Plan B llega a Querétaro: el Pleno aprueba el recorte a alta burocracia entre votos disidentes

El Constituyente Permanente Federal en sede queretana avala la reforma a los artículos 115, 116 y 134 constitucionales contra "prebendas y corrupción de la alta burocracia".

Pleno del Congreso de Querétaro durante la aprobación del Plan B contra prebendas de la alta burocracia con votos en contra de tres legisladores

Adriana Meza Argaluza, diputada del PRI, durante su intervención en contra del Plan B desde tribuna

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Querétaro, 30 de abril de 2026. — Tres legisladores subieron a tribuna para rechazar el dictamen y otro lo defendió como una decisión que define qué tipo de democracia quiere el país, en una sesión donde el Constituyente Permanente Federal en sede queretana aprobó la minuta que reforma los artículos 115 fracción I, 116 fracción II, y adiciona un párrafo cuarto al 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La reforma —pieza central del paquete federal conocido como Plan B— busca, según el dictamen, "acabar con las prebendas y la corrupción de la alta burocracia, pues el gobierno no debe ser una carga para el pueblo y las personas servidoras públicas no deben tener ventajas a costa del presupuesto".


La diputada priista Adriana Meza fijó la primera postura crítica desde tribuna. Sostuvo que la minuta "no atiende los problemas de fondo que requiere la democracia, ni abona construir un sistema político más eficiente y efectivo", y emitió su voto en contra.

A continuación, los diputados Paul Ospital, de Movimiento Ciudadano, y Enrique Correa, intervinieron para hechos y manifestaron su rechazo al conjunto del Plan B.

Ospital ya había anticipado en marzo, según el análisis político de la fractura legislativa, que la reforma se presentó como modernización democrática pero acabó funcionando como un mecanismo para recortar 4 mil millones de pesos a los poderes sin tocar la representación ni las reglas electorales.

Ulises Gómez se pronunció a favor con el argumento de que la reforma busca "definir qué tipo de democracia se quiere: una al servicio del pueblo o la capturada por intereses burocráticos y privilegios históricos".

El voto del Pleno se dio en el mismo bloque del Constituyente Permanente Federal que también avaló el tope a las "pensiones doradas" del artículo 127 y la reforma a la Guardia Nacional.

El componente queretano del Plan B no es marginal. El propio Congreso del Estado entrará bajo el tope constitucional de 450 millones de pesos anuales que fija la reforma, un límite que el Poder Legislativo local roza con apenas 12 millones de margen, ya que actualmente ejerce alrededor de 438 millones, según expuso en abril el diputado morenista Homero Barrera McDonald.

La medida no implicará ajustes inmediatos al gasto pero blindará el erario contra incrementos desproporcionados en próximos ejercicios.

Las modificaciones constitucionales a los artículos 115 y 116, que regulan la organización de los municipios y de los estados, tienen impacto directo sobre el municipio de Querétaro, que tendrá que recortar la cantidad de regidores en términos de la nueva fracción. La adición al 134, en tanto, fija reglas más estrictas para el manejo de recursos públicos. Al margen del voto sobre el Plan B, el debate sobre la paridad de género en ayuntamientos —que colectivas feministas denunciaron como retroceso histórico al detectar la eliminación del principio constitucional en una iniciativa paralela enviada al Senado en marzo— sigue abierto y al margen de la minuta aprobada este jueves.

El IEEQ, que tendrá que organizar elecciones extraordinarias en 2027 para jueces y magistrados además del proceso ordinario para gubernatura, 18 presidencias municipales, Congreso local y diputados federales, ya advirtió que el recorte presupuestal contemplado en la reforma podría comprometer su capacidad operativa.

La reforma queda firme tras el cómputo del Constituyente Permanente Federal y entra en la fase de aplicación administrativa en los tres niveles de gobierno.