México, 13 de abril de 2026. —Una mujer nahua de 36 años originaria de la comunidad de Ayotzinapa, en el municipio guerrerense de Tlapa, comenzó a cortar verduras chinas en campos agrícolas de Sinaloa cuando tenía 14 años. Su hija mayor, de 15, ya la acompaña en los surcos.
El testimonio de Obdulia Marcos Ramírez, difundido este mes por el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan a través de la agencia SEMlac, expone cómo la explotación laboral en los campos agrícolas mexicanos se transmite de una generación a la siguiente entre las familias jornaleras indígenas del sur del país.
Marcos Ramírez nació en agosto de 1989 en una choza de adobe y zacate en la Montaña de Guerrero, una de las regiones con mayor rezago social de México. Su trayectoria laboral arrancó en el campo Chapo, en Sinaloa, donde llegó como adolescente para alcanzar a una hermana mayor que ya trabajaba en el corte de verduras shanghai destinadas al mercado de exportación.
Las condiciones que describe son las que organizaciones civiles han documentado durante años en los enclaves agroexportadores del noroeste mexicano: jornadas que arrancan antes del amanecer, pago por caja cortada, mayordomos que castigan el bajo rendimiento y ausencia de servicios básicos para las familias migrantes.
"Los mayordomos me golpeaban y maltrataban porque no rendía", relata Marcos Ramírez en el testimonio recogido por Tlachinollan.
Tres de sus cuatro hijos nacieron durante temporadas de trabajo en Sinaloa. El cuarto nació en los surcos. La jornalera describe que cuando sus hijas se enfermaban en las primeras etapas, la guardería de la empresa agrícola se negaba a recibirlas hasta que se recuperaran, lo que dejaba a una sola persona del núcleo familiar generando ingresos durante días o semanas.
La movilidad geográfica de la familia ha seguido el calendario agrícola del país. En los últimos años, Marcos Ramírez y su esposo, también jornalero, dejaron de viajar a Sinaloa por los episodios de violencia armada que han afectado a campos de cultivo. La última temporada en el campo Sánchez Celis, según narra, se interrumpió por balaceras. La familia migró entonces a Guanajuato, donde trabajan principalmente en el campo Jamaica.
El salario actual reportado por la jornalera es de 308 pesos diarios. Una caja de verdura asiática se paga entre 22 y 43 pesos, según el producto. Su hija Alicia, de 15 años, llega a cortar 15 cajas en un día.
La propia Marcos Ramírez corta 12. La adolescente comenzó a acompañarla en los surcos a los 14, sin haber podido continuar su educación formal. "Quise darle estudios, pero como trabajadora agrícola es imposible", reconoce la madre en el testimonio.
El esposo de Marcos Ramírez intentó migrar a Estados Unidos. Fue deportado tras un proceso de detención que la jornalera describe en términos de maltrato físico. La familia regresó al circuito agrícola interno, donde el trabajo infantil opera como una necesidad económica estructural ante la ausencia de redes de cuidado y de educación accesible para las familias jornaleras migrantes.
El testimonio fue producido y difundido por Tlachinollan, organización con sede en la Montaña de Guerrero que documenta desde 1994 violaciones a derechos humanos de pueblos indígenas. Hasta el momento, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social no ha emitido postura sobre los señalamientos de explotación laboral y trabajo infantil que se desprenden del testimonio.
