Querétaro, 25 de febrero de 2026. — Con 469 votos a favor, la Cámara de Diputados aprobó por mayoría calificada la reforma al artículo 123 constitucional que reduce la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales.
La modificación, que será gradual hasta 2030, fue celebrada por la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM) en Querétaro, cuyo líder pidió priorizar el diálogo social entre empresas y sindicatos para ajustar horarios sin afectar la productividad.
La reforma laboral aprobada en San Lázaro modifica las fracciones IV y XI del apartado A del artículo 123 de la Constitución.
El régimen transitorio establece una reducción gradual de la jornada laboral a partir de enero de cada año: en 2026 se mantendrán las 48 horas; en 2027 bajarán a 46; en 2028 a 44; en 2029 a 42, y para 2030 se alcanzarán las 40 horas semanales.
Erik Osornio Medina, secretario general de CATEM Querétaro, reconoció la aprobación e insistió en que cada empresa tiene condiciones distintas de operación.
"Tendremos que ir trabajando de la mano de las empresas para irnos ajustando según sus condiciones de productividad", señaló.
Diálogo social, clave para la jornada de 40 horas en Querétaro

El dirigente sindical enfatizó que la implementación requerirá coordinación entre empleadores, trabajadores y gobiernos.
A su juicio, el ajuste de horarios debe garantizar tanto los tiempos de descanso del trabajador como el nivel de producción de las empresas.
"Hacemos un llamado permanente al diálogo social para la implementación de la jornada de 40 horas en Querétaro", indicó Osornio Medina, quien subrayó que la gradualidad del proceso permite a los sectores productivos prepararse con anticipación.
La reforma constitucional deberá ahora ser discutida y, en su caso, ratificada por el Senado de la República y por al menos 17 congresos estatales para completar el proceso legislativo.
De concretarse, representará el primer cambio a la jornada laboral en México desde 1917, cuando se fijó el límite de 48 horas semanales.
















La reforma contempla la creación de nuevos órganos de administración y disciplina para el Poder Judicial estatal. 
