Secretaría de Gobierno instala jornada itinerante para que titulares de licencias de bebidas alcohólicas tramiten el refrendo anual sin trasladarse a Querétaro capital.
Abel Espinoza Suárez, secretario de Gobierno de San Juan del Río, durante su mensaje en los Matrimonios Colectivos 2026.
San Juan del Río, 23 de febrero de 2026. — Un total de 306 parejas formalizaron su unión civil durante la ceremonia de Matrimonios Colectivos 2026 en San Juan del Río, un evento organizado por la Presidencia Municipal y el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) con el objetivo de brindar certeza jurídica a las familias de la demarcación.
La celebración se realizó en las instalaciones del DIF Municipal y contó con la asistencia de funcionarios locales, los contrayentes y sus acompañantes.
Este tipo de ceremonias colectivas se han convertido en una práctica recurrente en diversos municipios de Querétaro como mecanismo para facilitar el acceso al matrimonio civil a parejas que, por razones económicas o logísticas, no han podido formalizar su relación.
Las 306 parejas que formalizaron su unión civil en la ceremonia organizada por el DIF Municipal sanjuanense.
En San Juan del Río, el programa forma parte de las acciones del DIF orientadas al fortalecimiento del tejido familiar en la segunda ciudad más poblada del estado.
El secretario de Gobierno de San Juan del Río, Abel Espinoza Suárez, informó que la administración municipal prioriza a las personas en la toma de decisiones y trabaja para mejorar la calidad de vida de cada hogar.
Durante su intervención, el funcionario vinculó la ceremonia con la estrategia de gobierno local: "un municipio se fortalece cuando se fortalecen sus hogares", señaló.
Las 306 parejas que formalizaron su unión civil en la ceremonia organizada por el DIF Municipal sanjuanense.
Certeza jurídica para familias de San Juan del Río
Por su parte, la directora del Sistema Municipal DIF, María Patricia Mendoza Mejía, indicó que los Matrimonios Colectivos 2026 reafirman el compromiso de la autoridad sanjuanense con la protección legal de las familias.
La funcionaria agradeció a las parejas participantes y precisó que la jornada representa el inicio de una nueva etapa para los contrayentes.
Espinoza Suárez agregó que este tipo de eventos deja huella en cada una de las familias beneficiadas, por lo que exhortó a la ciudadanía a buscar la estabilidad en sus hogares.
Las 306 parejas que formalizaron su unión civil en la ceremonia organizada por el DIF Municipal sanjuanense.
El secretario de Gobierno subrayó que la unión familiar constituye un eje central de la política social del municipio.
Al concluir los mensajes institucionales, las 306 parejas y sus acompañantes participaron en la partida del pastel, actividad que cerró la jornada de matrimonios colectivos en el municipio.
La ceremonia se desarrolló sin contratiempos y reunió a cientos de familias sanjuanenses en un mismo espacio.
Las parejas interesadas en participar en futuras ediciones pueden acudir a las oficinas del DIF Municipal de San Juan del Río para consultar requisitos y fechas de próximas convocatorias.
Elementos de la Fiscalía, Guardia Nacional y Ejército durante los nueve cateos simultáneos ejecutados el 18 de febrero en San Juan del Río, sin presencia de la policía municipal.
San Juan del Río, 23 de febrero de 2026. — Nueve cateos simultáneos ejecutados sin participación de la policía municipal, al menos tres asaltos con arma en la zona Centro, una extorsión por 4 millones de pesos, detenciones de colombianos por préstamos gota a gota, un feminicidio que cumplió un año sin captura del presunto responsable y la suspensión de corridas de autobuses por violencia carretera, configuran el panorama de inseguridad en San Juan del Río durante las primeras tres semanas de febrero de 2026.
Todo ocurre mientras el segundo municipio más poblado de Querétaro permanece fuera del Cabildo Metropolitano que presume una reducción del 20% en incidencia delictiva.
Los eventos registrados en San Juan del Río durante este mes revelan una dinámica delictiva diversificada que abarca desde delitos patrimoniales hasta crimen organizado, y que ha obligado a la Fiscalía General del Estado a desplegar operativos de gran escala en el municipio sin contar con la corporación local.
Hasta el momento, ni la Secretaría de Seguridad Pública Municipal ni la presidencia de San Juan del Río han emitido un posicionamiento integral sobre la situación. Este medio ha solicitado la versión oficial de ambas instancias y no ha tenido respuesta.
Cateos masivos de Sinergia: la policía municipal brilla por su ausencia
Elementos de la Fiscalía, Guardia Nacional y Ejército durante los nueve cateos simultáneos ejecutados el 18 de febrero en San Juan del Río, sin presencia de la policía municipal. Infografía Rotativo.
