México, marzo (SEMlac).- Desde hace más de 40 años el Estado mexicano ha evitado asumir compromisos para la conciliación laboral con las responsabilidades familiares, por lo cual no ha ratificado el Convenio 156 de la Organización Internacional del Trabajo, (OIT), aseguró la senadora Patricia Mercado Castro.
La legisladora destacó la relevancia de que México se sume a los 12 países latinoamericanos que ya han ratificado dicho convenio, para que sea un acuerdo de país, para que las tareas no remuneradas de cuidados, en su mayoría hechas por mujeres, como un mandato de género, se tengan que redistribuir mediante políticas de Estado.
Aunque reconoció que se han hecho algunos esfuerzos a nivel estatal y municipal y también en empresas e instituciones públicas cuentan como prestaciones laborales, falta un compromiso como el convenio 156 para que sea parte de un sistema de coordinación integral, progresivo, que se pueda evaluar y mejorar, tanto en leyes, como en la política pública y en el presupuesto.
La Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado de la Republica y la OIT convocaron al diálogo "Medidas para alcanzar la conciliación laboral con las responsabilidades familiares del Convenio 156 de la OIT".
La senadora se refirió a que, en los años 80, en la historia de las mujeres trabajadoras, en la agenda feminista, la conciliación de las responsabilidades familiares y el trabajo no se podía conseguir con el argumento de que no se había ratificado el Convenio 156 de la OIT, por lo que ahora es muy importante que se pueda avanzar con la participación de empresarios, Secretaría del Trabajo, Poder Judicial, y organizaciones feministas.
El legado de la Legislatura es haber logrado la ratificación de los convenios 98, sobre libertad sindical, y los últimos dos convenios de la OIT, el 189 sobre las trabajadoras del hogar y el 190 sobre violencia y acoso laboral, que tienen que ver con los derechos de las mujeres.
Estamos viendo permisos paternos muy firmes, esta agenda puede cerrar muy bien, la Cámara de Diputados acaba de resolver una reforma de Ley de desarrollo social en el tema de cuidados, aún no es el sistema, pero la Ley de Bienestar habla del tema e indica muy bien cuáles van a ser las políticas cuidados que se van a impulsar en el país, para que esas tareas no sean solo responsabilidad de las mujeres.
En la inauguración de evento, el senador Napoleón Gómez Urrutia expresó que desde el Senado se busca identificar estrategias innovadoras y soluciones concretas para promover la conciliación laboral y familiar, las cuales tomen en cuenta las disposiciones de dicho convenio y las necesidades específicas de la sociedad.
"Debemos colaborar todos de manera activa y comprometida para garantizar la ratificación y aplicación efectiva del Convenio 156 en nuestro país, pues las mujeres continúan asumiendo la carga desproporcionada de los cuidados no remunerados", expresó.
Dijo que establece una obligación clara para que todos los Estados de la República puedan incluir políticas que garanticen a todas las personas que ejerzan su derecho al empleo, sin discriminación, ni conflicto entre sus roles familiares y profesionales.
Por ello, consideró necesaria la implementación de medidas que faciliten la reintegración de estos trabajadores al mercado laboral después de ausencias por razones familiares, así como enfatizar en la importancia de desarrollar servicios comunitarios y de asistencia a las infancias y a las familias.
El representante de la OIT para México y Cuba, Pedro Américo Furtado de Oliveira, refirió que están más vigentes que nunca los objetivos del convenio 156 para garantizar los derechos de los trabajadores con responsabilidades familiares, principalmente las mujeres, quienes históricamente han desempeñado gran parte de la carga de cuidados.
Refirió que las mujeres dedican el 67 por ciento de su tiempo al trabajo de cuidados no remunerados, mientras que los hombres sólo destinan 33 por ciento. Debido a esto, y a los estereotipos de género que fortalecen las desigualdades en el hogar y en lo laboral, hay una necesidad urgente de invertir en políticas de cuidados diseñadas desde un enfoque de derechos.
Lourdes Colinas, oficial nacional de Programas de ONU Mujeres en México, manifestó que en el país es necesario promover un sistema integral de cuidados, en el que el Estado sea el garante de dicho derecho, pero que se acompañe del sector privado, organizaciones civiles e internacionales, "porque sin un enfoque multiactor no vamos a poder avanzar en los derechos de las mujeres".
Apuntó que las mujeres abandonan el mercado laboral por conciliar las responsabilidades familiares, pues asumen dobles y triples jornadas o cargas de trabajo porque tienen a su cuidado otras personas, lo que genera un impacto en su desarrollo profesional.
La ratificación del convenio -afirmó- impulsaría el incremento del Producto Interno Bruto en un 20 por ciento, porque cuando más mujeres trabajan, las economías crecen, ya que su empoderamiento aumenta la productividad.
En tanto, Mariana Licea, representante de la Coalición por el Derecho al Cuidado Digno y Tiempo Propio de las Mujeres, refirió que, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), 3,1 millones de mujeres reportaron no trabajar debido a sus responsabilidades de cuidado.
Ellas destinan 2,5 veces más horas que los hombres a esta labor; además, de que el cuidado no remunerado en el país representa 6.8 billones de pesos (409 millones de dólares), casi 27 por ciento del Producto Interno Bruto.
Dijo que se trata de una deuda histórica de todas las fuerzas políticas con las mujeres mexicanas, por lo que no debe pasar otro sexenio para que sea ratificado el Convenio, pues "lo que no resuelve el Estado y el mercado laboral, lo resolverán las familias".
El titular de la Unidad de Trabajo Digno, de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Alejandro Salafranca, subrayó que es necesario impulsar condiciones para alcanzar la conciliación laboral con las responsabilidades familiares, y lograr una legislación sólida que dé cumplimiento a lo que mandata y enmarca el convenio.
Un sistema formal, dijo, aliviaría la carga desproporcionada de trabajo no remunerado que recae en las mujeres, y facilitaría su participación en el mercado laboral en términos más equitativos.
Agregó que incrementar el empleo formal es fundamental para crear las condiciones necesarias para un mercado laboral inclusivo y equitativo, que reconozca y valore las contribuciones de mujeres y hombres.