Inicialmente, el mandatario se reunió en Palacio Nacional en privado con los secretarios de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño; el Secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval González; el Secretario de Marina, José Rafael Ojeda Duran, y el Comandante de la Guardia Nacional, Luis Rodríguez Bucio.
Ahí, Francisco Domínguez puntualizó que las funciones en materia de seguridad y de justicia deben distribuirse para alcanzar los fines del Estado.
“Como integrantes de esta Conferencia Nacional de Gobernador, asumimos la causa compartida por esta mesa de trabajo: el fortalecimiento institucional, mediante una plena coordinación, a fin de garantizar paz y seguridad a las y los mexicanos”, subrayó.
Durante el encuentro en el que se presentaron resultados de las mesas estatales y regionales sobre el despliegue táctico de la Guardia Nacional, el Modelo Nacional de Policía, la Estrategia Nacional de Prevención de Adicciones, así como el problema de los llamados “autos chocolate”, Francisco Domínguez refrendó que por parte de la Conago se atenderán todas las acciones estratégicas con coordinación.
El reto –dijo-, sigue siendo el mismo: que las políticas públicas que deriven de estas estrategias, pasen de buenas intenciones a rigurosas implementaciones.
Reconoció como fundamental en este proceso, la incidencia de la interacción de autoridades y operadores técnicos altamente especializados en la materia e identificó a la Guardia Nacional como institución diseñada en el marco constitucional, por la política de seguridad del Gobierno Federal, que debe mantener el respeto a la soberanía de los estados.
Exhortó a sus homólogos a que se asuma sin cortapisas la competencia originaria de mantener la paz y el orden público, en cada una de las entidades federativas representadas en la Conago.
“Nuestra convicción es trabajar coordinados. En lo inmediato, dicha coordinación debe incidir en el tono del discurso político”.
El presidente de la Conago exaltó el gran valor de todas y todos aquellos elementos que día con día se juegan la vida por un México en paz, de legalidad y tranquilidad.
“Sepan que en este espacio federalista las estrategias planteadas encontrarán voluntad de trabajo, crítica constructiva, colaboración, medición y seguimiento. La igualdad social a la que aspiramos como país, está ligada al objetivo de garantizar seguridad y justicia plenas a las familias mexicanas”, concluyó el mandatario en esa reunión.
Más tarde, Domínguez Servién encabezó la reunión de trabajo entre la Conago y el Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, donde reiteró que un México en paz, se construye con acciones permanentes y con el trabajo coordinado de sus poderes y órdenes de gobierno, con toda la fuerza del Estado mexicano, pero, sobre todo, con todo el peso de la ley.
En las instalaciones centrales de la FGR, el presidente de la Conago dijo que la fortaleza institucional no se da por decreto, sino que requiere visión, rigor técnico y permanente coordinación en áreas torales como la investigación.
Además de agradecer a nombre de los integrantes de la Conago al Dr. Alejandro Gertz Manero su voluntad para concretar el diálogo franco, Francisco Domínguez puntualizó que México demanda congruencia política y técnica.
Es necesario medir lo que se hace, pero no con adjetivos, sino con parámetros eficientes que revelen realidades institucionales, añadió.
Ante el Fiscal General y gobernadores, el mandatario queretano consideró que la primera tarea colectiva parte de una convicción común que es cerrarle la puerta a la impunidad y abrirla al fortalecimiento de capacidades institucionales, atendiendo las condiciones de cada entidad, sin caer en generalizaciones.
“La fortaleza institucional es el mecanismo real que hará que la coordinación en los tres órdenes de gobierno sea más eficaz; que verdaderamente garantice paz a las y los mexicanos”, estableció.
Especificó que, si bien el poder descansa en la sociedad mexicana, las funciones en materia de seguridad y de justicia deben distribuirse para alcanzar los fines del Estado.
Consideró que “en un Estado de Derecho, es primordial que todo aquel que atente contra la tranquilidad de las familias y contra las instituciones, sea castigado con todo el peso de la ley”.
Aclaró que ello debe ocurrir en un marco de respeto irrestricto a los derechos humanos y procesales, además de una coordinación plena sustentada en el respeto a la soberanía de los estados y en el fortalecimiento de sus instituciones.
“Nuestra convicción es trabajar coordinados para garantizar seguridad y justicia plenas a las familias mexicanas”.
Francisco Domínguez dijo a nombre de la Conago que esperan que los encuentros de esta naturaleza sean más constantes y manifestó la voluntad de los gobernadores para mantener canales de comunicación permanentes con la institución que encabeza.
Al concluir el encuentro y a nombre de los integrantes de la Conago, Francisco Domínguez señaló que en la reunión se acordó trabajar, principalmente, en tres temas.
1.- El marco legal en el que la Guardia Nacional trabajará con las autoridades de cada uno de los estados, así como con la FGR.
“Debemos tener un criterio establecido y responsabilidad definida para determinar las funciones de las autoridades locales, estatales y federales”.
2.- La toma de las casetas y de las vías férreas, para lo cual el acuerdo fue trabajar de forma conjunta en defensa de las comunidades para inhibir tales delitos.
En este punto destacó que en este punto en particular la FGR trabajará con el gobierno federal para que apoye a los gobiernos locales.
3.- Establecer un solo sistema de evaluación y medición de ciertos delitos, sobre todo los homicidios dolosos.
También se abordaron los puntos de un informe policial homologado, como clave para el protocolo de actuación de la Guardia Nacional; compartir información y capacitar tanto a la Guardia Nacional como a los cuerpos policiacos e instituciones; así como determinar la integración del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Finalmente, el mandatario dijo ante los medios de comunicación, que la FGR propuso el establecimiento de una Ley de Justicia Cívica Nacional de aplicación local.