Feministas exigen que paridad de género no se elimine del Plan B electoral

México — 23 de marzo de 2026. —Colectivas feministas, organizaciones civiles y legisladoras de oposición rechazaron la segunda propuesta de reforma electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, conocida como "Plan B", tras detectar que el texto enviado al Senado el 18 de marzo elimina el principio de paridad de género en ayuntamientos, consagrado en la Constitución desde 2019. Diversas organizaciones anunciaron acciones de inconstitucionalidad y firmaron un acuerdo denominado "Compromiso por las Mujeres" para articular una respuesta coordinada ante lo que describen como un retroceso histórico en los derechos político-electorales femeninos.

La omisión fue detectada en el artículo 115 constitucional, donde el texto reformado sustituye la frase "de conformidad con el principio de paridad" por una redacción que únicamente establece un mínimo de siete y un máximo de 15 regidurías por ayuntamiento, sin mencionar el principio paritario.

La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, fue una de las primeras en señalarlo públicamente. A su juicio, eliminar ese principio constitucional "lastima la historia de las mujeres", pues fue aprobado por unanimidad hace apenas siete años. Hasta el momento, la Consejería Jurídica de la Presidencia reconoció la omisión mediante un oficio enviado al Senado, aunque la describió como un olvido.

La presidenta del Senado, Laura Itzél Castillo, confirmó haber recibido el documento e informó que el asunto fue turnado a las comisiones dictaminadoras. Según su versión, el Senado tiene el compromiso de realizar una discusión profunda sobre la propuesta, y subrayó que "la igualdad sustantiva es ya un principio constitucional y el faro iluminador de nuestro actuar en política".

Paridad en municipios: de 5.6% en 2013 a 30% en 2024

El rechazo feminista al Plan B electoral no se limita a la omisión en el artículo 115. Las organizaciones señalaron también preocupaciones por la reducción del número de regidurías, la debilitación de las estructuras del INE, los recortes salariales a funcionarios electorales y la posibilidad de someter temas electorales a consultas populares.

Según la abogada feminista fundadora de Mujeres en Plural, la participación política de las mujeres en los municipios pasó de 5.6 por ciento en 2013 a 30 por ciento en 2024, un avance que, a su juicio, quedaría en riesgo con la propuesta actual.

La reforma constitucional de 2014 incorporó la paridad electoral, y en 2019 el Congreso amplió ese principio con la llamada "Paridad en Todo", que obligó a garantizar participación igualitaria en los tres poderes del Estado, los tres órdenes de gobierno, organismos autónomos y candidaturas partidistas.

Ese proceso implicó modificar más de 70 ordenamientos legales. A juicio de especialistas como Mary Carmen Alanís, esos cambios son hoy un referente para evaluar la calidad democrática del país.

En Jalisco, el conflicto adquirió otra dimensión. Feministas de esa entidad rechazaron una resolución del Tribunal Electoral del Estado que, según su interpretación, limita las candidaturas exclusivas para mujeres en Zapopan únicamente a integrantes de grupos indígenas, LGBTTTIQ+ y personas con discapacidad, excluyendo al resto de las mujeres.

A juicio de las firmantes del pronunciamiento "En Defensa de los Lineamientos de Paridad", esa medida pretende ser incluyente pero en la práctica reduce los espacios disponibles para las mujeres en un municipio donde nunca han encabezado la presidencia municipal desde que se les reconoció la ciudadanía en 1953. El tribunal no ha emitido postura adicional sobre las críticas recibidas.