Querétaro, 28 de enero de 2026. - Un amparo federal suspendió la corrida de toros programada para el 26 de abril en la capital queretana. El presidente municipal, Felifer Macías Olvera, señaló que el Ayuntamiento acatará la resolución judicial que ordena cancelar el evento, a pesar de que la tauromaquia está contemplada en la legislación estatal y en la reglamentación municipal.
La autoridad municipal fue notificada formalmente del amparo y debe hacer efectiva la suspensión conforme a lo establecido por la determinación federal.
El alcalde explicó que se trata de un asunto estrictamente jurídico en el que la autoridad municipal debe cumplir con lo que marca la resolución.
"Es un amparo por parte de la autoridad judicial federal, donde se obliga a un municipio a la suspensión de la corrida de toros en Querétaro programada. Es un tema de legalidad y es por eso que esta corrida no se deberá realizar", indicó el edil.
Macías Olvera precisó que el municipio ya recibió la notificación formal del amparo, por lo que corresponde a la administración municipal ejecutar la suspensión del evento taurino conforme a lo establecido por la resolución judicial federal.
Terceros interesados pueden emprender acciones legales
El presidente municipal añadió que los terceros interesados o afectados por la suspensión cuentan con el derecho de emprender las acciones legales que consideren pertinentes. Sin embargo, reiteró que el Ayuntamiento debe cumplir con el mandato judicial de manera obligatoria.
"Es obligación del municipio, como autoridad competente, acatar esta suspensión de corrida. Este tema está dentro del sistema jurídico y es un tema legal que el municipio tiene que respetar ante cualquiera", subrayó el alcalde capitalino.
La autoridad municipal recordó que no es la primera vez que se suspenden corridas de toros por resoluciones de este tipo en el territorio nacional. Subrayó que el actuar del municipio se mantiene dentro del marco legal y en apego a las determinaciones de las autoridades federales.
El gobierno de Querétaro mantiene su política de cumplimiento estricto de las resoluciones judiciales federales, independientemente de que la actividad taurina esté regulada y permitida en la normatividad estatal y municipal vigente.


















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