El operativo más relevante ocurrió el 18 de febrero, cuando la Fiscalía ejecutó nueve cateos simultáneos como parte de la estrategia Sinergia.
En las diligencias participaron 101 elementos de la Policía de Investigación del Delito, Guardia Nacional, Ejército Mexicano y Policía Estatal de Querétaro.
Las autoridades aseguraron cuatro inmuebles —entre ellos los lotes de autos "Espinoza Motors" sobre avenida San Rafael y un establecimiento en Circuito Querétaro, colonia Banthí—, además de vehículos de reciente modelo y alta gama, placas vehiculares de distintas entidades, documentación, equipos de comunicación, efectivo y joyería.
Las investigaciones permanecen abiertas por delitos que incluyen robo de vehículo, comercialización de autos con alteraciones en serie y presunta venta de narcóticos.
Lo que no pasó inadvertido es la ausencia de la Policía Municipal de San Juan del Río en el listado oficial de corporaciones que participaron en el operativo. La Fiscalía precisó que en el despliegue intervinieron exclusivamente fuerzas estatales y federales, sin mención alguna a la corporación de seguridad local.
El contraste es significativo: en junio de 2025, cuando la misma estrategia Sinergia ejecutó cateos a 12 domicilios de compra-venta de automóviles en colonias como San Juan Bosco, Pedregal de San Juan y Granjas Banthí, la Policía Municipal sí figuró entre las fuerzas participantes y se aseguraron nueve armas de fuego con tres detenidos.
Que la corporación más cercana al territorio haya quedado fuera del operativo más grande ejecutado en el municipio en lo que va del año plantea interrogantes sobre el nivel de coordinación —o de confianza— entre las instituciones que combaten el delito en San Juan del Río.
Elementos de la Fiscalía, Guardia Nacional y Ejército durante los nueve cateos simultáneos ejecutados el 18 de febrero en San Juan del Río, sin presencia de la policía municipal. rotativo.com.mx
Robos con violencia se repiten en la zona Centro de San Juan del Río
En un lapso de apenas cinco días, la policía municipal registró al menos dos asaltos con arma en la colonia Centro. El 11 de febrero, dos hombres amenazaron a un taxista con una réplica de arma de fuego para despojarlo de su cartera; ambos fueron detenidos tras un reporte ciudadano al 911.
El 16 de febrero, cuatro personas —una mujer y tres hombres— asaltaron y lesionaron con navaja a un ciudadano en la misma zona. A los detenidos se les aseguraron un arma de fuego, una réplica, una navaja y dos carteras. La víctima sufrió una herida en la mano.
A esos episodios se sumó el asalto con violencia a una tienda de conveniencia sobre la carretera 120, a la altura de Santa María del Camino, donde dos sujetos conocidos como "El Jarocho" y "El Toño" sustrajeron cerca de 10 mil pesos en efectivo y mercancía antes de ser interceptados camino a Tequisquiapan.
También se documentó un robo captado por cámaras de seguridad en Granjas Banthí, en la zona oriente del municipio. La reiteración de asaltos armados en el corazón de San Juan del Río configura un patrón que no se observaba con esta frecuencia en meses previos.
La extorsión representa otro frente abierto.
El 16 de febrero, un juez vinculó a proceso a un hombre que exigió inicialmente 150 mil pesos en dos horas y después escaló la demanda a 4 millones de pesos en 48 horas, bajo amenazas directas contra una víctima y su familia en la colonia Loma Linda. El imputado recibió prisión preventiva justificada.
La Fiscalía organizó además una jornada de prevención sobre extorsión dirigida al sector empresarial y hotelero de Querétaro, donde un experto federal de la Unidad Antisecuestro abordó mecanismos de cobro de piso, extorsión telefónica y hackeo de datos.
Que la dependencia estatal dedique recursos a sensibilizar al sector productivo sobre este delito sugiere que el fenómeno ha dejado de ser aislado.
¿Qué pasa con el feminicidio de Perla Citlali en San Juan del Río?
A un año del asesinato de Perla "N" —odontóloga y bailarina de huapango—, ocurrido el 11 de febrero de 2025 en la colonia Quintas de Guadalupe, el presunto responsable permanece prófugo pese a contar con orden de aprehensión y ficha roja de Interpol activada en febrero de 2026.
La familia rompió el silencio para denunciar irregularidades en la investigación, y la Defensoría de los Derechos Humanos inició una queja formal contra la Fiscalía por presunta violación al acceso a la justicia.
