Querétaro, 13 de abril de 2026. — El Plan B fijará un tope de 450 millones de pesos anuales al presupuesto del Congreso de Querétaro, un límite constitucional que el Poder Legislativo local roza con apenas 12 millones de margen, ya que actualmente ejerce alrededor de 438 millones, advirtió el diputado morenista Homero Barrera McDonald.
La reforma federal no implicará ajustes inmediatos al gasto, pero blindará al erario contra incrementos desproporcionados en los próximos ejercicios.
El legislador explicó que el límite opera como mecanismo de contención más que como recorte. “Sirve para que a nadie se le ocurra subir rápido o de manera desproporcionada el presupuesto del Congreso del Estado”, sostuvo Barrera McDonald al referirse al sentido político de la minuta constitucional.
El Congreso queretano aprobó en diciembre el paquete fiscal 2026 por 64 mil 617 millones de pesos, ejercicio del que el Poder Legislativo concentra una fracción minoritaria pero crecientemente vigilada.
La reforma toca también la integración de los cabildos municipales, donde fija un máximo de 15 regidores. La mayoría de los 18 ayuntamientos queretanos se ubica dentro de ese rango, salvo el municipio de Querétaro, que actualmente cuenta con cerca de 16 integrantes considerando la presidencia municipal.
Ese cabildo será el único caso que obligue a revisar la composición edilicia para ajustarse al nuevo techo constitucional, según precisó el diputado.
Barrera McDonald reconoció que el proceso de armonización de la legislación estatal aún no arroja una cifra consolidada sobre el costo total de los regidores en los 18 municipios, incluyendo sueldos y personal de apoyo.
La administración estatal y los ayuntamientos no han emitido postura sobre el impacto financiero específico del nuevo límite ni sobre el calendario de armonización local.
El legislador morenista admitió que la inflación representa el principal riesgo para sostener el tope en los próximos años, pero consideró que el candado constitucional ofrece un mecanismo eficaz de disciplina financiera.
La discusión llega en un Congreso que enfrenta señalamientos de parálisis legislativa y donde la armonización del Plan B se sumará a una agenda con iniciativas pendientes en seguridad, agua e identidad de género.
