Querétaro, 20 de febrero de 2026.—Policías municipales y jueces cívicos de Querétaro estarán obligados a actuar con perspectiva de género tras las reformas aprobadas por la Comisión de Administración y Procuración de Justicia del Congreso local.
El dictamen modifica la Ley Orgánica Municipal para establecer que las autoridades deberán evitar la revictimización y garantizar la dignidad e integridad de las mujeres en procedimientos administrativos, tanto si acuden como denunciantes como si enfrentan una infracción.
La reforma responde a señalamientos sobre prácticas discriminatorias en el primer contacto de la ciudadanía con autoridades municipales.
En la misma sesión, los legisladores avalaron la entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares en el estado, cuya aplicación será gradual a partir de junio de 2026.
El presidente de la comisión, Guillermo Vega Guerrero, informó que el dictamen busca que los procedimientos de justicia cívica no reproduzcan violencia institucional ni prácticas discriminatorias contra las mujeres.
La perspectiva de género en la justicia cívica aplica desde el momento en que una mujer tiene contacto con la autoridad municipal.
Por su parte, la diputada Adriana Meza sostuvo que las desigualdades estructurales exigen un trato diferenciado en los procedimientos administrativos.
El nuevo Código de Procedimientos Civiles y Familiares entrará en vigor de manera gradual a partir de junio de 2026. rotativo.com.mx
"Incorporar la perspectiva de género en la justicia cívica administrativa no es una cuestión ideológica, es una obligación constitucional", señaló la legisladora.
Entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares en Querétaro
A solicitud del magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia, Braulio Guerra Urbiola, la comisión aprobó la declaratoria para que entre en vigor el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares en Querétaro.
El ordenamiento transforma la forma en que se llevan juicios civiles y familiares al priorizar la oralidad, agilizar procesos y fortalecer la protección de derechos humanos.
La implementación será gradual: arrancará en junio de 2026 y concluirá en marzo de 2027. El diputado Homero Barrera McDonald subrayó que la transición contempla capacitación y ajustes administrativos para evitar improvisaciones en los juzgados del estado.
Adicionalmente, los legisladores declararon 2026 como el Año del Bicentenario del Poder Judicial del Estado de Querétaro, en reconocimiento a los 200 años de impartición de justicia en la entidad.
