Querétaro, 17 de septiembre de 2025.- Querétaro se posiciona como pionero en la protección integral de los derechos económicos de las personas adultas mayores con la presentación de una iniciativa legislativa que tipifica como delito específico el robo de pensiones y prestaciones.
El diputado Enrique Correa Sada presentó la Iniciativa de Decreto que adiciona el Artículo 192 BIS al Código Penal del Estado de Querétaro, estableciendo sanciones de hasta 10 años de prisión para quienes retengan, dispongan o desvíen sin autorización los recursos destinados a este sector vulnerable de la población.
La propuesta legislativa representa la tercera iniciativa del diputado queretano enfocada en fortalecer la protección legal de los adultos mayores en Querétaro. La reforma busca sancionar específicamente a hijos, familiares, tutores, cuidadores o cualquier persona que cometa estos actos de despojo económico contra las personas de la tercera edad.
Detalles Específicos de la Reforma
La iniciativa establece un marco punitivo robusto que contempla penas de hasta 10 años de prisión para los responsables del robo de pensiones. La reforma al Código Penal de Querétaro incluye agravantes específicos cuando la conducta delictiva se realice mediante violencia, engaño o amenazas, aumentando la severidad de las sanciones aplicables.
El Artículo 192 BIS propuesto define claramente las conductas típicas: retención, disposición o desvío no autorizado de recursos correspondientes a pensiones o prestaciones de personas adultas mayores. Esta especificidad legal permitirá una aplicación más efectiva de la justicia en casos de abuso económico contra este sector poblacional.
Contexto y Antecedentes del Problema
El robo de pensiones a adultos mayores constituye una problemática creciente en México, donde familiares cercanos o personas de confianza aprovechan la vulnerabilidad de las personas de la tercera edad. Querétaro se adelanta a otras entidades federativas al crear un tipo penal específico para estos delitos, fortaleciendo el marco jurídico de protección.
La vulnerabilidad económica de los adultos mayores se agrava cuando quienes deberían proporcionarles cuidado y protección se convierten en los perpetradores del despojo. Esta situación genera un doble daño: económico y emocional, afectando la dignidad y calidad de vida de las víctimas.
"Esta es mi tercera iniciativa para proteger a los adultos mayores, y tiene que ver con el abuso de confianza de familiares o personas cercanas que les quitan su pensión. Por eso presenté esta modificación al Código Penal, para que paguen con hasta 10 años de cárcel. Así, todos tendrán acceso a un Querétaro más justo", indicó Enrique Correa Sada, Diputado del Congreso del Estado de Querétaro.
El legislador enfatizó la importancia de proteger los recursos de la tercera edad: "Las pensiones son fruto de toda una vida de trabajo. No podemos permitir que quienes debieran cuidar a nuestros adultos mayores sean quienes los despojen. Con esta iniciativa garantizamos que su dinero esté protegido y que su dignidad sea respetada", afirmó Correa Sada.
Impacto y Beneficiarios
La reforma beneficiará directamente a más de 180,000 adultos mayores que residen en el estado de Querétaro, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. La medida fortalece la seguridad jurídica de este sector poblacional, proporcionando herramientas legales específicas para la persecución de estos delitos.
El impacto se extiende a familias queretanas donde conviven personas de la tercera edad, estableciendo un marco disuasivo contra el abuso económico intrafamiliar y fortaleciendo la cultura de respeto hacia los derechos de los adultos mayores.
La iniciativa contempla la coordinación con instituciones financieras y autoridades de procuración de justicia para implementar protocolos de protección y seguridad. Esta coordinación interinstitucional permitirá la aplicación efectiva de la norma mediante mecanismos de detección temprana y respuesta rápida.
El proceso legislativo continuará con la discusión en comisiones del Congreso de Querétaro, donde se analizarán los aspectos técnicos y jurídicos de la propuesta. La reforma requiere aprobación del pleno legislativo para su incorporación definitiva al marco jurídico estatal.










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