Querétaro — 2 de febrero de 2026. —Daños a instalaciones del edificio Rhino de la Policía Estatal, una unidad del sistema Qrobús y varios vehículos particulares detonaron el anuncio de acciones legales por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de Querétaro, luego de la manifestación registrada el sábado pasado sobre la avenida 5 de Febrero.
La dependencia informó que cuenta con evidencia gráfica y videográfica que será presentada ante las autoridades competentes para determinar responsabilidades por los hechos ocurridos durante la protesta.
La movilización se originó tras la detención de un joven que intervino durante el cumplimiento de una orden de aprehensión contra un hombre acusado de abuso sexual.
Según la versión de la SSC, la persona fue asegurada por obstruir de manera reiterada una diligencia legal y remitida al juzgado cívico, aunque los manifestantes —estudiantes de la Universidad Autónoma de Querétaro y actores políticos— denunciaron presunto abuso de autoridad policial.
Hasta el momento, no se ha emitido postura pública por parte de las organizaciones estudiantiles sobre las acciones legales anunciadas por la dependencia.
El titular de la SSC, Iovan Elías Pérez Hernández, rechazó que durante el operativo original se haya cometido abuso de autoridad. El funcionario sostuvo que la intervención policial tuvo como objetivo garantizar el desarrollo del procedimiento judicial y proteger el acceso a la justicia de la víctima del presunto delito sexual, por lo que calificó la actuación de los elementos como apegada a protocolo.
Evidencia videográfica sustenta acciones legales por daños en protesta en Querétaro
Respecto a la manifestación sobre la avenida 5 de Febrero, la dependencia describió la movilización como un acto planeado con la intención de generar confrontación. Durante su desarrollo, según la información oficial, se registraron intentos de vandalismo contra transporte público, agresiones a automovilistas que circulaban por la zona y afectaciones directas al complejo de seguridad estatal donde opera la Policía Estatal.
Pérez Hernández reiteró que la SSC respalda el derecho a la libre expresión y la manifestación pacífica. Sin embargo, precisó que esas garantías no justifican actos que deriven en daños a bienes públicos o privados ni en afectaciones a terceros que no participaban en la protesta. El material documental recabado —que incluye grabaciones de cámaras de vigilancia y registros de los propios elementos desplegados— será turnado a las instancias competentes.
Las autoridades de seguridad confirmaron que el expediente se integrará con la totalidad de las pruebas disponibles para dar seguimiento legal a los hechos. La SSC no precisó un plazo específico para la presentación formal de las denuncias, aunque indicó que el proceso ya está en curso ante las instancias de procuración de justicia en el estado.
Este medio buscará la postura de los colectivos estudiantiles y actores políticos señalados por la SSC como participantes en la movilización.
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