Memo Vega impulsa sancionar injerencia sindical e identidad de género en Querétaro

Diputado presidente de la Comisión sostuvo que reconocer identidad de género da certeza jurídica a personas vulnerables.

Diputado Guillermo Vega Guerrero preside sesión de Comisión en Congreso de Querétaro sobre identidad de género

Sesión de trabajo de la Comisión donde se aprobaron los dictámenes sobre injerencia sindical e identidad de género.

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Querétaro, 22 de abril de 2026. — El diputado Guillermo Vega Guerrero, presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, defendió en sesión de trabajo dos dictámenes que marcarán la agenda legislativa del estado: la sanción a funcionarios que intervengan en la vida sindical y el reconocimiento legal de la identidad de género auto percibida ante el registro civil.

Ambos proyectos fueron aprobados por los integrantes de la comisión en la LXI Legislatura, acompañados también por la diputada Teresita Calzada Rovirosa y el diputado Arturo Maximiliano García Pérez.


Sobre la iniciativa que adiciona un artículo 88 Bis a la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro y un artículo 37 Bis a la Ley de Responsabilidades Administrativas, Memo Vega sostuvo que el objetivo es blindar a las organizaciones sindicales frente a cualquier presión proveniente de servidores públicos. La reforma homologa la legislación estatal con la ley federal en materia de libertad sindical.

"Los sindicatos deberán gozar de adecuada protección contra todo acto de injerencia por parte de las personas servidoras públicas en su constitución, funcionamiento, administración y libre desarrollo de las elecciones sindicales", expresó el legislador durante su intervención.

La contravención a estas disposiciones será considerada falta administrativa grave y se sancionará bajo la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Entre las conductas que el dictamen enumera como actos de injerencia sindical se encuentran obligar o condicionar la asistencia a mítines, ejercer presión jerárquica, coaccionar a trabajadores para participar o abstenerse en eventos de campaña sindical, y ofrecer beneficios laborales, ascensos o estímulos a cambio de apoyo al voto sindical.


Diputado Guillermo Vega Guerrero preside sesi\u00f3n de Comisi\u00f3n en Congreso de Quer\u00e9taro sobre identidad de g\u00e9nero El diputado Guillermo Vega Guerrero, presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia de la LXI Legislatura. rotativo.com.mx

Memo Vega cierra el pendiente de tres legislaturas en identidad de género

El segundo dictamen que Vega Guerrero defendió enfrentó mayor tensión en la sesión. Se trata de la iniciativa que adiciona diversos artículos al Código Civil del Estado de Querétaro para reconocer el derecho de toda persona al reconocimiento de su identidad de género auto percibida mediante procedimiento administrativo ante el registro civil. El dictamen pasó por mayoría, con voto en contra del diputado Enrique Antonio Correa Sada.

El presidente de la comisión recordó que la iniciativa lleva tres legislaturas presentada sin avanzar, y que hoy la discusión se centra en combatir la discriminación que la propia Constitución prohíbe en su artículo primero.

Señaló que México ha asumido compromisos internacionales en materia de derechos humanos que obligan al Estado mexicano a garantizar el reconocimiento legal de la identidad sin requisitos discriminatorios.

¿Qué argumentos sostuvo Memo Vega frente al voto en contra?

"No aprobar esta iniciativa implicaría mantener una omisión legislativa frente a derechos ya reconocidos", advirtió el diputado, quien cerró su posicionamiento con una frase que contrapuso a las objeciones de Correa Sada: "Reconocer la identidad de género no le quita derechos a nadie, pero sí le da certeza jurídica a quienes hoy viven en vulnerabilidad".

El diputado Correa Sada había fijado postura en contra al considerar que el dictamen carece de protocolos claros en materia de salud, no define responsabilidades médicas y deja vacíos jurídicos frente a terceros.

En la misma sesión, la comisión aprobó también el dictamen sobre cohabitación forzada, que tipifica como delito la conducta de obligar, coaccionar o inducir a una persona a unirse informalmente con otra para convivir de forma equiparable al matrimonio.

Las sanciones irán de 8 a 15 años de prisión y de mil a 2 mil 500 días de multa, con agravantes si la víctima pertenece a pueblo indígena o afromexicano, o si existe relación de parentesco.

Los dictámenes aprobados por la Comisión de Administración y Procuración de Justicia deberán ser turnados al Pleno de la LXI Legislatura para su discusión y votación definitiva.