Diputados presentan iniciativa para combatir la corrupción inmobiliaria en Querétaro

La propuesta contempla reformas al Código Penal, Código Urbano y Ley del Notariado del estado para tipificar y sancionar prácticas ilícitas en el sector inmobiliario

Diputados presentan iniciativa para combatir la corrupción inmobiliaria en Querétaro.
Diputados presentan iniciativa para combatir la corrupción inmobiliaria en Querétaro.

Querétaro, 28 abril 2025.- Los diputados locales Homero Barrera Mcdonald, Ulises Gómez de la Rosa y Edgar Inzunza Ballesteros, junto al diputado federal Luis Humberto Fernández Fuentes, presentaron este lunes una iniciativa de ley que busca combatir la corrupción inmobiliaria en Querétaro.

La propuesta plantea reformar y adicionar diversas disposiciones al Código Penal, Código Urbano y Ley del Notariado del Estado para establecer un marco jurídico más sólido contra prácticas ilícitas en este sector.


Armonización con iniciativa federal

Durante la presentación, el diputado Homero Barrera explicó que esta iniciativa recoge la esencia de la propuesta presentada recientemente por el legislador federal Luis Humberto Fernández en el Congreso de la Unión, adaptándola al contexto estatal.

"Estamos tratando de devolverle la dignidad a la gente de Querétaro, cuando empeña todo su patrimonio en una casa y estas inmobiliarias no les responden", señaló Barrera Mcdonald.

La propuesta contempla tipificar específicamente el delito de corrupción inmobiliaria, estableciendo sanciones tanto para servidores públicos como para particulares que participen en la venta ilegal de inmuebles.

Sanciones severas para infractores

El proyecto legislativo propone penas de seis meses a cinco años de prisión y multas de 90 a 300 días para quienes incurran en estas prácticas. 

Diputados presentan iniciativa para combatir la corrupción inmobiliaria en Querétaro.Diputados presentan iniciativa para combatir la corrupción inmobiliaria en Querétaro.

Estas sanciones se aplicarían tanto para funcionarios públicos como para desarrolladores que participen en actos de corrupción inmobiliaria.

"Este tipo penal actualmente no existe, por lo que es necesario incorporarlo al Código Penal, además de reformar otros tipos penales que ya existen pero que necesitan especificarse, como el fraude", explicó el diputado federal Luis Humberto Fernández.

Problemática inmobiliaria en Querétaro

El legislador federal Fernández Fuentes destacó que en Querétaro la problemática inmobiliaria se manifiesta de diversas formas: desde ejidatarios que sufren presiones o compras abusivas de sus tierras, hasta familias a las que se les entregan fraccionamientos completos sin servicios básicos o sin los documentos necesarios para tramitarlos.

"Durante mucho tiempo se ha estado hablando de los cárteles inmobiliarios, pero estos tienen un tema en común: la colusión entre servidores públicos y desarrolladores inmobiliarios para obtener un lucro indebido", señaló el diputado federal.

Apoyo al sector inmobiliario legítimo

Los legisladores aclararon que la iniciativa no va contra el sector inmobiliario en general, sino que busca sancionar a quienes operan de manera irregular. 

"En Querétaro la gran mayoría de los desarrolladores han sido íntegros, y los menos son quienes han abusado, pero estos merecen tener una sanción", afirmó Fernández Fuentes.

La propuesta busca establecer un mercado inmobiliario sin distorsiones, que beneficie tanto a empresarios como a ejidatarios, familias y empresas del sector, promoviendo prácticas transparentes y apegadas a la legalidad.

Alcance de las reformas propuestas

La iniciativa contempla modificaciones a tres ordenamientos clave: el Código Penal del Estado de Querétaro, para tipificar el delito de corrupción inmobiliaria; el Código Urbano, para establecer normas más claras sobre desarrollo inmobiliario; y la Ley del Notariado, para fortalecer la responsabilidad de los fedatarios públicos en transacciones inmobiliarias.

Los legisladores señalaron que estas reformas proporcionarán a las autoridades un marco jurídico adecuado para sancionar prácticas irregulares, protegiendo así el patrimonio de las familias queretanas que invierten sus recursos en la adquisición de viviendas.