales. Testimonios de becarias resaltaron que el programa promueve la confianza, el ejercicio de derechos y la participación social.
La cantante oaxaqueña Lila Downs anunció que una de sus nuevas canciones está inspirada en las jóvenes beneficiarias del fondo, como parte de las actividades que acompañan el aniversario. También participaron representantes académicos que mantienen colaboración con la organización para facilitar el acceso de becarias a estudios universitarios.
La presidenta del Consejo Directivo, Gayne Rodríguez Guzmán, informó que este año se prevé recaudar alrededor de tres millones y medio de pesos para sostener becas y el albergue que forma parte del proyecto. Indicó que algunas estudiantes cursan actualmente carreras universitarias en distintos estados del país.
Tres décadas de impacto educativo
En estos 30 años, el fondo ha apoyado la educación media superior de más de 200 adolescentes y la formación universitaria de más de 80 jóvenes, procedentes de las ocho regiones de Oaxaca. Varias exbecarias han continuado estudios de posgrado o se han incorporado a labores comunitarias y al servicio público.
Representantes de instituciones educativas aliadas señalaron que invertir en la educación de mujeres jóvenes tiene un impacto directo en el desarrollo social y comunitario. Asimismo, tutoras del programa destacaron que el acompañamiento cercano ha sido clave para fortalecer la permanencia escolar.
El aniversario marca un momento de balance para una organización que ha centrado su labor en ampliar oportunidades educativas para jóvenes indígenas y rurales, en un estado con amplias brechas sociales y de acceso a la educación.
Ciudad de Panamá — febrero de 2026. — Organizaciones regionales de derechos humanos encendieron las alertas ante una iniciativa legislativa que plantea sustituir el Ministerio de la Mujer por una entidad de menor jerarquía administrativa, lo que —advierten— representaría un retroceso en los derechos de las mujeres en Panamá.
El señalamiento fue realizado por el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (Cladem), que difundió un pronunciamiento regional firmado por su coordinación y por representantes de Cladem Panamá. En el documento, la red sostiene que la propuesta debilita la capacidad institucional del Estado para enfrentar la discriminación estructural que afecta a las mujeres.
Proyecto legislativo genera preocupación por institucionalidad de género
De acuerdo con Cladem, la iniciativa se discute en la Comisión de la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia de la Asamblea Nacional a través del Proyecto de Ley No. 447, presentado por el Órgano Ejecutivo. La propuesta contempla la creación de un Instituto Nacional de la Mujer en sustitución del ministerio creado en 2023.
Para la organización, este cambio implicaría regresar a un modelo institucional previo que, señalan, ya había sido superado tras años de incidencia social y técnica que impulsaron la creación de una cartera ministerial específica. A su juicio, no existen fundamentos jurídicos, políticos o económicos que justifiquen la modificación.
Cladem subraya que Panamá enfrenta brechas persistentes en materia de igualdad. Entre los indicadores mencionados se encuentran la baja representación de mujeres en la Asamblea Nacional, así como desigualdades económicas vinculadas al trabajo de cuidados no remunerado y diferencias salariales.
Llamado a mantener compromisos en derechos humanos
En este contexto, la red regional considera que debilitar la institucionalidad de género contradice compromisos internacionales asumidos por el Estado panameño en materia de derechos humanos y políticas de igualdad.
El pronunciamiento exhorta al Órgano Ejecutivo a revisar la iniciativa y a la Asamblea Nacional a garantizar el respeto del marco legal vigente y de los derechos de las mujeres. Las organizaciones firmantes sostienen que, lejos de reducir su alcance, las políticas públicas de género requieren fortalecimiento institucional para responder a las desigualdades estructurales.
La discusión legislativa, aún en curso, ha abierto un debate nacional sobre el papel del Estado en la promoción de la igualdad y la protección de los derechos de las mujeres en Panamá.
Ciudad de México — febrero de 2026. — El próximo Mundial 2026 podría generar un aumento en la demanda del trabajo sexual en México, en un contexto donde esta actividad se desarrolla mayoritariamente en la informalidad y con altos niveles de violencia, advirtió la activista Gloria Careaga.
En entrevista con El Sol de México, Careaga sostuvo que el incremento de movilidad nacional e internacional asociado al torneo de la FIFA podría impactar directamente a quienes ejercen el trabajo sexual. Por ello, planteó que las autoridades deberían iniciar diálogos con personas trabajadoras sexuales y sus organizaciones antes del evento.
La activista señaló que este acercamiento permitiría construir mecanismos de coordinación, reducir riesgos y avanzar hacia el reconocimiento de derechos laborales y sociales. Consideró que el contexto previo al Mundial representa una oportunidad para debatir marcos regulatorios que ofrezcan mayor protección.
