México, 2 marzo 2026.- La Fiscalía General de la República (FGR) informó que atraerá el caso de Ernestina Ascencio Rosario, mujer indígena náhuatl monolingüe de 73 años agredida sexualmente por elementos del Ejército mexicano en febrero de 2007 en la comunidad de Tetlatzinga, en la Sierra de Zongolica, Veracruz, quien murió al día siguiente sin recibir atención médica.
La decisión se produce en cumplimiento de la sentencia emitida el 30 de septiembre de 2025 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que declaró la responsabilidad internacional del Estado mexicano por la vulneración de los derechos a la integridad personal, la vida y el acceso a la justicia de la víctima y su familia.
La investigación ocurre 19 años después de los hechos, luego de que la indagatoria realizada por la fiscalía local de Veracruz no se desarrolló conforme a los estándares internacionales aplicables, según reconoció la propia FGR. En diciembre pasado, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo había anunciado que el Estado mexicano cumpliría con la sentencia de la Corte IDH, señalando que la agresión ocurrió durante el gobierno de Felipe Calderón, en el contexto de la llamada "guerra contra el narco".
Organizaciones de la sociedad civil que representan a la familia exigieron hace tres días al Estado presentar una hoja de ruta concreta para la implementación de las medidas ordenadas, ante la ausencia de propuestas claras desde la notificación del fallo en diciembre.
Las indagatorias estarán bajo la conducción del Ministerio Público Federal adscrito a la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia contra las Mujeres (Fevimtra), con apego a los estándares internacionales en materia de derechos humanos. La FGR precisó que llevará a cabo una investigación exhaustiva sobre hechos posiblemente constitutivos de tortura sexual, así como sobre la pérdida de la vida de la agraviada, con diligencia reforzada y enfoque interseccional, tal como ordenó la Corte IDH.
Sentencia histórica por discriminación múltiple contra mujer indígena en Veracruz
El fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos constituye un precedente regional al reconocer las múltiples formas de discriminación que enfrentan las mujeres indígenas: por género, etnia y edad. La Corte determinó además que hubo intervención indebida de altas autoridades para garantizar la impunidad de los responsables, y que las barreras lingüísticas a las que se enfrentó la familia agravaron la negación de justicia.
Entre las medidas de reparación ordenadas destacan una investigación penal exhaustiva para identificar, procesar y sancionar a los responsables; tratamiento médico, psicológico y psiquiátrico para los familiares; un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional; programas de formación para funcionarios públicos, y la creación de un Registro Nacional de Intérpretes y Traductores en Lenguas Indígenas para los sistemas de salud y justicia.
Seis organizaciones nacionales e internacionales, entre ellas Abogadas y Abogados para la Justicia y los Derechos Humanos (AJDH) y el Robert and Ethel Kennedy Human Rights Center, acompañan el proceso y mantienen vigilancia sobre el cumplimiento del fallo. Como ha expresado Martha Inés Ascencio, hija de la víctima: la sentencia debe servir para que lo que le ocurrió a su madre no se repita con ninguna otra mujer.
Cabe señalar que este medio buscará la postura de la Secretaría de la Defensa Nacional sobre los señalamientos relacionados con la participación de elementos castrenses en los hechos documentados por la Corte IDH.