Según los allegados, la solicitud de no mediatizar el caso para proteger el debido proceso no se tradujo en resultados concretos. En paralelo, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal reportó la detención de cinco colombianos dedicados a prestamos gota a gota en lo que va del año, derivado de denuncias ciudadanas por amenazas e intimidación.
Algunos portaban droga al momento de la intervención. Orlando Chávez Landaverde, titular de la SSPM, precisó que fueron canalizados al Instituto Nacional de Migración.
El 20 de febrero, la Policía Estatal detuvo a 12 personas por delitos contra la salud en operativos realizados en Querétaro, El Marqués y San Juan del Río.
El domingo 22 de febrero, la Central Camionera de San Juan del Río suspendió parcialmente corridas hacia Ciudad de México, Toluca, Hidalgo, Tula y León por reportes de quema de autobuses en carreteras del país.
Líneas como Pegaso, Coordinados, Flecha Roja, Flecha Amarilla y Primera Plus cancelaron salidas, lo que afectó a entre cinco mil y ocho mil pasajeros solo en el turno vespertino.
Si bien se trata de un fenómeno de alcance nacional, el impacto directo en la movilidad del municipio alimentó la percepción de inseguridad en San Juan del Río y sus conexiones carreteras.
San Juan del Río, fuera del Cabildo Metropolitano que presume resultados
El dato que más llama la atención en términos de política pública es la ausencia de San Juan del Río en el Cabildo Metropolitano, integrado por Querétaro, El Marqués, Corregidora y Huimilpan, cuyos alcaldes presumieron la semana pasada una reducción del 20% en incidencia delictiva gracias a la coordinación entre corporaciones.
El alcalde capitalino, Felipe Fernando Macías Olvera, atribuyó la baja a una comunicación sin precedentes entre los gobiernos municipales y el Estado.
Sin embargo, el segundo municipio más poblado de Querétaro, con más de 300 mil habitantes y una actividad industrial y comercial que lo convierte en polo de atracción —y también de riesgo—, opera sus estrategias de seguridad sin ese mecanismo de coordinación.
La propia Dirección de Proyectos Regionales del gobierno estatal ha constatado en sus recorridos de campo que la seguridad es la demanda ciudadana número uno en San Juan del Río.
Hoy, cinco corporaciones mantienen operativos permanentes en los límites de San Juan del Río con Hidalgo y Estado de México, según informó la SSPM.
La medida responde a que las zonas limítrofes representan corredores donde confluyen jurisdicciones y la actividad delictiva puede intensificarse.
Los operativos de gran escala en su territorio, sin embargo, los ejecutan corporaciones estatales y federales; la demanda ciudadana número uno es seguridad; y el mecanismo de coordinación metropolitana que presume resultados lo deja fuera.
La ponencia magistral abordó el uso de la violencia sexual como herramienta de guerra, la normalización de la pornografía y los riesgos de la gestación subrogada no regulada.
México — 23 de febrero de 2026. —En 2024, 30 mil mujeres fueron asesinadas en el mundo, 60% de ellas por sus parejas íntimas o familiares, lo que equivale a 137 mujeres y niñas cada día. La cifra la presentó Reem Alsalem, relatora especial de Naciones Unidas sobre la Violencia contra las Mujeres y las Niñas, durante una ponencia magistral en la Cámara de Diputados de México, donde advirtió que el derecho internacional vive una profunda regresión y que sus consecuencias recaen de manera desproporcionada sobre las mujeres.
Alsalem señaló además que existe un grave subregistro de femicidios vinculados al crimen organizado, desapariciones forzadas y redes de trata.
La relatora jordana reconoció avances impulsados por movimientos feministas en las últimas décadas, pero advirtió que la violencia contra las mujeres es "epidémica en todo el mundo". La impunidad persiste como barrera estructural: las sobrevivientes enfrentan revictimización, retrasos procesales, falta de financiamiento institucional y estereotipos arraigados.
La situación se agrava para mujeres indígenas, rurales y quienes viven en pobreza o enfrentan discriminación interseccional. Hasta el momento, el gobierno mexicano no ha emitido postura pública respecto a los señalamientos de la relatora sobre el incumplimiento de obligaciones internacionales en materia de prevención.
Militarización y austeridad: los factores que intensifican la violencia
Alsalem identificó tres fenómenos que, a su juicio, explican la intensificación de la violencia: la militarización creciente de los Estados, la multiplicación de crisis y las políticas de austeridad. El desvío de fondos públicos hacia gasto militar, señaló, ha derivado en recortes graves a refugios para mujeres, asistencia jurídica y servicios de protección, debilitando además a las organizaciones civiles que operan en este campo. "Son decisiones políticas para elegir otras prioridades", indicó la funcionaria de la ONU.
