El Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (Cladem), G 10 X Jalisco, Atala Apodaca y diversas organizaciones feministas del estado también pidieron a las autoridades hacer lo necesario para que la víctima de hostigamiento sexual y violencia Institucional obtenga justicia y reparación del daño.
De acuerdo con el periódico Mural, en 2020 una trabajadora del ayuntamiento fue acosada por Efraín Martínez Íñiguez. Ella presentó una queja en el Órgano Interno de Control del municipio, pero el organismo archivó el asunto. Además, cuando acudió al alcalde, Sergio Quezada Mendoza, este la revictimizó, le dijo que los hechos no eran graves y también la acosó.
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La trabajadora también denunció el delito ante la Unidad de Investigación de Delitos de Violencia Contra Mujeres en Razón de Género, que forma parte de la Fiscalía estatal, pero a la fecha no hay sanción para los agresores.
Por este caso las defensoras feministas aseguraron en conferencia de prensa este martes, desde Jalisco, que el colmo de la violencia institucional es la manera en que el alcalde intentó “mediar” el caso, exponiendo a la víctima frente a su agresor y cometiendo diversos actos de violencia sexual y de violencia política e institucional contra la trabajadora, como se escuchó en un audio filtrado a los medios.
Este caso, dijeron, muestra los pactos patriarcales entre machos misóginos y la naturalización del acoso, el hostigamiento y la violencia sexual entre ellos y en perjuicio de las mujeres. Por esto aseguraron que la presencia de funcionarios como Sergio Quezada y Efraín Martinez en la administración pública es un peligro y un riesgo para niñas y mujeres.
Además, las agrupaciones feministas exigieron que la Fiscalía estatal, particularmente la Unidad de Investigación de Delitos Contra las Mujeres y la Agencia del Ministerio Público de Tototlán investiguen y sancionen a quien de manera irresponsable expuso y revictimizó a la mujer con la filtración de los audios que ella presentó como prueba de su denuncia.
Por otro lado, este martes 9, defensoras integradas en el colectivo Las Paritaristas, integrado por diputadas locales, políticas y académicos, clausuraron simbólicamente las instalaciones de la alcaldía en protesta y como exigencia para destituir a los funcionarios que ejercieron acoso sexual.
Después de que se dio a conocer el caso, el 6 de febrero, la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres condenó los hechos y admitió que era necesario que todos los municipios cuenten con un Protocolo para la Prevención, Atención y Erradicación del Acoso y Hostigamiento Sexual, como el Protocolo Cero, que es la guía de atención a nivel estatal.
La tarde del martes también se pronunció el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, quien escribió en su cuenta de Twitter que el caso no quedará impune. “El acoso sexual que sufrió Diana, servidora pública de Tototlán, por parte del director de Padrón y Licencias, Efraín Martínez, así como del presidente municipal Sergio Quezada, no quedará impune. Ni Diana ni cualquier otra víctima de estos dos agresores están solas”.
Alfaro aseguró que pidió a la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres, así como al secretario general de Gobierno, Enrique Ibarra, “entrarle de lleno a este vergonzoso caso y a ofrecer el acompañamiento jurídico y psicológico, personalmente les daré seguimiento a sus denuncias, hasta llegar a las últimas consecuencias”.
Esta semana las diputadas locales Mara Nadiezhda Robles Villaseñor, Claudia Murguía Torres, Irma de Anda Licea, Ma. Elizabeth Alcaraz Virgen, Mirza Flores Gómez y Norma Valenzuela Álvarez también pidieron Iniciar procedimiento de responsabilidad administrativa para destituir a los funcionarios.