México, 4 mar (EFE).- Rosario Robles, exsecretaria mexicana de Desarrollo en el Gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018), plantea declararse culpable de corrupción para recibir una pena máxima de seis años de cárcel, revelaron este jueves medios locales.
La defensa de Robles, que busca un acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR) para abreviar el juicio, pretendería evitar así la pena de 21 años que le exige el Ministerio Público por uso indebido del cargo público.
Además, habría propuesto pagar unos 5.000 pesos (unos 240 dólares) como reparación del daño, muy lejos a la multa de 5.500 millones de pesos (unos 261 millones de dólares) que quiere imponer la Fiscalía.
Precisamente, la discusión sobre la reparación del daño hecho al erario público aguó la posibilidad de que la defensa de Robles y la Fiscalía cerraran un acuerdo en la audiencia del pasado 26 de febrero.
Los fiscales se levantaron de la mesa al considerar que Robles "no quiere reparar el daño" de su actuación, por lo que se convocó a una nueva audiencia para el 26 de marzo.
Robles, en prisión preventiva desde agosto de 2019, está acusada de permitir el desvío de fondos por 5.000 millones de pesos (238 millones de dólares) a través de universidades públicas y empresas fantasma en una trama conocida como "La Estafa Maestra".
La defensa de Robles, quien fuera secretaria de Desarrollo Social (2012-2015) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (2015-2018) en el Gobierno de Peña Nieto, anunció en noviembre pasado su intención de colaborar con la Fiscalía a cambio de beneficios procesales.
Acordaron denunciar en la trama de desvío de fondos públicos al exsecretario de Hacienda y de Relaciones Exteriores Luis Videgaray, si bien dejaron fuera de la denuncia al expresidente Peña Nieto.
Los acuerdos con la Fiscalía cobraron relevancia en México con la extradición del exdirector de Pemex Emilio Lozoya, imputado por recibir sobornos de Odebrecht, quien cerró un acuerdo con el Ministerio Público para denunciar como cabecillas de los sobornos a Peña Nieto y a Videgaray.
El fiscal general de México, Alejandro Gertz Manero, justificó el año pasado que Robles estaba en prisión preventiva porque no quería colaborar con el Ministerio Público, a diferencia de Lozoya, quien afronta su proceso judicial en libertad.
La defensa de Robles, que busca un acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR) para abreviar el juicio, pretendería evitar así la pena de 21 años que le exige el Ministerio Público por uso indebido del cargo público.
Además, habría propuesto pagar unos 5.000 pesos (unos 240 dólares) como reparación del daño, muy lejos a la multa de 5.500 millones de pesos (unos 261 millones de dólares) que quiere imponer la Fiscalía.
Precisamente, la discusión sobre la reparación del daño hecho al erario público aguó la posibilidad de que la defensa de Robles y la Fiscalía cerraran un acuerdo en la audiencia del pasado 26 de febrero.
Los fiscales se levantaron de la mesa al considerar que Robles "no quiere reparar el daño" de su actuación, por lo que se convocó a una nueva audiencia para el 26 de marzo.
Robles, en prisión preventiva desde agosto de 2019, está acusada de permitir el desvío de fondos por 5.000 millones de pesos (238 millones de dólares) a través de universidades públicas y empresas fantasma en una trama conocida como "La Estafa Maestra".
La defensa de Robles, quien fuera secretaria de Desarrollo Social (2012-2015) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (2015-2018) en el Gobierno de Peña Nieto, anunció en noviembre pasado su intención de colaborar con la Fiscalía a cambio de beneficios procesales.
Acordaron denunciar en la trama de desvío de fondos públicos al exsecretario de Hacienda y de Relaciones Exteriores Luis Videgaray, si bien dejaron fuera de la denuncia al expresidente Peña Nieto.
Los acuerdos con la Fiscalía cobraron relevancia en México con la extradición del exdirector de Pemex Emilio Lozoya, imputado por recibir sobornos de Odebrecht, quien cerró un acuerdo con el Ministerio Público para denunciar como cabecillas de los sobornos a Peña Nieto y a Videgaray.
El fiscal general de México, Alejandro Gertz Manero, justificó el año pasado que Robles estaba en prisión preventiva porque no quería colaborar con el Ministerio Público, a diferencia de Lozoya, quien afronta su proceso judicial en libertad.
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