Querétaro, 20 de marzo de 2026. — Los comercios establecidos en el municipio de Querétaro tienen hasta el 30 de abril para tramitar o renovar su contrato de recolección de residuos con una empresa particular autorizada, trámite que la Secretaría de Servicios Públicos Municipales exige como condición para validar la licencia de funcionamiento.
La advertencia la emitió Andrea Cota Martínez, coordinadora de Evaluación y Análisis de la dependencia, quien precisó que la coordinación verifica que cada prestador cuente con los permisos vigentes, capacidad operativa y unidades verificadas antes de dar el visto bueno al contrato.
El esquema de regulación implica que cualquier negocio —independientemente de su tamaño— debe acreditar un contrato de recolección. La única excepción es el llamado "pago único": comercios con generación mínima de residuos pueden cubrirlo como parte de su trámite anual de licencia y quedar integrados a las rutas municipales.
Sin embargo, la propia coordinación reconoce que prácticamente ningún establecimiento genera menos de 400 kilogramos de residuos al mes, umbral que marca la diferencia entre ambos esquemas.
Un diagnóstico encargado por el municipio establece que cada persona produce aproximadamente un kilo de basura diario, lo que hace casi inevitable que cualquier local comercial supere ese límite.
78 empresas recolectoras activas y renovación en marcha
El año pasado, 78 empresas operaron en el municipio con autorización para ingresar al relleno sanitario de Mompaní —el único equipamiento de disposición final autorizado en la demarcación—, aunque el padrón estatal que incluye a todas las recolectoras particulares del estado es considerablemente mayor.
En 2025, alrededor de tres mil 500 a cuatro mil comercios formalizaron contratos con prestadores particulares. Al momento de la conferencia, la coordinación llevaba registrados entre mil y mil 500 contratos para el ciclo 2026, con el plazo abierto hasta fin de abril.
¿Qué pasa si un comercio no regulariza su contrato antes del 30 de abril?
Cota Martínez señaló que la coordinación supervisa el cumplimiento de los horarios y las condiciones pactadas en cada contrato, y que las irregularidades detectadas —disposición fuera de horario, discrepancias entre frecuencia acordada y real— se turnan al área de normatividad para su seguimiento.
Las faltas pueden derivar en apercibimientos o sanciones, según su gravedad. Sin embargo, la funcionaria no proporcionó cifras sobre el número de negocios sancionados durante el último ciclo, dato que corresponde a otra coordinación de la misma secretaría.
Los comercios que requieran información adicional pueden comunicarse con Servicios Públicos Municipales a través del número 070.
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