México — 23 de febrero de 2026. —Más de 30 organizaciones feministas, madres de víctimas de feminicidio y mujeres buscadoras expusieron durante más de cuatro horas ante la relatora especial de Naciones Unidas sobre violencia contra las mujeres, Reem Alsalem, que la impunidad en delitos de violencia familiar, sexual y física en México alcanza el 90%, y que los mecanismos institucionales diseñados para protegerlas han sido desmantelados sin que exista una política pública real que los sustituya.
El encuentro se realizó en el auditorio Heberto Castillo de la Cámara de Diputados, convocado por la presidenta de la Mesa Directiva, Kenia López Rabadán.
La periodista Soledad Jarquín Edgar, quien lleva más de siete años reclamando justicia por el feminicidio de su hija María del Sol Cruz Jarquín, fotoperiodista asesinada en 2018 en Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, resumió la situación ante la relatora jordana: pese a una legislación amplia, casi todos los tipos de violencia están tipificados, pero la impunidad en el delito de feminicidio específicamente es del 56%. Hasta el momento, las autoridades federales no han emitido respuesta pública a los señalamientos de las organizaciones sobre el desmantelamiento de la Alerta de Violencia de Género.
A juicio de Jarquín Edgar, el problema central es la ausencia de presupuesto e inversión: las campañas de concientización son, según su interpretación, "flor de un día", sin profundidad ni permanencia, mientras que en 25 años de política institucional a favor de las mujeres no se construyó una estrategia masiva real. El dato del INEGI es contundente: siete de cada 10 mujeres mayores de 15 años han sufrido violencia al menos una vez en su vida.
Violencia vicaria, digital y trata: las deudas legislativas pendientes
Las representantes de más de 93 organizaciones sociales presentes y virtuales pusieron sobre la mesa formas de violencia que siguen sin legislación específica o con marcos insuficientes. Gabriela Pablos Saucedo, vocera de Madres Libertarias —organización que agrupa a 400 mujeres a quienes se les arrebataron sus hijos— denunció, según su versión, que los casos de violencia vicaria son judicializados contra las propias madres para mantenerlas bajo el control de sus agresores. Pidió la intervención de la relatora para que este tipo de violencia sea reconocido formalmente.
Por su parte, Carolina Ramírez Suárez, fundadora de Sobrevivientes de Feminicidio en México A.C., documentó los patrones que se repiten en las tentativas de feminicidio: investigaciones sin perspectiva de género, ausencia de reparación integral del daño, y una tasa de impunidad del 90% incluso en casos donde la víctima sobrevivió. A su juicio, las afectaciones económicas y laborales que enfrentan las sobrevivientes obstaculizan directamente el acceso a la justicia.
La doctora Aimeé Vega planteó una revisión a fondo de la Ley Olimpia, señalando que el marco actual dejó fuera más de 30 formas de violencia digital. En el mismo tenor, representantes de 12 entidades coincidieron en que la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres se ha debilitado de manera sistemática, al tiempo que los centros de justicia especializados fueron absorbidos por la nueva Secretaría de las Mujeres sin garantías de continuidad operativa.
En representación de las feministas abolicionistas, Beatriz Cosio señaló que la eliminación de la explotación sexual es, a su juicio, la verdadera frontera de la democracia, y cuestionó los discursos que equiparan la prostitución con trabajo o que promueven la reproducción subrogada como práctica legítima.
La relatora Reem Alsalem escuchó cada intervención y ofreció revisar los documentos y propuestas entregados. En breve diálogo con medios, indicó que buscará a las autoridades mexicanas para revisar sus compromisos internacionales, y aclaró que su visita fue de carácter no oficial. Cabe señalar que este medio solicitará postura oficial del gobierno federal sobre los señalamientos vertidos durante el encuentro.
