San Juan del Río, 24 de diciembre de 2025. —Gregorio López González lleva más de tres décadas al frente del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Municipio de San Juan del Río (SUTSMSJR) sin auditorías públicas registradas ni rendición de cuentas sobre el destino de recursos gubernamentales, mientras documentos de Rotativo evidencian un patrón sistemático de exigencias millonarias que han escalado de 40 millones de pesos en 2019 a más de 120 millones en 2025.
El dirigente sindical percibía un salario de 60 mil pesos mensuales "sin trabajar", según reveló Rotativo el 7 de junio de 2016, cuando el entonces secretario de Administración, Enrique Fernández de Cevallos, confirmó que López González opera como "aviador" de la nómina municipal al no cumplir con los horarios establecidos en la cláusula 16 del Convenio Colectivo de Trabajo firmado en 1989 durante la administración de Jaime Nieto Ramírez.
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Nepotismo documentado: hermana en nómina con salario privilegiado
La investigación de Rotativo publicada el 7 de junio de 2016 reveló que Gretel Jazmín López González, hermana del líder sindical, aparecía en la nómina municipal con un sueldo de 20 mil pesos mensuales en un cargo de apoyo administrativo, mientras trabajadores sindicalizados en el mismo puesto perciben entre 5 y 7 mil pesos.
El secretario de Administración calificó esta información como "clasificada" y se negó a proporcionar detalles, aunque confirmó la presencia de familiares del dirigente sindical en la estructura administrativa del SUTSMSJR.
Chantaje con aire acondicionado y camioneta nueva
El 8 de junio de 2016, Rotativo documentó que López González se negó a firmar el aumento salarial para los trabajadores hasta que el gobierno municipal no le instalara aire acondicionado en su oficina y le entregara una camioneta Suburban nueva, además de aprobarle 60 mil pesos mensuales libres de polvo y paja, "sin que nos quiera dar una factura de en qué se gasta el dinero", denunció el entonces presidente municipal Guillermo Vega Guerrero.
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Vega Guerrero reveló públicamente que López González exigió incremento salarial a personas que él eligiera y condicionó beneficios para 450 trabajadores a prebendas personales, lo que motivó al alcalde a retarlo a un debate público "para que la ciudadanía conozca el despilfarro de dinero que hace como representante de los trabajadores".
Anomalías en medicamentos: de 80 mil a 1 millón sin justificar
La nota del 8 de junio de 2016 evidenció irregularidades en la compra de medicamentos: en noviembre de 2015 el gasto reportado era de 80 mil pesos, pero meses después el sindicato exigió el pago de más de 1 millón de pesos en medicamentos supuestamente adquiridos en la administración anterior, sin poder acreditar que fueron surtidos a los trabajadores.
"No se ponen de acuerdo, porque en un escrito de noviembre hablaban de 70 mil pesos, entonces yo no me explico cómo de esa fecha hasta ahora inventaron más de un millón de pesos de supuestas medicinas que el gobierno anterior no les pagó", denunció Vega Guerrero en conferencia de prensa.
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Exigencia de 40 millones en 2019: ISR, aguinaldo y festejos
El 20 de marzo de 2019, Rotativo documentó el emplazamiento a huelga más detallado: López González exigió 40 millones de pesos anuales que incluían:
Demandas económicas verificadas:
- 15% de incremento directo al salario (26 millones de pesos anuales)
- Exención total del ISR para 470 trabajadores (13 millones anuales que pagaría el municipio)
- Incremento de aguinaldo de 74 a 79 días, cuando la ley estatal marca 30 días
- Aumento en apoyo de transporte de 18 a 90 pesos catorcenales (1.5 millones anuales)
- Nueve uniformes nuevos por trabajador (3 millones de pesos)
- Pago de fiestas anuales (1 millón de pesos)
- Una camioneta para el sindicato
- Incremento de cuotas sindicales de 1.8%, dinero que iría directo al líder sindical
El alcalde de ese entonces Guillermo Vega Guerrero rechazó las exigencias y advirtió: "Lo que pide el líder sindical es que los 470 trabajadores adscritos al sindicato no paguen impuesto sobre la renta, lo que quiere es que el municipio los pague", calificándolo como contrario a las políticas del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Escalada de 2019 a 2025: de 40 a 120 millones
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El patrón de presión mediante emplazamientos a huelga se mantuvo constante durante la administración de Roberto Cabrera Valencia:
Cronología de emplazamientos documentados:
- Septiembre 2022: Emplazamiento que derivó en paro del rastro municipal
- Febrero-Marzo 2025: Amenaza de huelga para el 5 de marzo por adeudo de 800 medicamentos
- Marzo 26, 2025: Acuerdo para desactivar emplazamiento
- Agosto 28, 2025: Marcha de 1,200 trabajadores y paro de labores
- Diciembre 11, 2025: Anuncio de huelga para 1 de enero de 2026 con 200 amparos tramitados
- Diciembre 23, 2025: Audiencias vigentes en Tribunal de Conciliación
El gasto municipal destinado al sindicato pasó de 35 millones de pesos a inicio de 2025 a más de 120 millones al cierre del año, incremento de 243% que el alcalde Cabrera confirmó públicamente el 23 de diciembre.