En el plano de los conflictos armados, la relatora documentó ataques sistemáticos a infraestructura civil —hospitales y salas de maternidad—, el uso del hambre como método de guerra y el despliegue de violencia sexual como herramienta de terror. Señaló que la violación y la violencia sexual son utilizadas para el sometimiento, que la violencia reproductiva incluye embarazos y abortos forzados, y que en casos como el de Afganistán este fenómeno alcanza dimensiones de destrucción sistemática por razón de sexo. Calificó la normalización de este tipo de violencia como "grave".
¿Qué plantea la relatora sobre prostitución, pornografía y vientres de alquiler?
Alsalem dedicó una parte sustancial de su ponencia a lo que describió como nuevas formas de violencia patriarcal normalizadas. Sobre la prostitución, sostuvo que el derecho internacional reconoce que el consentimiento carece de valor en situaciones de explotación, y defendió el modelo nórdico como la única política que ha podido reducir la demanda de actos sexuales, al tratar a las mujeres como víctimas, penalizar la compra y aplicar sanciones al proxenetismo. Las políticas de legalización, afirmó, han resultado en mayor explotación y aumento del tráfico de mujeres y niñas.
Respecto a la pornografía, la calificó como "prostitución filmada" y una herramienta de opresión que normaliza la violencia física. Instó a los Estados a penalizar expresamente su consumo, producción y alojamiento. En cuanto a los vientres de alquiler, sostuvo que América Latina se ha convertido en destino de la industria de gestación subrogada, que explota principalmente a mujeres en situación de pobreza mediante contratos abusivos, y que la legalización no elimina los riesgos sino que los formaliza.
La abogada Patricia Olamendi Torres, cofundadora de "Nosotras tenemos otros datos", informó que México tiene uno de los índices más altos de pornografía y prostitución infantil, especialmente en zonas turísticas, y que en el último año se duplicaron los casos de trata de personas en el país.
La iniciativa busca que mujeres en situación de informalidad accedan a herramientas legales para transitar hacia formas de gestión empresarial reconocidas en Cuba.
La Habana, 23 de febrero de 2026. —La Red Cubana de Mujeres Emprendedoras (RCME) y la Embajada Británica en La Habana pusieron en marcha el proyecto "Apoyo en la formación y promoción de mujeres emprendedoras en Cuba", una iniciativa que combina capacitación técnica, herramientas legales y promoción de políticas inclusivas en el sector privado para apoyar a empresarias que operan desde la informalidad o que buscan consolidar sus negocios.
El primer taller se realizó el 12 de febrero, con enfoque en género, inclusión y las barreras específicas que enfrentan las mujeres en el ecosistema emprendedor cubano.
Aunque el emprendimiento privado ha crecido en Cuba en los últimos años, las mujeres siguen sobrerrepresentadas en la informalidad, con menor acceso a financiamiento, contratos, redes de negocio y propiedad de activos productivos.
Este proyecto responde precisamente a esa brecha, según explicó Katia Pérez Díaz, coordinadora general de la RCME y jurista de formación, quien señaló que apoyar los emprendimientos liderados por mujeres "es una estrategia comprobada para el desarrollo sostenible, la reducción de la pobreza y el crecimiento económico inclusivo".
Talleres de formalización: de la cuenta propia a la MIPYME
El proyecto contempla tres talleres. Los dos siguientes abordarán los marcos legales para la formalización de negocios en cualquiera de las formas de gestión reconocidas por la economía cubana —incluyendo micro, pequeñas y medianas empresas—, así como contratación económica, derechos de propiedad industrial, comunicación, marketing digital, comercio electrónico y gestión financiera básica.
Pérez Díaz precisó que una característica frecuente del emprendimiento femenino en Cuba es que muchas mujeres trabajan como trabajadoras por cuenta propia sin la información ni las herramientas para transitar hacia formas de gestión más robustas. La formación apunta específicamente a ese tránsito.
Además del componente de capacitación, el proyecto producirá una guía con todos los contenidos impartidos, disponible como herramienta de consulta una vez concluida la iniciativa.
¿Quiénes participan y cómo se replicará en otras provincias?
La selección de participantes incluyó mujeres en etapa de consolidación, emprendedoras en la informalidad, líderes de proyectos socioculturales con dificultades para generar ingresos sostenibles, y perfiles con capacidad de multiplicar los aprendizajes.
Aunque el proyecto está centrado principalmente en La Habana, también participan emprendedoras de Mayabeque, Villa Clara y Holguín.
