México — 23 de febrero de 2026. —En 2024, 30 mil mujeres fueron asesinadas en el mundo, 60% de ellas por sus parejas íntimas o familiares, lo que equivale a 137 mujeres y niñas cada día. La cifra la presentó Reem Alsalem, relatora especial de Naciones Unidas sobre la Violencia contra las Mujeres y las Niñas, durante una ponencia magistral en la Cámara de Diputados de México, donde advirtió que el derecho internacional vive una profunda regresión y que sus consecuencias recaen de manera desproporcionada sobre las mujeres.
Alsalem señaló además que existe un grave subregistro de femicidios vinculados al crimen organizado, desapariciones forzadas y redes de trata.
La relatora jordana reconoció avances impulsados por movimientos feministas en las últimas décadas, pero advirtió que la violencia contra las mujeres es "epidémica en todo el mundo". La impunidad persiste como barrera estructural: las sobrevivientes enfrentan revictimización, retrasos procesales, falta de financiamiento institucional y estereotipos arraigados.
La situación se agrava para mujeres indígenas, rurales y quienes viven en pobreza o enfrentan discriminación interseccional. Hasta el momento, el gobierno mexicano no ha emitido postura pública respecto a los señalamientos de la relatora sobre el incumplimiento de obligaciones internacionales en materia de prevención.
Militarización y austeridad: los factores que intensifican la violencia
Alsalem identificó tres fenómenos que, a su juicio, explican la intensificación de la violencia: la militarización creciente de los Estados, la multiplicación de crisis y las políticas de austeridad. El desvío de fondos públicos hacia gasto militar, señaló, ha derivado en recortes graves a refugios para mujeres, asistencia jurídica y servicios de protección, debilitando además a las organizaciones civiles que operan en este campo. "Son decisiones políticas para elegir otras prioridades", indicó la funcionaria de la ONU.
En el plano de los conflictos armados, la relatora documentó ataques sistemáticos a infraestructura civil —hospitales y salas de maternidad—, el uso del hambre como método de guerra y el despliegue de violencia sexual como herramienta de terror. Señaló que la violación y la violencia sexual son utilizadas para el sometimiento, que la violencia reproductiva incluye embarazos y abortos forzados, y que en casos como el de Afganistán este fenómeno alcanza dimensiones de destrucción sistemática por razón de sexo. Calificó la normalización de este tipo de violencia como "grave".
¿Qué plantea la relatora sobre prostitución, pornografía y vientres de alquiler?
Alsalem dedicó una parte sustancial de su ponencia a lo que describió como nuevas formas de violencia patriarcal normalizadas. Sobre la prostitución, sostuvo que el derecho internacional reconoce que el consentimiento carece de valor en situaciones de explotación, y defendió el modelo nórdico como la única política que ha podido reducir la demanda de actos sexuales, al tratar a las mujeres como víctimas, penalizar la compra y aplicar sanciones al proxenetismo. Las políticas de legalización, afirmó, han resultado en mayor explotación y aumento del tráfico de mujeres y niñas.
Respecto a la pornografía, la calificó como "prostitución filmada" y una herramienta de opresión que normaliza la violencia física. Instó a los Estados a penalizar expresamente su consumo, producción y alojamiento. En cuanto a los vientres de alquiler, sostuvo que América Latina se ha convertido en destino de la industria de gestación subrogada, que explota principalmente a mujeres en situación de pobreza mediante contratos abusivos, y que la legalización no elimina los riesgos sino que los formaliza.
La abogada Patricia Olamendi Torres, cofundadora de "Nosotras tenemos otros datos", informó que México tiene uno de los índices más altos de pornografía y prostitución infantil, especialmente en zonas turísticas, y que en el último año se duplicaron los casos de trata de personas en el país.