Estrategia legal: más de 200 amparos en un año
López González desarrolló una sofisticada estrategia de presión mediante amparos constitucionales. En septiembre de 2025 había tramitado 50 amparos para garantizar cirugías y medicamentos; para diciembre del mismo año la cifra escaló a más de 200 recursos legales.
"Llevamos ya más de 200 amparos para conseguir que paguen medicamentos, pero es la única manera en que conseguimos que paguen algo", declaró el dirigente sindical el 11 de diciembre de 2025.
División sindical: el SITAM como alternativa
En 2012, un grupo de trabajadores se escindió del SUTSMSJR para formar el Sindicato Independiente de Trabajadores Adscritos al Municipio (SITAM), encabezado por Mónica Rodríguez. La secretaria general acusó en octubre de 2012 a López González de organizar "una tramposa maniobra" en sesión de Cabildo para suspender el cobro de cuotas sindicales al nuevo organismo.
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El SITAM opera actualmente con aproximadamente 290 agremiados, principalmente en servicios públicos municipales, mientras el SUTSMSJR concentra más de 1,200 trabajadores.
Durante la administración de Guillermo Vega Guerrero en 2020, el municipio reconoció públicamente el apoyo del SITAM en momentos de reestructuración administrativa, contrastando con la relación conflictiva con el SUTSMSJR.
Antecedentes de irregularidades: caso Rafael Camacho
El 7 de octubre de 2015, Rotativo documentó que Rafael Camacho Camacho, quien fue síndico municipal durante la administración anterior y fue observado por la Entidad Superior de Fiscalización del Estado (ESFE) por recibir prerrogativas indebidas, logró ser nombrado por López González como trabajador "comisionado" para representar los intereses legales del sindicato.
"El nombramiento por parte del sindicato se hizo cuando estaba todavía en funciones como síndico. Es lo que coloquialmente conocemos como un chapulineo, pero se está ocultando en la agrupación para mantener el puesto", explicó una fuente de la Secretaría de Administración en ese momento.
Ausencia total de fiscalización gubernamental
Pese a que la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de Querétaro establece en su artículo 2, fracción XXXIII, que son sujetos de fiscalización "cualquier entidad, persona física o moral, pública o privada, que haya recaudado, administrado, manejado o ejercido recursos públicos", no existe registro de auditorías realizadas al SUTSMSJR en más de 35 años.
La Auditoría Superior del Estado tiene facultades legales para fiscalizar recursos públicos canalizados a sindicatos, pero no ha ejercido esta atribución sobre el SUTSMSJR ni existe evidencia de revisiones programadas para los más de 120 millones de pesos destinados en 2025.
Marco legal ignorado: obligaciones sin cumplir
La Ley Federal del Trabajo obliga a los sindicatos a rendir cuentas ante sus agremiados sobre el manejo de cuotas sindicales y recursos gremiales, pero no existe evidencia pública de que el SUTSMSJR haya presentado estados financieros a sus 1,200 trabajadores durante las más de tres décadas de gestión de López González.
Los convenios colectivos que implican erogaciones públicas están sujetos a revisión según la Ley General de Contabilidad Gubernamental, pero las transferencias millonarias del municipio al sindicato no han sido objeto de fiscalización documentada.
Hospital Medical Center: costos triplicados por imposición sindical
El 23 de diciembre de 2025, Rotativo reveló mediante declaración del titular de Administración municipal que López González impone atención médica exclusiva en el Hospital Medical Center ubicado en calle Hidalgo y Rayón, rechazando hospitales públicos o privados estándar, lo que incrementa los costos hasta 300 por ciento y consume 110 millones de pesos anuales del erario municipal.
José Miguel Molina, secretario de Administración municipal, confirmó que una cirugía que en cualquier hospital público o privado estándar cuesta 10 mil pesos alcanza los 30 mil pesos en Medical Center, triplicando el gasto por cada intervención quirúrgica debido a las imposiciones del dirigente sindical.
