Senador Dorantes propone Ley Kuri con consentimiento parental para menores

La iniciativa obliga a menores de 16 años a contar con autorización de padres para abrir cuentas en redes sociales en Querétaro.

Agustín Dorantes Lámbarri, senador panista, durante anuncio de reforma a Ley Kuri para proteger menores en redes sociales.

Agustín Dorantes Lámbarri, senador panista, durante anuncio de reforma a Ley Kuri para proteger menores en redes sociales.

San Juan del Río, 6 de enero de 2026. —El senador Agustín Dorantes Lámbarri anunció una evolución de la Ley Kuri para proteger a menores de edad del uso de redes sociales, proponiendo que menores de 16 años requieran consentimiento parental para abrir cuentas en plataformas digitales.

La iniciativa busca obligar a las empresas tecnológicas a implementar mecanismos de protección específicos para usuarios menores de edad, informó el legislador panista.


La propuesta contempla reformas a la ley existente en Querétaro para complementarla con la reforma federal en materia de protección digital y establecer un marco regulatorio más robusto.

Dorantes Lámbarri explicó que la ley incluirá obligaciones para plataformas digitales de verificar la edad de usuarios y garantizar mecanismos de seguridad para menores.

El senador reveló que actualmente imparte capacitaciones de alfabetización digital en escuelas primarias y secundarias de Querétaro, enfocadas en control parental y acompañamiento digital.

El programa busca que padres y maestros comprendan el funcionamiento de las redes sociales y herramientas tecnológicas para guiar adecuadamente a niños y adolescentes.

Según el legislador, la Ley Kuri también abordará el bullying digital con mecanismos de prevención, atención psicológica y acompañamiento emocional en instituciones educativas.

La Secretaría de Educación Pública federal y la USEBEQ a nivel estatal colaborarán en la implementación de protocolos de atención.

Organizaciones de protección a la infancia respaldaron la propuesta y solicitaron que se incluyan sanciones económicas a plataformas que incumplan las medidas de protección, así como mecanismos de denuncia accesibles para menores víctimas de acoso digital.