Querétaro, 17 de marzo de 2026.- Cuatro diputadas del Congreso del Estado, respaldadas por colectivos ambientalistas y defensores del agua, presentaron este lunes la Iniciativa de Ley de Agua y Saneamiento del Estado de Querétaro, que propone elevar el mínimo vital del recurso de 50 a 100 litros por persona al día y reconocer el acceso al agua como derecho humano exigible.
La propuesta llega en un momento en que colonias queretanas enfrentan tandeos crónicos y dependencia de pipas para cubrir necesidades básicas.
La iniciativa fue impulsada desde la legislatura anterior como respuesta a una demanda ciudadana sostenida. Las diputadas Laura Andrea Tovar Saavedra, Eric Silva Hernández, Rosalba Vázquez Munguía y María Blanca Flor Benítez Estrada encabezaron la rueda de prensa donde quedó de manifiesto que el problema no es exclusivo de zonas marginadas: hay colonias donde el predial se paga puntualmente y el agua simplemente no llega.
"El agua no es un lujo, no es un favor del gobierno y mucho menos un negocio de unos cuantos; es un derecho humano", señaló la diputada Andrea Tovar Saavedra durante su intervención.
Cuatro ejes centrales de la propuesta de ley
La iniciativa articula su propuesta en torno a cuatro puntos que sus promotoras consideran los más urgentes para corregir las fallas estructurales del sistema actual:
La propuesta plantea elevar el mínimo vital de agua de 50 a 100 litros por persona al día y establecer mecanismos de vigilancia ciudadana del servicio. rotativo.com.mx
La legisladora subrayó que el fondo del problema no es la disponibilidad del recurso sino su administración. Mientras algunas zonas reciben agua con regularidad, otras conviven con tandeos que obligan a las familias a almacenar el líquido en cubetas o a organizarse colectivamente para costear una pipa. "Hay hogares donde se abre la llave y no cae ni una sola gota", precisó Tovar Saavedra.
¿Qué cambia con la nueva ley de agua para Querétaro?
La propuesta construida a partir del testimonio de familias que viven el problema a diario busca que el estado cuente por primera vez con un marco legal que establezca obligaciones concretas en materia de cobertura, calidad y rendición de cuentas en el servicio de agua potable.
La participación ciudadana contemplada en el texto permitiría a los usuarios documentar incumplimientos y exigir respuesta a las autoridades competentes.
La iniciativa deberá sortear el proceso legislativo en el Congreso del Estado antes de convertirse en ley. Hasta el momento, las dependencias estatales responsables del sector hídrico no han emitido postura sobre los alcances de la propuesta ni sobre su viabilidad presupuestal.
