Policía municipal de Querétaro se niega a pagar pensión a su hija

Querétaro, 16 Oct 14.- Desde hace más de 5 años, un policía perteneciente a la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de la Capital del Estado, se ha negado a pagar la pensión alimenticia de su hija, pese a que enfrenta un proceso legal que lo obliga a cumplir con la manutención.

Se trata del policía Luis Alberto Servín Frías, que de acuerdo al expediente 827/2009 hace algunos meses fue detenido por mandato judicial para obligarlo a cumplir con la manutención de la menor.

Sin embargo hasta el momento no ha hecho efectivo el convenio que se firmó en el juzgado para que obtuviera su libertad, por lo que este individuo lejos de hacer caso a las autoridades judiciales, se burla al haber obtenido de manera fácil su libertad.

El expediente se ventila en el Juzgado Civil y Familiar del Estado de Querétaro, en donde se establece que su hija ya tiene siete años de no recibir pensión alguna para el pago de su manutención y estudios básicos.

Cabe señalar que así como este uniformado enfrenta un proceso legal por negarse a cumplir con el compromiso de manutención de su hija, muchos otros policías pertenecientes a la SSPM en la Capital del Estado siguen laborando aun cuando enfrentan proceso en los juzgados.

De ahí que la ex pareja de este uniformado con la que procreo una niña, hace un llamado al alcalde Roberto Loyola Vera y al propio titular de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, José Héctor Benítez López, para que de algún modo intervengan para que este individuo cumpla sus obligaciones familiares.

Y es que no se puede actuar con una doble moral, por un lado los elementos de seguridad son los encargados de hacer cumplir la Ley y por otro violan flagrantemente el compromiso que adquieren como padres de familia, negando la manutención de sus hijos, amparándose precisamente en que son parte del sistema de seguridad.

Casos como este, son frecuentes en los juzgados de lo familiar y penales, lo que en determinado caso representa también un antecedente legal que debería impedirles el desempeño de sus funciones como servidores públicos, concretamente para fungir como representantes de la Ley.