Chiapas, 29 de enero, 2026.- El gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, anunció que presentará una iniciativa para que las corporaciones de seguridad estatales puedan portar armas de muy alto poder y fortalecer la capacidad operativa frente a grupos criminales.
La propuesta será enviada al Congreso de Chiapas y, en caso de ser aprobada por diputados locales, se impulsará como proyecto de decreto ante el Congreso de la Unión para modificar la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.
El mandatario estatal señaló que la medida busca convertir a Chiapas en "la primera corporación de seguridad pública estatal en México en ser dotada de armamento" de mayor calibre para hacer frente a la delincuencia organizada que opera en la entidad fronteriza.
En un comunicado oficial, el gobierno estatal detalló que el armamento de alto poder para policías de Chiapas forma parte de las acciones emprendidas durante el primer año de la administración actual. Ramírez Aguilar explicó que la iniciativa responde a la necesidad de equilibrar la capacidad de fuego entre las corporaciones estatales y los grupos delictivos que operan en regiones estratégicas de la entidad. Actualmente, la legislación federal establece limitaciones en el calibre y tipo de armas que pueden portar las policías estatales, mientras que las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional cuentan con armamento de mayor potencia.
La propuesta legislativa se enmarca dentro de la estrategia de seguridad implementada por el gobierno chiapaneco, que incluye la creación de la Fuerza de Reacción Inmediata orientada a recuperar el control de caminos, municipios y regiones afectadas por la presencia criminal. El gobernador subrayó que esta unidad especializada ha sido diseñada para responder con mayor rapidez ante situaciones de violencia y presencia de grupos armados en zonas rurales y fronterizas del estado.
Chiapas invierte en equipamiento tecnológico y capacitación policial
Como parte del fortalecimiento de las corporaciones de seguridad, la administración estatal reportó la adquisición de un helicóptero Black Hawk, 25 vehículos blindados, 10 drones de última generación y 250 cámaras de videovigilancia. Estas herramientas tecnológicas se suman a la entrega de 895 vehículos operativos, 13 mil 315 equipos de defensa y 102 mil 985 equipos de protección personal para el personal policial. La inversión busca modernizar la infraestructura de seguridad y mejorar las capacidades operativas de la policía estatal de Chiapas frente a escenarios de alto riesgo.
El gobierno estatal también informó sobre el incremento salarial para el personal de seguridad como medida para reducir la corrupción y mejorar la retención de elementos capacitados. Ramírez Aguilar indicó que estas mejoras laborales se han acompañado de procesos de depuración interna y detenciones de servidores públicos involucrados en actos de corrupción o colusión con grupos criminales. Las autoridades estatales señalaron que la profesionalización y certificación de los cuerpos policiales son ejes fundamentales de la estrategia de seguridad implementada desde diciembre de 2024.
La iniciativa para dotar de armamento de mayor calibre a corporaciones estatales requiere modificaciones al marco legal federal vigente. El Congreso de la Unión tendría que aprobar reformas a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, legislación que actualmente regula el tipo de armamento permitido para cada corporación de seguridad pública. El gobernador Ramírez Aguilar manifestó que trabajará en coordinación con legisladores federales para impulsar la aprobación del proyecto de decreto una vez que sea avalado por el Congreso local.
¿Cómo coordina Chiapas estrategias de seguridad con autoridades federales?
El mandatario estatal destacó que la estrategia de seguridad se ha desarrollado en coordinación con el gobierno federal y dependencias como la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional y las fiscalías federal y estatal. Las operaciones conjuntas en Chiapas han incluido despliegues en zonas fronterizas con Guatemala, donde se registra actividad de grupos criminales vinculados al tráfico de personas, armas y estupefacientes.
Chiapas enfrenta problemáticas de seguridad relacionadas con la presencia de organizaciones criminales que disputan el control territorial en municipios fronterizos y regiones estratégicas. La entidad ha registrado incrementos en delitos como extorsión, secuestro y homicidios dolosos durante los últimos años. Las autoridades estatales mantienen operativos permanentes en carreteras y zonas rurales para inhibir la actividad delictiva y proteger a la población civil que ha sido afectada por la violencia generada por grupos armados.
