Querétaro, 5 de junio de 2026.- La coordinadora de la Fracción Legislativa del Partido del Trabajo, Claudia Díaz Gayou, ingresó nueve iniciativas de ley ante la Oficialía de Partes del Poder Legislativo del estado para que las jubilaciones y pensiones financiadas con recursos públicos observen criterios de proporcionalidad, sostenibilidad financiera, responsabilidad hacendaria y austeridad republicana.
En rueda de prensa, la legisladora explicó que las propuestas buscan armonizar la legislación local con la Constitución federal en materia de jubilaciones y pensiones, con la finalidad de acabar con las llamadas pensiones doradas. La presentación llega meses después de que la bancada petista marcara distancia de la mayoría legislativa en otras discusiones del Pleno.
¿Qué son las pensiones doradas y a quién afectan?
Díaz Gayou señaló que la reforma no está dirigida a los trabajadores en general, por lo que no afecta a maestras, maestros, ni al personal operativo, administrativo, sindicalizado o de base.
Tampoco modifica los requisitos para jubilarse, elimina pensiones o desaparece derechos laborales adquiridos. El alcance es acotado, según aclaró la coordinadora:
"La reforma se refiere específicamente a las jubilaciones y pensiones del personal de confianza financiadas con recursos públicos dentro de organismos descentralizados, empresas públicas, empresas de participación estatal o municipal y fideicomisos públicos", expuso la legisladora.
La diputada recordó que la Constitución mexicana ahora establece que esas jubilaciones y pensiones no podrán exceder de la mitad de la remuneración fijada para la persona titular del Poder Ejecutivo Federal, un cambio impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum y aprobado en el Congreso de la Unión el 10 de abril de 2026. A partir de esa modificación, todas las entidades quedaron obligadas a realizar la armonización correspondiente.
Qué leyes reforma el paquete del PT
El bloque de iniciativas plantea reformas a la Constitución Política del Estado de Querétaro, a la Ley de Trabajadores del Estado, a la Ley de Administración Pública Paraestatal, a la Ley Orgánica Municipal y a diversos ordenamientos que regulan organismos públicos específicos.
"Se trata de cumplir una reforma constitucional vigente, armonizar nuestro marco jurídico local y garantizar que los recursos públicos se administren conforme a los principios que establece nuestra Constitución Federal", reiteró ante los reporteros en el Congreso del estado.
Sobre el objetivo de fondo, la coordinadora sostuvo que la intención es "armonizar para poder poner este freno y mejorar así las condiciones del recurso público".
68 organismos públicos dentro del ámbito de aplicación
De manera preliminar, la legisladora indicó que se han identificado alrededor de 43 entidades paraestatales y 25 paramunicipales que podrían ubicarse dentro del ámbito de las reformas, lo que suma 68 organismos públicos.
El universo abarca universidades públicas, organismos descentralizados, fideicomisos, entidades educativas y diversas instituciones de la administración pública estatal y municipal.
Díaz Gayou afirmó que ya solicitó información a las instituciones y dependencias potencialmente involucradas para conocer con precisión los efectos financieros y presupuestarios que tendrían las modificaciones una vez aprobadas.
