México, 30 de abril de 2026. — La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo exigió este jueves al Departamento de Justicia de Estados Unidos "pruebas contundentes e irrefutables" para que la Fiscalía General de la República (FGR) proceda contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve funcionarios y exfuncionarios señalados por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.
Se trata de un caso sin precedentes recientes en la relación bilateral, ya que la solicitud de extradición alcanza a un mandatario estatal en funciones.
La Fiscalía Federal para el Distrito Sur de Nueva York, encabezada por Jay Clayton, dio a conocer al mediodía del miércoles 29 de abril el levantamiento de cargos contra los diez ciudadanos mexicanos.
El expediente fue presentado bajo la figura de "acusación de reemplazo bajo reserva" (superseding indictment under seal), instrumento del sistema federal estadounidense que sustituye una imputación previa, debe ser ratificado por un gran jurado y se mantiene bajo sello hasta su desclasificación.
La acusación, certificada el 23 de abril, vincula a los señalados con Los Chapitos, facción liderada por los hijos de Joaquín "El Chapo" Guzmán.
Los acusados son funcionarios en activo o exfuncionarios del estado de Sinaloa:
- Rubén Rocha Moya, gobernador en funciones, 76 años.
- Enrique Inzunza Cázarez, senador y exsecretario general de gobierno, 53 años.
- Juan de Dios Gámez Mendívil, alcalde de Culiacán, 41 años.
- Dámaso Castro Saavedra, fiscal general adjunto de Sinaloa, 54 años.
- Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública estatal, 66 años.
Los cinco restantes son mandos y exmandos de fuerzas de seguridad de la entidad.
El expediente acusa a los señalados de conspirar para importar fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina hacia Estados Unidos, así como de poseer ametralladoras y artefactos explosivos, a cambio de protección política y sobornos.
Los cargos contemplan una pena mínima obligatoria de 40 años de prisión y, en caso de condena, posibilidad de cadena perpetua.
La acusación se enmarca en la presión sostenida que la administración de Donald Trump ha ejercido sobre México por el tráfico de fentanilo, sustancia que el gobierno estadounidense ha vinculado al alza de muertes por sobredosis en su territorio y que Washington utilizó como justificación para imponer aranceles a productos mexicanos.
La Casa Blanca ha designado a varios cárteles —entre ellos el de Sinaloa— como organizaciones terroristas extranjeras desde inicios de su segundo mandato.
Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, Sheinbaum leyó un comunicado para fijar la postura del gobierno federal. "Mi posición es: verdad, justicia y defensa de la soberanía.
Si la Fiscalía General de la República, que es la autoridad competente, recibe pruebas contundentes e irrefutables conforme a la legislación, deberá proceder conforme a derecho bajo nuestra jurisdicción", expresó la mandataria.
La presidenta mostró ante los reporteros el documento difundido por el fiscal Jay Clayton y cuestionó el sustento probatorio. "Es una hoja de papel, vean el papel, un papel", señaló al exhibir un anexo con los alias "Juanito", "R1" y "Tornado", presentado por la fiscalía estadounidense como evidencia de presuntos sobornos.
Sheinbaum agregó: "Nosotros no vamos a cubrir a nadie que haya cometido un delito. Sin embargo, si no existen pruebas claras, es evidente que el objetivo de estas imputaciones por parte del Departamento de Justicia es político".
La mandataria precisó que el martes 28 de abril la Secretaría de Relaciones Exteriores recibió las diez solicitudes de extradición, las cuales fueron turnadas a la FGR para su análisis.
Tras la publicación del expediente, la cancillería envió un extrañamiento formal a la representación diplomática estadounidense, ya que los procesos de extradición son confidenciales conforme a los tratados vigentes en la materia.
"Bajo ningún motivo vamos a permitir la intromisión o injerencia de un gobierno extranjero en las decisiones que le competen exclusivamente al pueblo de México", subrayó.
Por su parte, Rubén Rocha Moya rechazó "categórica y absolutamente" las imputaciones del Departamento de Justicia y argumentó que carecen de veracidad y fundamento.
El gobernador confirmó haber sostenido comunicación con la presidenta tras conocerse la acusación. Hasta el momento, la embajada de Estados Unidos en México no ha aportado elementos adicionales más allá del documento publicado por la Fiscalía Federal para el Distrito Sur de Nueva York.
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