Pérez Díaz subrayó que la intención es que los materiales circulen hacia un grupo más amplio de mujeres en todo el país a través de las redes de la RCME. Fundada en 2022, la red agrupa a más de 200 emprendedoras en toda la isla y ha defendido la construcción de capacidades como una de las pocas herramientas sostenibles para reducir desigualdades estructurales.
El concepto de políticas inclusivas que promueve el proyecto parte de un enfoque interseccional: reconoce que el género se cruza con el color de piel, la discapacidad, la edad, el territorio y la procedencia social para producir desigualdades diferenciadas.
A juicio de la coordinadora, promover estas políticas no solo implica cambios al interior de cada emprendimiento, sino también incidir en marcos normativos y estrategias públicas que favorezcan la inclusión de manera estructural.
México — 23 de febrero de 2026. —Más de 30 organizaciones feministas, madres de víctimas de feminicidio y mujeres buscadoras expusieron durante más de cuatro horas ante la relatora especial de Naciones Unidas sobre violencia contra las mujeres, Reem Alsalem, que la impunidad en delitos de violencia familiar, sexual y física en México alcanza el 90%, y que los mecanismos institucionales diseñados para protegerlas han sido desmantelados sin que exista una política pública real que los sustituya.
El encuentro se realizó en el auditorio Heberto Castillo de la Cámara de Diputados, convocado por la presidenta de la Mesa Directiva, Kenia López Rabadán.
La periodista Soledad Jarquín Edgar, quien lleva más de siete años reclamando justicia por el feminicidio de su hija María del Sol Cruz Jarquín, fotoperiodista asesinada en 2018 en Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, resumió la situación ante la relatora jordana: pese a una legislación amplia, casi todos los tipos de violencia están tipificados, pero la impunidad en el delito de feminicidio específicamente es del 56%. Hasta el momento, las autoridades federales no han emitido respuesta pública a los señalamientos de las organizaciones sobre el desmantelamiento de la Alerta de Violencia de Género.
A juicio de Jarquín Edgar, el problema central es la ausencia de presupuesto e inversión: las campañas de concientización son, según su interpretación, "flor de un día", sin profundidad ni permanencia, mientras que en 25 años de política institucional a favor de las mujeres no se construyó una estrategia masiva real. El dato del INEGI es contundente: siete de cada 10 mujeres mayores de 15 años han sufrido violencia al menos una vez en su vida.
Violencia vicaria, digital y trata: las deudas legislativas pendientes
Las representantes de más de 93 organizaciones sociales presentes y virtuales pusieron sobre la mesa formas de violencia que siguen sin legislación específica o con marcos insuficientes. Gabriela Pablos Saucedo, vocera de Madres Libertarias —organización que agrupa a 400 mujeres a quienes se les arrebataron sus hijos— denunció, según su versión, que los casos de violencia vicaria son judicializados contra las propias madres para mantenerlas bajo el control de sus agresores. Pidió la intervención de la relatora para que este tipo de violencia sea reconocido formalmente.
Por su parte, Carolina Ramírez Suárez, fundadora de Sobrevivientes de Feminicidio en México A.C., documentó los patrones que se repiten en las tentativas de feminicidio: investigaciones sin perspectiva de género, ausencia de reparación integral del daño, y una tasa de impunidad del 90% incluso en casos donde la víctima sobrevivió. A su juicio, las afectaciones económicas y laborales que enfrentan las sobrevivientes obstaculizan directamente el acceso a la justicia.
La doctora Aimeé Vega planteó una revisión a fondo de la Ley Olimpia, señalando que el marco actual dejó fuera más de 30 formas de violencia digital. En el mismo tenor, representantes de 12 entidades coincidieron en que la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres se ha debilitado de manera sistemática, al tiempo que los centros de justicia especializados fueron absorbidos por la nueva Secretaría de las Mujeres sin garantías de continuidad operativa.
En representación de las feministas abolicionistas, Beatriz Cosio señaló que la eliminación de la explotación sexual es, a su juicio, la verdadera frontera de la democracia, y cuestionó los discursos que equiparan la prostitución con trabajo o que promueven la reproducción subrogada como práctica legítima.
La relatora Reem Alsalem escuchó cada intervención y ofreció revisar los documentos y propuestas entregados. En breve diálogo con medios, indicó que buscará a las autoridades mexicanas para revisar sus compromisos internacionales, y aclaró que su visita fue de carácter no oficial. Cabe señalar que este medio solicitará postura oficial del gobierno federal sobre los señalamientos vertidos durante el encuentro.