Ciudad Juárez, Chihuahua, 27 de mayo de 2026.- La gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, comparece este día ante la Fiscalía General de la República (FGR) en su delegación de Ciudad Juárez, en calidad de testigo dentro de la investigación federal por el operativo en el narcolaboratorio de El Pinal, en el municipio de Guerrero, donde participaron cuatro ciudadanos estadounidenses señalados como presuntos agentes de la Agencia Central de Inteligencia.
La diligencia se desarrolla en la carpeta de investigación integrada por la Fiscalía Especial de Investigación y Litigación de Casos Complejos (FEILC), bajo expediente FED/FEILC/FEILC-CHIH/000001/2026.
Junto a la mandataria fue requerido el exfiscal estatal César Jáuregui Moreno, quien renunció el 27 de abril asumiendo la responsabilidad política por presuntas omisiones durante el despliegue.
Blindaje en la delegación federal
El perímetro de la sede federal en la frontera amaneció resguardado por personal militar y de la Guardia Nacional. El inmueble cuenta con cuatro accesos, aunque solo uno fue habilitado para testigos y público general, de acuerdo con el dispositivo desplegado por la propia dependencia.
La hora original fijada en el citatorio era a las 10:00, pero el llamado se ajustó a las 11:00 para ambos comparecientes, según confirmó la propia delegación.
La gobernadora viajó desde la capital del estado acompañada de su equipo jurídico, encabezado por el consejero José Carlos Rivera Alcalá; el secretario general de Gobierno, Santiago De la Peña; el abogado Roberto Gil Zuarth y el titular de la Secretaría Particular, Fernando Álvarez Monje.
El operativo que originó la carpeta
El expediente se abrió tras el operativo desplegado entre el 17 y 18 de abril en la sierra del municipio de Guerrero, donde un convoy integrado por policías ministeriales estatales y los cuatro ciudadanos estadounidenses se trasladó a intervenir uno de los narcolaboratorios más grandes localizados en territorio nacional.
La madrugada del 19 de abril, una de las camionetas del operativo sufrió un accidente que dejó cuatro personas fallecidas, entre ellas el director de la Agencia Estatal de Investigación, Pedro Román Oseguera Cervantes, y dos de los extranjeros señalados como agentes de la CIA.
La FGR sostiene que la indagatoria busca esclarecer la cadena de mando de los servidores públicos que ordenaron y ejecutaron la intervención, así como el marco jurídico que habría permitido el ingreso de personal extranjero armado al territorio mexicano.
Las objeciones de la defensa
El abogado Roberto Gil Zuarth calificó el citatorio como ambiguo, incongruente y portador de una inconstitucionalidad estructural, al advertir que el documento no especifica los hechos sobre los que la gobernadora declarará ni precisa si la comparecencia es estrictamente testimonial.
“Gobernadora, venga en calidad de testigo, pero tráigase abogado defensor por si aquí le cambiamos la condición a inculpada”, ironizó Gil Zuarth al exponer el escenario que preocupa a la defensa.
El litigante sostuvo que si la FGR modifica la calidad jurídica de Campos durante la diligencia, el acto deberá calificarse como un golpe a la Constitución, dado que la mandataria conserva fuero constitucional como gobernadora en funciones.
La defensa anticipó que presentará una denuncia penal contra los responsables de abrir un proceso contra una gobernadora sin haberle retirado previamente el fuero, mediante el procedimiento de declaración de procedencia que corresponde a la Cámara de Diputados.
La postura del Ejecutivo estatal
Campos Galván sostuvo en los días previos que el citatorio “está mal hecho” y contiene múltiples incongruencias, pero confirmó su decisión de acudir personalmente a la diligencia. La gobernadora cuestionó el trato diferenciado del gobierno federal frente al caso del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y del senador morenista Javier Corral Jurado, exmandatario chihuahuense.
El secretario general de Gobierno, Santiago De la Peña, reiteró que la inmunidad procesal protege a la gobernadora frente a una eventual detención y le habilita la facultad de no acudir, pero subrayó que la mandataria optó por presentarse. La administración estatal calificó el citatorio como un acto de hostigamiento y persecución política orquestada desde Palacio Nacional.
Movilizaciones en el entorno
Grupos afines a Morena difundieron convocatorias para concentrarse en las inmediaciones de la sede federal durante la comparecencia, en una segunda movilización tras la marcha del 16 de mayo en la capital chihuahuense, que la oposición consideró un fracaso de convocatoria. El dirigente nacional del Partido Acción Nacional, Jorge Romero Herrera, anunció a su vez una contramovilización para acompañar a la gobernadora en la frontera.
El caso del narcolaboratorio de El Pinal mantiene en tensión la relación entre el Ejecutivo federal y la administración estatal panista, y abre un capítulo inédito en el equilibrio entre fuero constitucional y diligencias ministeriales federales.
