Querétaro, 7 de mayo de 2026. —El PAN en Querétaro entró al debate que domina la política nacional: Martín Arango, dirigente estatal del partido, exigió la detención inmediata de Rubén Rocha Moya —ex gobernador de Sinaloa imputado el 29 de abril por la Fiscalía Federal de Nueva York por presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa— y acusó al gobierno de Claudia Sheinbaum de mantener un manto de impunidad sobre el caso. Para el líder blanquiazul, la inacción federal no es un problema técnico. Es una decisión política.
El expediente contra Rocha Moya señala al ex mandatario y a otros nueve funcionarios sinaloenses de operar para Los Chapitos a cambio de sobornos y protección, con penas que van de 40 años a cadena perpetua.
Tras solicitar licencia el 1 de mayo, Rocha Moya permanece libre en Sinaloa. El gobierno federal ha frenado la detención provisional argumentando que Estados Unidos no acreditó riesgo de fuga ni obstaculización del proceso. Hasta el momento, Morena en Querétaro no ha emitido postura sobre las declaraciones de Arango.
El dirigente estatal rechazó esa justificación desde una conferencia de prensa. Citó el artículo 133 de la Constitución —que eleva los tratados internacionales ratificados a ley suprema— y el artículo 11 del Tratado de Extradición entre México y Estados Unidos, el cual contempla la detención provisional como un acto administrativo que no requiere pasar por el proceso ordinario de órdenes de aprehensión.
También invocó la tesis 1303/2003 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el mismo sentido. Con esos argumentos en mano, Arango sostuvo que no hay excusa legal para no actuar: lo que ocurre, dijo, "tiene nombre y se le llama traición a la paz".
Ocho días sin detención.
El planteamiento jurídico de Arango replica punto a punto los argumentos que la bancada panista en el Senado, encabezada por Ricardo Anaya, ha expuesto ante medios nacionales en los últimos tres días.
La coincidencia de argumentos sugiere una estrategia de mensaje coordinada desde el partido a nivel nacional, con Querétaro sumando su voz desde el flanco estatal.
Con elecciones intermedias en el horizonte de 2027, el caso Sinaloa se perfila como el eje central de la narrativa opositora: el PAN convierte el expediente de Nueva York en la prueba de un patrón de gobierno, no de un caso aislado.
Con la Comisión Permanente del Senado reunida este miércoles y el gobierno federal a la espera de documentación adicional de Washington para activar la detención provisional, el expediente de Rocha Moya abre dos frentes simultáneos: el jurídico —donde la Consejería Jurídica de la Presidencia pide más pruebas a Estados Unidos— y el político, donde la oposición ya no espera. El propio Rocha Moya ha negado "categórica y absolutamente" las imputaciones desde que el caso se hizo público.
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