Querétaro, 19 de febrero de 2026. — Una condena de 90 años de prisión fue impuesta a dos hermanos por el homicidio de dos elementos policiales en la colonia Lomas de Casa Blanca, hechos ocurridos el 5 de septiembre de 2023.
El juez determinó 45 años por cada víctima, además de multa, amonestación privada y suspensión de derechos civiles y políticos. Se trata de una sentencia de primera instancia, sujeta a posible impugnación por parte de la defensa.
Los sentenciados, identificados con el alias de "los gemelos", atacaron con arma de fuego a dos oficiales que custodiaban un inmueble en la colonia.
Una oficial perdió la vida en el lugar y su compañero falleció posteriormente en el hospital a consecuencia de las heridas. Según información difundida por la Fiscalía General del Estado, los agresores también abandonaron una granada en la escena del crimen.
El fiscal general, Víctor Antonio de Jesús Hernández, valoró la resolución como una de las más severas obtenidas durante el periodo actual.
Según el funcionario, la condena representa un referente institucional —no una figura de jurisprudencia obligatoria— sobre las consecuencias para quienes atenten contra integrantes de corporaciones de seguridad.
"Se trata de una de las sentencias más altas que se han obtenido en este periodo, no sólo por la magnitud de la pena, sino por el mensaje claro de que habrá consecuencias firmes", explicó el titular de la Fiscalía.
Videograbaciones acreditaron participación en ataque de Lomas de Casa Blanca
De acuerdo con la Fiscalía, la condena se sustentó en diversas pruebas, entre ellas análisis de videograbaciones que permitieron acreditar la participación de los responsables durante el juicio oral.
Hernández precisó que el procedimiento se desarrolló conforme a los plazos del Código Nacional de Procedimientos Penales y que los argumentos presentados por la defensa fueron desestimados por el juzgador.
El fallo también ordenó la reparación integral del daño, que abarca indemnizaciones por muerte, gastos funerarios, afectaciones emocionales a víctimas indirectas y montos a favor de la institución a la que pertenecían los oficiales.
La Fiscalía no precisó si la reparación fue cuantificada en montos específicos o si quedó determinada en abstracto para ejecución posterior.
Hernández subrayó que la resolución envía una señal sobre la capacidad del sistema de justicia penal en Querétaro para sancionar delitos de alto impacto contra elementos de seguridad pública.
Al tratarse de un fallo de primera instancia, la defensa cuenta con los recursos procesales previstos en la legislación para impugnar la determinación ante instancias superiores.
