México, 29 de abril de 2026. — La Fiscalía General de la República (FGR) abrió dos carpetas de investigación por el caso CIA-Chihuahua —una por el narcolaboratorio desmantelado el 17 y 18 de abril en la sierra del municipio de Morelos, y otra por la presunta participación de agentes extranjeros en labores de seguridad— mientras el Senado de la República debatió este miércoles si la gobernadora María Eugenia Campos Galván incurrió en traición a la patria al permitir que operativos de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos se desarrollaran sin notificar al gobierno federal, un delito que el Código Penal Federal castiga con hasta 40 años de prisión.
El detonador inmediato del debate fue la ausencia de Campos Galván ante las comisiones de Puntos Constitucionales y de Seguridad Pública del Senado, que la habían citado el martes para explicar los hechos.
La gobernadora envió un oficio a la Mesa Directiva donde argumentó que su presencia comprometería diligencias confidenciales en curso, y antes de notificarlo formalmente al Senado filtró la información a medios de comunicación, lo que el coordinador de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Ignacio Mier, calificó como "una brutal crisis institucional". "Es una ilegalidad más", dijo Mier al piso del Senado.
El senador Óscar Cantón Zetina, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, precisó que los hechos podrían encuadrarse en el artículo 123 del Código Penal Federal, que tipifica la traición a la patria para quienes permiten que agencias extranjeras operen en suelo mexicano sin las autorizaciones que exige la Ley de Seguridad Nacional.
El senador Enrique Inzunza fue más directo: "A mi modo de ver hay traición a la patria, pero esa facultad de investigación no le corresponde al Senado", indicó, al precisar que la FGR debe primero esclarecer si existe responsabilidad penal antes de que la Cámara de Diputados pudiera iniciar un eventual juicio político.
Dos agentes y un director de policía muertos en la sierra chihuahuense
El origen del caso es el operativo del 16 al 19 de abril en la zona conocida como El Pinal, sierra del municipio de Morelos, donde se desmantelaron dos narcolaboratorios del Cártel de Sinaloa. En el regreso, un vehículo cayó a un barranco.
Murieron dos agentes de la CIA, el director de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), Pedro Ramón Oseguera Cervantes, y su escolta. Si no hubiera habido accidente, la presencia de los agentes estadounidenses nunca habría trascendido.
La versión oficial del gobierno de Chihuahua, a cargo de la fiscal especial Wendy Chávez Villanueva, es que fue el propio Oseguera quien incorporó a los agentes al operativo sin informarlo a la gobernadora ni al fiscal estatal, César Jáuregui Moreno, quien renunció días antes de la comparecencia.
Para la bancada morenista, esa narrativa equivale a culpar a los muertos: el fiscal dimitido y el director de la AEI fallecido. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, confirmó que Campos Galván le aseguró en reunión privada del 23 de abril que desconocía la operación.
¿Qué dijo el PAN?
La respuesta opositora fue igualmente acalorada. La senadora Lilly Téllez llamó "cerdos" a sus contrapartes morenistas en plena sesión. Ricardo Anaya calificó de "hipócritas y mentirosos" a la bancada guinda, al argumentar que Michael McCaul, presidente del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, declaró que Washington no habría operado en México sin conocimiento del gobierno federal.
La decisión final del Senado fue no presentar recurso alguno ante la FGR, dado que esta institución ya abrió las dos líneas de investigación, aunque el debate dejó en el aire la posibilidad de un juicio político si la FGR acredita conductas ilícitas.
La presidenta Claudia Sheinbaum fue categórica en su conferencia matutina: la investigación no concluye con la renuncia del fiscal Jáuregui y la soberanía nacional debe respetarse.
















El IMSS registró 22 millones 724 mil 680 trabajadores afiliados en marzo de 2026, el mayor número en la historia del país.
El IMSS registró 22 millones 724 mil 680 trabajadores afiliados en marzo de 2026, el mayor número en la historia del país. 

