Querétaro, 20 de febrero de 2026. — Policías municipales y jueces cívicos de Querétaro deberán seguir protocolos obligatorios para actuar con enfoque de género y evitar la revictimización de mujeres, según la reforma a la Ley Orgánica Municipal aprobada por unanimidad en la Comisión de Administración y Justicia del Congreso local.
La iniciativa, que modifica la fracción VII del artículo 51 y adiciona un párrafo al artículo 133, aún debe ser votada por el pleno legislativo antes de entrar en vigor.
La reforma fue presentada por la diputada Adriana Elisa Meza Argaluza, coordinadora de la Fracción Legislativa del PRI, y avalada con el respaldo de los diputados Guillermo Vega Guerrero, Enrique Correa Sada y Homero Barrera McDonald.
La Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia define las agresiones institucionales como actos u omisiones de servidores públicos que obstaculizan derechos mediante estereotipos o prácticas discriminatorias, un problema que esta modificación busca erradicar desde el ámbito de la justicia cívica municipal.
Meza Argaluza indicó que la iniciativa responde a una obligación constitucional derivada de los artículos 1° y 4° de la Carta Magna, así como a compromisos internacionales como la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer y la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.
Protocolos obligatorios en justicia cívica de Querétaro
"Legislar con perspectiva de género no es ideología, es justicia", enfatizó la legisladora ante los integrantes de la comisión. Sostuvo que las instituciones no son neutrales y que el poder punitivo del Estado debe ejercerse sin reproducir prácticas que vulneren los derechos de las mujeres, ya sean ofendidas o probables infractoras en procedimientos cívicos.
La diputada subrayó que la reforma propone algo concreto: que los cuerpos policiales municipales y los jueces cívicos cuenten con lineamientos claros que protejan la dignidad e integridad de las mujeres durante los procedimientos administrativos.
"No se pide trato preferencial, se pide trato justo", puntualizó Meza Argaluza al defender la iniciativa.
El dictamen aprobado en comisión deberá ser discutido y votado por el pleno del Congreso de Querétaro para su aprobación definitiva.
De ser avalado, los 18 municipios de la entidad estarán obligados a incorporar los protocolos de género en sus procedimientos de justicia cívica administrativa.
El nuevo Código de Procedimientos Civiles y Familiares entrará en vigor de manera gradual a partir de junio de 2026. 
