Querétaro, 20 de febrero de 2026. — Policías municipales y jueces cívicos de Querétaro estarán obligados por ley a actuar con perspectiva de género conforme a protocolos claros, tras la aprobación por unanimidad en comisión legislativa de una reforma a la Ley Orgánica Municipal del estado.
La iniciativa, que modifica la fracción VII del artículo 51 y adiciona un párrafo al artículo 133, busca evitar la revictimización y proteger la dignidad de las mujeres en procedimientos de justicia cívica administrativa.
La reforma fue presentada por la diputada Adriana Elisa Meza Argaluza, coordinadora de la Fracción Legislativa del PRI, y aprobada en sesión de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia del Poder Legislativo local.
La Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia define la violencia institucional como actos u omisiones de servidores públicos que obstaculizan derechos mediante estereotipos o prácticas discriminatorias, un problema que esta reforma busca atender directamente.
Meza Argaluza precisó que incorporar la perspectiva de género en la justicia cívica no es una cuestión ideológica, sino una obligación constitucional derivada de los artículos 1° y 4° de la Carta Magna.
También señaló que responde a compromisos internacionales como la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.
Protocolos contra violencia institucional en justicia cívica de Querétaro
La legisladora sostuvo que la reforma reconoce que el poder punitivo del Estado debe ejercerse sin reproducir violencia institucional contra las mujeres.
"No se pide trato preferencial, se pide trato justo", puntualizó ante los integrantes de la comisión.
La iniciativa establece que tanto mujeres ofendidas como probables infractoras deberán recibir un trato apegado a protocolos de género durante los procedimientos cívicos administrativos.
Con ello, Querétaro avanza en la armonización de su marco normativo municipal con estándares constitucionales e internacionales en materia de derechos humanos de las mujeres.
En la sesión participaron el diputado Guillermo Vega Guerrero como presidente de la comisión, Enrique Correa Sada como secretario y Homero Barrera McDonald como integrante, quienes avalaron la reforma de manera unánime. El dictamen pasará al pleno del Congreso para su votación definitiva.
El nuevo Código de Procedimientos Civiles y Familiares entrará en vigor de manera gradual a partir de junio de 2026. 