"Hoy por hoy pagamos más a sindicatos que a los propios policías", enfatizó Molina al comparar la proporción del gasto, aunque reconoció que estas prestaciones constituyen derechos laborales que el municipio debe cumplir.
De los 110 millones de pesos anuales destinados a salud sindical, 90 millones corresponden exclusivamente a subrogaciones hospitalarias derivadas de la exigencia de atención en Medical Center y medicamentos de patente, lo que representa entre 20 y 22 por ciento del presupuesto total municipal.
Imposición de medicamentos de patente: rechazo a genéricos
Adicionalmente a la exigencia de atención en Medical Center, López González rechaza medicamentos genéricos y acepta únicamente fármacos de patente, lo que dispara los costos farmacéuticos del ayuntamiento, según se declaró a Rotativo el 23 de diciembre de 2025.
El ayuntamiento destina alrededor de 600 millones de pesos anuales en nómina para aproximadamente 1,300 trabajadores sindicalizados distribuidos en dos sindicatos municipales, cifra que supera el gasto en seguridad pública.
Impacto presupuestal: 200 despidos para compensar exigencias
Las imposiciones de atención exclusiva en Medical Center y medicamentos de patente obligaran al gobierno municipal a aprobar el despido de 200 empleados de confianza para enero de 2026 con el objetivo de generar ahorros de 100 millones de pesos y compensar el sobre gasto de 110 millones en servicios de salud sindicales.
El secretario de Administración sostuvo que el municipio y el sindicato deben "concientizarse" para entrar en negociaciones favorables, aunque admitió que no es posible reducir estos gastos porque los trabajadores ya tienen derechos adquiridos que López González se encarga de hacer valer con exigencias que disparan los costos operativos.
El presupuesto municipal para 2026 asciende a 1,703 millones de pesos, de los cuales una proporción significativa deberá destinarse a cubrir compromisos con el sindicato, reduciendo drásticamente la capacidad de inversión en obra pública y servicios a la ciudadanía.
Interrogantes sin respuesta
Después de revisar más de una década de información publicada por Rotativo, persisten preguntas fundamentales:
- ¿Por qué la Auditoría Superior del Estado no ha fiscalizado recursos públicos canalizados al SUTSMSJR desde los años noventa?
- ¿Dónde están los estados financieros que el sindicato debería presentar a sus más de 1,200 agremiados?
- ¿Cómo se justifica que un dirigente sindical perciba 60 mil pesos mensuales "sin trabajar" desde hace casi una década y eso sin actualizaciones salariales?
- ¿Por qué familiares del líder sindical aparecían en nómina con salarios privilegiados?
- ¿Quién supervisa el destino de las cuotas sindicales descontadas durante más de 35 años a los trabajadores?
- ¿Cómo escalaron las exigencias de 40 millones en 2019 a 120 millones en 2025?
- ¿Por qué no existen registros públicos de renovación de dirigencia sindical?
- ¿Cómo se explican las anomalías en medicamentos documentadas en 2016?
- ¿Qué vínculos existen entre López González y el Hospital Medical Center que justifiquen la imposición de atención exclusiva?
- ¿Por qué se rechazan hospitales públicos o privados estándar que ofrecen la misma calidad a costos tres veces menores?
- ¿Cómo se explica que las exigencias sindicales consuman más recursos que la seguridad pública municipal?
- ¿Quién autoriza que una cirugía de 10 mil pesos se pague en 30 mil por imposición sindical?
Contexto actual: nueva amenaza de huelga
El SUTSMSJR mantiene audiencias ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje para evitar un estallamiento de huelga programado para el 1 de enero de 2026. Las demandas incluyen pago de 100 cirugías pendientes, medicamentos contra el cáncer, pensiones, jubilaciones y uniformes.
El gobierno municipal adeuda 5 millones de pesos al sindicato y negocia tiempos de pago ante el agotamiento presupuestal de diciembre, según confirmó la administración de Roberto Cabrera el 23 de diciembre de 2025.
Evento académico en Hospital General de San Juan del Río. SESA capacitó en detección de reacciones adversas a medicamentos. Foto: SESA Querétaro. 
Tráiler Torton salió de la carretera federal 57 en el tramo San Juan del Río-Palmillas. La unidad fue remolcada al corralón oficial. 
Tráiler Torton salió de la carretera federal 57 en el tramo San Juan del Río-Palmillas. La unidad fue remolcada al corralón oficial. 
Tráiler Torton salió de la carretera federal 57 en el tramo San Juan del Río-Palmillas. La unidad fue remolcada al corralón oficial. 
