El reconocido intérprete Gerardo Ortiz enfrenta graves acusaciones federales tras admitir su culpabilidad por conspiración al violar la Ley Kingpin, legislación que permite al gobierno estadounidense sancionar a quienes participen en actividades relacionadas con el narcotráfico internacional.
Detalles de la acusación
Según información publicada por **Rolling Stone**, Ortiz confesó haber realizado **al menos seis conciertos** organizados por un promotor que fue sancionado en 2018 por el Departamento del Tesoro de EE.UU. por presuntamente lavar dinero del Cartel Jalisco Nueva Generación.
El cantante de 35 años habría mantenido estas actividades en secreto mientras cooperaba con el **FBI** en la investigación contra Ángel del Villar, dueño de Del Records y exrepresentante del artista, quien actualmente enfrenta un juicio en Los Ángeles.
Implicaciones legales
La Ley Kingpin, formalmente conocida como Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros del Narcotráfico, otorga al gobierno estadounidense amplias facultades para imponer sanciones a personas y entidades involucradas en el tráfico internacional de drogas, incluyendo:
- Congelación de activos financieros
- Prohibición de realizar transacciones comerciales
- Posibles penas de prisión
Consecuencias para su carrera
La declaración de culpabilidad de Ortiz sale a la luz precisamente durante el desarrollo del juicio contra Del Villar, lo que podría comprometer seriamente el futuro profesional del intérprete de corridos.
¿Qué impacto tendrá esta confesión en la industria musical mexicana? El caso pone nuevamente sobre la mesa el debate sobre los vínculos entre ciertos exponentes del género de corridos y las organizaciones criminales.
Representantes de sectores empresarial, académico y social se sumaron formalmente a la red estatal de búsqueda de personas. 
El Distintivo CONECTAR reconocerá a empresas que participen activamente en capacitación y difusión para la localización de personas. 
