San Juan del Río, 17 de septiembre de 2025.- Querétaro enfrenta una crisis de seguridad sistémica tras la documentación de un patrón delictivo específico que ha cobrado cinco víctimas jóvenes en los últimos dos meses.
Yadira González, coordinadora del colectivo Desaparecidos Querétaro, alertó sobre una modalidad criminal organizada que utiliza ofertas laborales fraudulentas para captar jóvenes y posteriormente hacerlos desaparecer en centrales de autobuses de Tamaulipas y Jalisco.
La recurrencia de este esquema delictivo ha motivado a organizaciones civiles a solicitar intervención urgente de autoridades federales para desarticular estas redes criminales.
El caso emblemático de Diego Ramírez, de 18 años, originario de la colonia Reforma Agraria, quien desapareció desde el 31 de agosto, ejemplifica la gravedad de esta problemática. Su familia mantiene la búsqueda activa sin obtener información sobre su paradero, convirtiéndose en el rostro visible de una crisis que afecta a familias queretanas y requiere respuesta institucional inmediata.
Análisis del Modus Operandi Criminal
La modalidad delictiva documentada presenta características específicas que permiten identificar un patrón criminal organizado. Los captadores establecen contacto con jóvenes mediante ofertas de empleos con remuneraciones atractivas, programan traslados a estados como Tamaulipas y Jalisco, y ejecutan las desapariciones precisamente en centrales de autobuses donde el control de seguridad es limitado.
González detalló que "los familiares pierden contacto de manera inmediata" una vez que los jóvenes llegan a estos puntos de tránsito. Esta pérdida súbita de comunicación constituye el elemento distintivo que diferencia estas desapariciones de otros casos, sugiriendo la participación de redes criminales especializadas en trata de personas.
Marco Legal y Competencias Institucionales
La desaparición de personas mediante engaños constituye un delito federal que requiere intervención coordinada entre autoridades estatales y federales. El Protocolo Homologado para la Búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas establece las competencias específicas para estos casos, incluyendo la activación inmediata de alertas y la coordinación interinstitucional.
Las centrales de autobuses, al ser infraestructura de transporte federal, requieren protocolos de seguridad específicos que involucran a la Guardia Nacional y autoridades de Protección Civil. La falta de supervisión efectiva en estos espacios facilita la operación de grupos criminales dedicados a la captación de víctimas.
"Esta situación refleja un patrón, donde jóvenes confiados en ofertas de empleo legítimas pueden convertirse en víctimas de desaparición forzada o trata de personas", declaró Yadira González, Coordinadora del Colectivo Desaparecidos Querétaro.
La activista subrayó la urgencia de implementar "campañas de prevención dirigidas a jóvenes y familias para reducir riesgos asociados con ofertas laborales fraudulentas".
El colectivo ha formalizado solicitudes ante autoridades locales y federales para "reforzar los protocolos de atención en casos de desapariciones, así como vigilar las centrales de autobuses y las empresas que reclutan personal de manera remota o informal", según precisó González.
Impacto Social y Familiar
Las cinco familias directamente afectadas enfrentan una situación de vulnerabilidad extrema ante la ausencia de información oficial sobre el paradero de sus hijos. El impacto trasciende el ámbito familiar, generando alarma social en comunidades de San Juan del Río donde la confianza en ofertas laborales legítimas se ha visto comprometida.
La problemática evidencia la vulnerabilidad de jóvenes en situación económica precaria, quienes representan el perfil de víctimas preferido por estas redes criminales. La falta de oportunidades laborales formales en Querétaro contribuye a que los jóvenes consideren ofertas externas sin verificar su legitimidad.
El colectivo Desaparecidos Querétaro ha planteado un plan integral que incluye supervisión permanente de centrales de autobuses, verificación de empresas reclutadoras e implementación de campañas preventivas masivas.
González reiteró el llamado a la colaboración ciudadana para reportar información relevante a la Fiscalía General del Estado o directamente a organizaciones civiles especializadas.
La respuesta institucional debe contemplar coordinación entre autoridades estatales, federales y organizaciones civiles para desarticular estas redes criminales y prevenir nuevas captaciones de víctimas mediante este modus operandi específico.
Los trabajos incluyeron pavimentación, drenaje sanitario y rehabilitación del parque de la colonia. 
El gobernador Mauricio Kuri González y el alcalde Roberto Cabrera Valencia durante la entrega de obras en Infonavit San Isidro. 
Los trabajos incluyeron pavimentación, drenaje sanitario y rehabilitación del parque de la colonia. 
