Querétaro, 31 Ene 2025.- Inscribir a deudores alimentarios en el Registro Nacional sigue siendo un proceso complejo y desgastante para madres de familia en Querétaro.
Mayra Dávila, representante legal de Adax Digitales, denunció que los trámites son largos y burocráticos, impidiendo el acceso a la justicia para mujeres y menores.
De acuerdo con Dávila, la Ley Sabina busca garantizar el cumplimiento de pensiones alimenticias, pero en la práctica, su implementación es deficiente. De más de 3,000 casos documentados, solo siete deudores han sido inscritos en el registro.
Obstáculos legales y administrativos
El proceso de inscripción exige primero una sentencia condenatoria, lo que puede tomar hasta dos años. Posteriormente, se requiere la plantilla de liquidación, que calcula el adeudo, pero implica más trámites y costos adicionales.
Además, la Fiscalía juega un papel determinante, pues las madres deben presentar la sentencia, el cálculo del adeudo, actas de nacimiento y denunciar el incumplimiento. Sin embargo, la respuesta institucional suele ser negativa.
“Incluso con pruebas, la Fiscalía alega que no hay delito porque ‘no hay dolo’, ignorando años de deudas y antecedentes financieros del deudor”, lamentó Dávila.
Propuestas para agilizar el registro
Ante estas dificultades, la activista propuso que los deudores sean inscritos de manera preventiva en el registro desde las primeras etapas del juicio, siempre que haya pruebas claras de incumplimiento.
“Si hay una sentencia y un adeudo comprobado, el juez debería ordenar directamente la inscripción, sin más trámites que solo revictimizan a las mujeres”, enfatizó.
Dávila también destacó que la exposición pública de deudores, como los tendederos de deudores alimentarios, ha resultado más efectiva que los mecanismos legales, ya que muchos hombres regularizan su situación por la presión social.
“El sistema nos está fallando. Mientras no se simplifiquen estos procesos, miles de madres seguirán enfrentando obstáculos para garantizar los derechos de sus hijos”, concluyó.
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