México, 4 de mayo de 2026. —Cuarenta años de prisión como pena mínima y cadena perpetua como tope. Ese es el rango que enfrenta el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, en la acusación que la Fiscalía Federal para el Distrito Sur de Nueva York presentó el 29 de abril contra él y otros nueve funcionarios y exfuncionarios sinaloenses, señalados de operar para Los Chapitos a cambio de sobornos y protección política.
Una semana después del anuncio, el caso ya partió en dos al grupo morenista de Sinaloa: Rocha Moya y el alcalde de Culiacán pidieron licencia, mientras el senador Enrique Inzunza Cázarez se atrinchera en su escaño desde Badiraguato.
La acusación, presentada bajo la figura de superseding indictment under seal y certificada el 23 de abril, se incorpora a la causa 1:23-cr-1800, conocida como USA vs. Guzmán Salazar et al., abierta originalmente contra los hijos de Joaquín "El Chapo" Guzmán.
Es la primera vez que un gobernador mexicano en funciones queda incluido en un expediente penal estadounidense ligado a un cártel designado por Washington como organización terrorista extranjera, según la cobertura previa de Rotativo sobre el levantamiento de cargos.
Hasta el momento, la embajada de Estados Unidos en México no ha aportado elementos adicionales al documento difundido por el fiscal Jay Clayton.
La Fiscalía General de la República (FGR), a través de Raúl Armando Jiménez Vázquez, titular de la Fiscalía Especializada de Control Competencial, determinó el viernes 1 de mayo que la solicitud estadounidense de detención provisional con fines de extradición carece de fundamentos.
"No hay ninguna referencia, no hay ningún motivo, no hay ningún fundamento, no hay ninguna evidencia que nos permita apreciar el porqué de la urgencia de la detención provisional", afirmó el funcionario en conferencia.
La FGR pidió a Washington, vía la Cancillería, las pruebas y documentos que sustenten los señalamientos, e informó que abrió investigación propia sobre los hechos.
Esa misma noche, Rocha Moya solicitó licencia temporal por más de 30 días al Congreso de Sinaloa. El sábado 2 de mayo el pleno aprobó la separación con 33 votos a favor, tres en contra y dos abstenciones, y designó a Yeraldine Bonilla Valverde —hasta entonces secretaria general de Gobierno— como gobernadora interina, la primera mujer en ocupar el cargo en la historia del estado. El alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, también separado del cargo, fue relevado por Miriam Ramos Villarreal.
Inzunza descarta separarse del Senado
El senador Enrique Inzunza Cázarez, secretario general de gobierno durante buena parte de la administración de Rocha Moya y hoy presidente de la Comisión de Estudios Legislativos del Senado, optó por la ruta contraria.
"Refutaré absolutamente todas las falsedades desde el recto ejercicio de mi cargo de Senador de la República", publicó el 2 de mayo en su cuenta oficial de X, donde calificó las imputaciones como "calumnias" y las vinculó con su intervención del 28 de abril contra la operación de la CIA en Chihuahua.
El legislador morenista no apareció en sus oficinas tras la sesión del Senado del 29 de abril y reapareció el sábado en Badiraguato, su tierra natal y la del propio Rocha Moya, según informó en un video difundido en redes. Anunció que acudirá a la Comisión Permanente prevista para el miércoles 7 de mayo.
Funcionarios federales consultados por La Jornada explicaron que el tratado bilateral de extradición presenta vacíos legales para procesar a funcionarios con fuero, y que entre los diez acusados Inzunza es el único que conserva esa protección por la titularidad del cargo legislativo.
¿Cuánto pesa la inmunidad procesal de Rocha Moya tras la licencia?
El debate jurídico está abierto. El exministro Arturo Zaldívar, hoy coordinador de Política y Gobierno de la Presidencia, sostiene que la licencia rompe la inmunidad: "El fuero protege a la función no a la persona", afirmó.
En contraste, el constitucionalista Diego Valadés y el panista Roberto Gil Zuart consideran que la separación temporal no equivale a renuncia y que el vínculo jurídico con la gubernatura permanece, lo que bloquearía cualquier orden de detención por parte de un juez de distrito mientras el inculpado pueda regresar al cargo.
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo cuestionó el sustento probatorio del expediente al exhibir un anexo con los alias "Juanito", "R1" y "Tornado" durante su conferencia del 30 de abril. "Es una hoja de papel, vean el papel, un papel", dijo. La mandataria fijó tres ejes: verdad, justicia y defensa de la soberanía. Anunció que profundizaría su postura en la mañanera del lunes 4 de mayo.
Diez acusados, una causa que se ramifica
Los diez señalados por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York son funcionarios y exfuncionarios del estado de Sinaloa. Además de Rocha Moya, Inzunza Cázarez y Gámez Mendívil, figuran Dámaso Castro Saavedra, fiscal general adjunto; Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública estatal; Marco Antonio Almanza Avilés; Alberto Jorge Contreras Núñez, alias "Cholo"; José Antonio Dionisio Hipólito, alias "Tornado"; Enrique Díaz Vega, y Juan Valenzuela Millán, alias "Juanito" —este último también acusado por delitos relacionados con el secuestro y muerte de una fuente de la DEA y un familiar—.
El expediente acusa al grupo de conspirar para importar fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina hacia territorio estadounidense, así como de poseer ametralladoras y artefactos explosivos. Según el Departamento de Justicia, Los Chapitos habrían apoyado la elección de Rocha Moya en 2021 mediante el robo de papeletas y la intimidación de candidatos opositores, a cambio de impunidad operativa en el estado.
El antecedente directo está en septiembre de 2024, cuando volantes lanzados desde avionetas en Culiacán, Los Mochis y Mazatlán vincularon a Rocha Moya e Inzunza con la facción de los hijos del Chapo.
Los señalamientos se intensificaron tras la entrega de Ismael "El Mayo" Zambada a las autoridades estadounidenses y el asesinato del exrector de la UAS Héctor Melesio Cuén Ojeda, hechos cuya investigación atribuyó la propia FGR a una traición operada desde Los Chapitos.
Hasta el momento, ni Rocha Moya ni los nueve funcionarios señalados han emitido respuesta sobre las pruebas adicionales que la FGR solicitará a Washington vía Cancillería. La FGR mantendrá en paralelo su investigación interna mientras la Secretaría de Relaciones Exteriores resuelve si la solicitud estadounidense puede formalizarse como petición de extradición.
