MĂ©xico — 23 de febrero de 2026. —Más de 30 organizaciones feministas, madres de vĂctimas de feminicidio y mujeres buscadoras expusieron durante más de cuatro horas ante la relatora especial de Naciones Unidas sobre violencia contra las mujeres, Reem Alsalem, que la impunidad en delitos de violencia familiar, sexual y fĂsica en MĂ©xico alcanza el 90%, y que los mecanismos institucionales diseñados para protegerlas han sido desmantelados sin que exista una polĂtica pĂşblica real que los sustituya.
El encuentro se realizó en el auditorio Heberto Castillo de la Cámara de Diputados, convocado por la presidenta de la Mesa Directiva, Kenia López Rabadán.
La periodista Soledad JarquĂn Edgar, quien lleva más de siete años reclamando justicia por el feminicidio de su hija MarĂa del Sol Cruz JarquĂn, fotoperiodista asesinada en 2018 en Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, resumiĂł la situaciĂłn ante la relatora jordana: pese a una legislaciĂłn amplia, casi todos los tipos de violencia están tipificados, pero la impunidad en el delito de feminicidio especĂficamente es del 56%. Hasta el momento, las autoridades federales no han emitido respuesta pĂşblica a los señalamientos de las organizaciones sobre el desmantelamiento de la Alerta de Violencia de GĂ©nero.
A juicio de JarquĂn Edgar, el problema central es la ausencia de presupuesto e inversiĂłn: las campañas de concientizaciĂłn son, segĂşn su interpretaciĂłn, "flor de un dĂa", sin profundidad ni permanencia, mientras que en 25 años de polĂtica institucional a favor de las mujeres no se construyĂł una estrategia masiva real. El dato del INEGI es contundente: siete de cada 10 mujeres mayores de 15 años han sufrido violencia al menos una vez en su vida.
Violencia vicaria, digital y trata: las deudas legislativas pendientes
Las representantes de más de 93 organizaciones sociales presentes y virtuales pusieron sobre la mesa formas de violencia que siguen sin legislaciĂłn especĂfica o con marcos insuficientes. Gabriela Pablos Saucedo, vocera de Madres Libertarias —organizaciĂłn que agrupa a 400 mujeres a quienes se les arrebataron sus hijos— denunciĂł, segĂşn su versiĂłn, que los casos de violencia vicaria son judicializados contra las propias madres para mantenerlas bajo el control de sus agresores. PidiĂł la intervenciĂłn de la relatora para que este tipo de violencia sea reconocido formalmente.
Por su parte, Carolina RamĂrez Suárez, fundadora de Sobrevivientes de Feminicidio en MĂ©xico A.C., documentĂł los patrones que se repiten en las tentativas de feminicidio: investigaciones sin perspectiva de gĂ©nero, ausencia de reparaciĂłn integral del daño, y una tasa de impunidad del 90% incluso en casos donde la vĂctima sobreviviĂł. A su juicio, las afectaciones econĂłmicas y laborales que enfrentan las sobrevivientes obstaculizan directamente el acceso a la justicia.
La doctora AimeĂ© Vega planteĂł una revisiĂłn a fondo de la Ley Olimpia, señalando que el marco actual dejĂł fuera más de 30 formas de violencia digital. En el mismo tenor, representantes de 12 entidades coincidieron en que la Alerta de Violencia de GĂ©nero contra las Mujeres se ha debilitado de manera sistemática, al tiempo que los centros de justicia especializados fueron absorbidos por la nueva SecretarĂa de las Mujeres sin garantĂas de continuidad operativa.
En representaciĂłn de las feministas abolicionistas, Beatriz Cosio señalĂł que la eliminaciĂłn de la explotaciĂłn sexual es, a su juicio, la verdadera frontera de la democracia, y cuestionĂł los discursos que equiparan la prostituciĂłn con trabajo o que promueven la reproducciĂłn subrogada como práctica legĂtima.
La relatora Reem Alsalem escuchó cada intervención y ofreció revisar los documentos y propuestas entregados. En breve diálogo con medios, indicó que buscará a las autoridades mexicanas para revisar sus compromisos internacionales, y aclaró que su visita fue de carácter no oficial. Cabe señalar que este medio solicitará postura oficial del gobierno federal sobre los señalamientos vertidos durante el encuentro.
