Tamaulipas, 6 de noviembre de 2025. — La desaparición de Claudia Estefanía González Flores, menor de 10 años con discapacidad intelectual, puso en evidencia nuevamente los tiempos de respuesta en la activación de protocolos de búsqueda de menores.
Colectivos civiles y familiares han cuestionado que la Alerta Amber no fue implementada con la prontitud requerida, a pesar de que la menor requería atención médica continua y presentaba una condición de vulnerabilidad que debería haber activado los mecanismos de protección de manera inmediata.
La menor fue reportada como desaparecida el 31 de octubre junto con su familia: su padre, Heriberto González Santes; su madre, Berenice Flores Flores; y su primo, Ángel Manuel González Valencia.
Según versiones recogidas por colectivos en búsqueda, cuando la familia fue localizada en el domicilio de Hacienda Las Fuentes, la vivienda presentaba puertas entreabiertas sin signos visibles de violencia, lo que habría requerido una respuesta más rápida de las autoridades dado el contexto de vulnerabilidad de la menor.
La discapacidad intelectual de Claudia Estefanía no era un factor menor en el caso. Grupos especializados en acompañamiento a menores con discapacidad señalaron que la condición de la pequeña incrementaba significativamente el riesgo y la necesidad de una búsqueda inmediata.
Las necesidades médicas específicas que presentaba hacían que cada hora perdida fuera crítica para su bienestar y supervivencia.
Operativos de búsqueda fueron activados, aunque posteriormente que la Fiscalía estatal coordinó esfuerzos con colectivos civiles para rastrear zonas cercanas al hogar y distintos puntos de la periferia de Reynosa.
Sin embargo, el tiempo transcurrido entre la denuncia de desaparición y la activación de protocolos especiales para menores fue objeto de crítica de organizaciones defensoras de derechos.
Organizaciones civiles han enfatizado que cuando desaparece una menor con discapacidad intelectual, los protocolos de búsqueda deben ser activados inmediatamente, sin esperar confirmaciones adicionales.
La recomendación internacional establece que factores como edad, discapacidad y contexto de desaparición abrupta deben generar respuesta inmediata de autoridades.
La Alerta Amber, diseñada precisamente para estos casos, debería haberse activado en las primeras horas.
El caso de Claudia Estefanía refleja un patrón que, según especialistas, se ha repetido en Tamaulipas: retrasos en la activación de protocolos que ponen en riesgo la vida de menores vulnerables.
La Fiscalía estatal no ha respondido a cuestionamientos sobre los tiempos de respuesta ni sobre los criterios utilizados para la activación tardía de mecanismos de búsqueda.
El análisis de estos procedimientos forma parte de una demanda creciente de colectivos civiles por mayor coordinación y rapidez en casos de desaparición de menores en condición de vulnerabilidad.
