Querétaro, 23 de marzo de 2026. — El gobernador Mauricio Kuri González respaldó que se aplique la ley en el caso de las concesiones de agua señaladas por el gobierno federal como presuntamente irregulares, vinculadas a la familia del exgobernador José Eduardo Calzada Rovirosa.
El mandatario estatal precisó que los títulos fueron otorgados por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y que la resolución del asunto corresponde al ámbito federal.
La postura de Kuri González llega después de que la presidenta Claudia Sheinbaum exhibiera en su conferencia matutina cinco títulos de concesión que, según la información presentada, suman alrededor de 628 mil metros cúbicos y fueron asignados originalmente para uso agrícola en Querétaro.
En México, las concesiones con ese destino están exentas del pago de derechos por aprovechamiento de agua, un beneficio fiscal que aplica exclusivamente cuando el líquido se destina a producción de alimentos.
"Siempre estaremos a favor de la ley", afirmó el gobernador. Precisó que las instalaciones ya habían sido clausuradas con anterioridad, reabiertas y nuevamente cerradas por la autoridad federal.
Señalamientos federales apuntan a desvío del recurso hídrico
De acuerdo con lo expuesto por la mandataria federal, los volúmenes amparados por esas concesiones habrían sido utilizados presuntamente para fines distintos al agrícola: comercialización mediante pipas, abastecimiento de desarrollos inmobiliarios y suministro a instalaciones recreativas, incluido un club de polo con extensas áreas verdes. El cambio de uso sin autorización constituye una infracción a la Ley de Aguas Nacionales.
Kuri González agregó que su administración mantendrá coordinación con la federación para vigilar el aprovechamiento adecuado del recurso hídrico, particularmente ante los operativos de verificación de Conagua que se han desplegado en semanas recientes en distintos puntos del estado, incluidos parques industriales.
¿Qué procede legalmente con las concesiones señaladas?
Las autoridades federales ya iniciaron acciones de verificación para revisar el cumplimiento de las condiciones originales de los títulos.
El caso deberá resolverse ante Conagua y, en su caso, ante tribunales administrativos federales, sin que el gobierno estatal tenga facultades directas sobre la materia.
Al momento de la redacción, la familia Calzada Rovirosa no ha emitido postura pública sobre los señalamientos vertidos por el gobierno federal.