Trabajo sexual en México y sedes del Mundial 2026
El Mundial 2026 se disputará de forma simultánea en Estados Unidos, Canadá y México, del 11 de junio al 19 de julio. En territorio mexicano, las sedes serán Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.
Careaga subrayó que, en la región, gran parte del trabajo sexual se realiza en condiciones de clandestinidad, lo que expone a quienes lo ejercen a discriminación, violencia y abusos de autoridad. A su juicio, reconocer esta actividad como trabajo permitiría exigir acceso a servicios de salud, seguridad social y otras garantías.
De acuerdo con datos de organizaciones civiles, en México entre 500.000 y 800.000 personas se dedican al trabajo sexual, en su mayoría mujeres. Activistas han señalado que la falta de regulación clara coloca a este sector en un escenario de vulnerabilidad frente a autoridades y particulares.
Violencias y estigma, retos persistentes
Encuestas y reportes locales han documentado altos niveles de violencia contra personas trabajadoras sexuales. En Ciudad de México, mediciones sobre discriminación han registrado agresiones y extorsiones por parte de policías y clientes. En entidades como Jalisco, informes sanitarios y comunitarios también han reportado violencia física y sexual, así como prácticas de hostigamiento.
En Monterrey, organizaciones han advertido sobre condiciones de alta informalidad y riesgos de seguridad para mujeres que ejercen esta actividad. Para Careaga, estas problemáticas evidencian la urgencia de combatir el estigma y de generar políticas públicas con enfoque de derechos humanos.
La activista afirmó que, aunque en muchos países de América el trabajo sexual no está penalizado, tampoco está plenamente reconocido como actividad laboral, lo que deja a quienes lo ejercen en un vacío legal. A su juicio, superar prejuicios institucionales es un paso necesario para garantizar protección efectiva, especialmente en contextos de alta afluencia turística como el que traerá el Mundial.
Ciudad de México — febrero de 2026. — La violencia vicaria en México volvió al centro del debate jurídico tras la vinculación a proceso de una mujer en Coahuila por ese delito, una decisión que organizaciones y autoridades federales consideran una aplicación incorrecta de la ley.
Yetlanezy Baltierrez, representante del Frente Nacional Contra la Violencia Vicaria en Coahuila, afirmó que el caso es grave porque los hechos imputados a Estela —nombre con el que se identifica a la mujer— no encuadran en el tipo penal. Subrayó que esta figura fue creada para proteger a mujeres víctimas de violencia de género ejercida a través de sus hijas e hijos.
La activista advirtió además que, tras la audiencia judicial, integrantes del Frente han recibido insultos y amenazas en redes sociales por parte de hombres que, dijo, celebraron la resolución. Ante ello, anunció que buscarán reuniones con autoridades legislativas de Coahuila para plantear la correcta tipificación del delito y el respeto al debido proceso.
Secretaría de las Mujeres señala error en caso de violencia vicaria en México
La titular de la Secretaría de las Mujeres, Citlalli Hernández Mora, también calificó el caso como un error. A través de un mensaje público, sostuvo que la definición de violencia vicaria fue utilizada de forma equivocada contra una mujer y recordó que esta forma de violencia ha sido reconocida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación como una expresión de violencia de género.
Según explicó, este delito se configura cuando un agresor utiliza a hijas o hijos como medio para ejercer control, daño o castigo contra la madre. Señaló que su dependencia buscará diálogo con la fiscalía local y autoridades judiciales para revisar el caso y promover criterios homologados en las legislaciones estatales.
Baltierrez coincidió en que no todo conflicto familiar o desacuerdo relacionado con custodia o convivencia constituye violencia vicaria. Indicó que, en el caso referido, podrían analizarse otras figuras jurídicas existentes, como interferencia u obstrucción parental, que cuentan con marcos legales diferenciados.
Denuncian agresiones contra activistas
Integrantes del Frente en otras entidades también reportaron un aumento de agresiones verbales y ataques en redes sociales tras la decisión judicial en Coahuila. Señalaron que persisten campañas que descalifican la violencia vicaria como concepto jurídico y la presentan como un mecanismo de discriminación, lo cual —afirman— incrementa riesgos para defensoras.
Las activistas valoraron la intervención de autoridades federales para aclarar el alcance de la ley y reiteraron que miles de mujeres en el país han denunciado este tipo de violencia, caracterizada por el uso de hijas e hijos para causar daño emocional.
El caso, aún en desarrollo, abre un debate sobre la correcta aplicación del tipo penal y la necesidad de criterios claros que eviten interpretaciones que, según organizaciones y funcionarias, podrían distorsionar el objetivo de la norma.
