San Juan del Río, 27 de febrero de 2026. — La reducción gradual de la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales enfrenta las primeras señales de alarma del sector industrial en San Juan del Río, donde la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (CANACINTRA) advirtió sobre los costos operativos y la presión que la reforma constitucional al artículo 123 generará en micro, pequeñas y medianas empresas de la región.
El organismo exigió incentivos fiscales temporales y esquemas de flexibilidad sectorial para que el aparato productivo absorba la transición sin comprometer empleo ni inversión.
La reforma fue aprobada por unanimidad en lo general en el Senado el 11 de febrero con 121 votos a favor, y ratificada por la Cámara de Diputados el 25 de febrero con 469 votos en lo general y 411 en lo particular.
El miércoles 26 de febrero, el proyecto alcanzó la aprobación de 17 congresos estatales, requisito para recibir la declaratoria de constitucionalidad.
Hasta el momento, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social no ha emitido postura sobre las demandas del sector industrial en materia de incentivos.
En un posicionamiento oficial, CANACINTRA señaló que la reforma "carece de un diseño integral que considere plenamente la realidad operativa de las empresas".
El organismo reconoció la importancia de mejorar las condiciones laborales, pero precisó que el entorno de desaceleración económica y la heterogeneidad entre sectores productivos obligan a diseñar mecanismos diferenciados de implementación.
El calendario transitorio establece que en 2026 la jornada se mantendrá en 48 horas; bajará a 46 en 2027, a 44 en 2028, a 42 en 2029, y alcanzará las 40 horas hasta 2030.
Durante ese periodo, según el organismo, las empresas deberán reorganizar turnos, procesos productivos y estructuras de costos sin reducción de salarios ni prestaciones, como lo mandata la propia reforma.
Cinco medidas que exige la industria para la jornada laboral de 40 horas en San Juan del Río
Entre las acciones que CANACINTRA consideró indispensables figuran el diseño de incentivos fiscales temporales, esquemas de gradualidad diferenciada por sector, programas nacionales de productividad, capacitación y digitalización, así como la reducción de cargas regulatorias y el fortalecimiento de políticas de formalización laboral.
La cámara industrial también exhortó a las autoridades a instalar un proceso de revisión técnica permanente que permita evaluar el impacto real de la reforma y realizar ajustes regulatorios oportunos.
A juicio del organismo, cualquier modificación laboral debe basarse en "corresponsabilidad entre Estado, trabajadores y empresas", sin trasladar de forma unilateral los costos de transición al sector productivo.
San Juan del Río concentra un importante corredor industrial con presencia de manufactura automotriz, alimentaria y textil, sectores intensivos en mano de obra que, según CANACINTRA, resentirán con mayor fuerza la reorganización de turnos y el incremento en la estructura de costos.
La cámara advirtió que las mipymes integradas a las cadenas de valor regionales enfrentan un riesgo particular ante la falta de acompañamiento gubernamental.
El debate legislativo dejó puntos sin resolver. La oposición —PRI y Movimiento Ciudadano— votó en contra en lo particular al considerar que la reforma no garantiza dos días de descanso por cada cinco laborados.
También cuestionaron el aumento del tope de horas extra de nueve a 12 semanales. Una vez publicada en el Diario Oficial de la Federación, el Congreso tendrá 90 días para adecuar la legislación secundaria en la Ley Federal del Trabajo.
