Querétaro, 21 Junio 2022.- La Secretaria de Gobierno Estatal, Guadalupe Murguía Gutiérrez, recalcó que la “Ley que regula la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento del Estado de Querétaro” no vulnera la Constitución, ni el derecho humano al agua.
Lo anterior al señalar que coincide con la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y la Defensoría de Derechos Humanos (DDH) de Querétaro, organismos autónomos que concluyeron que no se detectó, en la también conocida como “Ley de Aguas”, una violación a los Derechos Humanos que pudiera impulsar el inicio de un proceso judicial de garantías constitucionales.
De esta manera, recalcó que no es procedente una acción de inconstitucionalidad en contra de la Ley.
Esto luego de que fue una solicitud que hizo la Red en Defensa del Agua y de la Vida.
“Que quiero decir, coincido en que no se vulnera la Constitución, ni se vulnera el derecho humano al agua. Como toda Ley es sujeta a mejoras, es perfectible y el trabajo que está haciendo la CEA con Observatorio Ciudadano, con la propia UAQ, para conocer cuáles son sus propuestas, aquellos aspectos que a juicio de estos grupos y de otros fuera necesario incluir o precisar, hay toda la disposición de hacerlo, la ley siempre puede mejorarse y estamos abiertos a que así sea, y coincido con la postura de la CNDH como la DDH Querétaro”, recalcó.
Murguía Gutiérrez, afirmó que la Comisión Estatal de Aguas (CEA) realiza mesas de trabajo con el Observatorio Ciudadano y la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), para conocer cuáles son sus propuestas y que todos los aspectos técnicos que consideren necesarios se puedan abordar e incorporar a la Ley.
La titular de la Secretaría de Gobierno Estatal, recalcó que existe toda la disposición del Poder Ejecutivo para hacer adiciones o reformas a dicha Ley, ya que siempre puede mejorarse y están abiertos a que así sea.
Hay que recordar que la Defensoría de Derechos Humanos (DDH) de Querétaro intensificó la labor de análisis técnico jurídico de la Ley de Aguas, y estableció una mesa de trabajo junto a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
Ello ante la inconformidad social que provocó la publicación de esta Ley y de las diversas solicitudes de organismos de la sociedad civil y de particulares.