Querétaro — 24 de noviembre de 2025.- La escena en Palacio de Gobierno resume con precisión quirúrgica el problema que aqueja a Cadereyta de Montes: una administración municipal incapaz de distinguir entre gestión pública efectiva y performance político.
La alcaldesa Astrid Ortega abandonó una reunión con el gobernador Mauricio Kuri antes siquiera de que comenzara, argumentando incomodidad con procedimientos de seguridad que todo visitante —incluidos empresarios, académicos y autoridades de todos los niveles— cumple sin contratiempo al ingresar al edificio sede del Poder Ejecutivo estatal.
No se trató de un arrebato espontáneo. El episodio llevaba todas las señales de una estrategia premeditada: la construcción narrativa de la alcaldesa como víctima de un sistema que la excluye, la inmediata difusión en redes sociales, las acusaciones de discriminación y trato diferenciado. Un libreto ya conocido en la política queretana, especialmente desde que Gilberto Herrera Ruiz —legislador federal con aspiraciones gubernamentales evidentes— instaló en el escenario local una táctica de confrontación permanente contra cualquier iniciativa del gobierno panista, sin importar su mérito técnico o beneficio social.
Lo verdaderamente relevante de este incidente no es el desplante en sí mismo, sino lo que revela sobre las prioridades de la actual administración de Cadereyta. Mientras la alcaldesa dedicaba tiempo a grabar videos explicando por qué se retiraba de Palacio de Gobierno, su municipio enfrentaba rezagos acumulados en infraestructura, servicios públicos deficientes y una relación tóxica con su propio sindicato de trabajadores que apenas meses atrás paralizó toda la operación municipal durante siete semanas.
El contraste con otros municipios gobernados por Morena en la entidad no podría ser más elocuente. Los presidentes municipales de Tequisquiapan, Ezequiel Montes, Pedro Escobedo y Amealco —todos surgidos del mismo proceso electoral que llevó a Ortega al cargo— han logrado establecer canales funcionales de coordinación con el gobierno estatal. Obtienen recursos, ejecutan obra pública, coordinan operativos de seguridad y resuelven conflictos administrativos mediante mecanismos institucionales normales. No porque el gobierno de Kuri González tenga particular simpatía hacia Morena o MC, sino porque estos alcaldes entienden algo fundamental: la militancia partidista termina el día de la elección, y la responsabilidad de gobierno exige pragmatismo, no épica revolucionaria.
¿Qué diferencia a estos municipios de Cadereyta? Ciertamente no el color político ni los desafíos que enfrentan. La respuesta se encuentra en el tipo de liderazgo que ejercen sus autoridades y, principalmente,en el grado de autonomía que mantienen respecto a operadores políticos regionales con agendas propias. Herrera Ruiz ha convertido Cadereyta en su principal laboratorio de cara a la elección de 2027, y requiere que el experimento muestre resultados específicos: un municipio morenista exitoso a pesar del “sabotaje” estatal, una narrativa de resistencia frente al poder establecido, y una alcaldesa dispuesta a confrontar públicamente al gobernador cada vez que la estrategia electoral lo requiera.
El problema con este diseño es que convierte la administración municipal en instrumento de una campaña que aún no inicia formalmente, sacrificando en el altar del posicionamiento político las necesidades inmediatas de más de 70 mil habitantes. La huelga municipal que se extendió desde mediados de febrero hasta finales de marzo de este año ilustra perfectamente esta dinámica perversa. Durante 49 días, Cadereyta permaneció sin recolección de basura, sin mantenimiento de espacios públicos, sin servicios municipales básicos. La solución no llegó por negociación técnica entre autoridad municipal y sindicato, sino después de una marcha espectacular —cuidadosamente documentada— desde Cadereyta hasta la capital estatal, con el legislador federal presente en cada kilómetro del recorrido.
El mensaje implícito era claro: el conflicto se resuelve no mediante gestión administrativa competente, sino a través de movilización política y presión mediática. Que el gobierno estatal finalmente interviniera para facilitar una solución no valida esta aproximación; al contrario, expone la incapacidad de la autoridad municipal para ejercer sus atribuciones básicas sin necesidad de dramatización pública. Otros municipios resuelven disputas con sus sindicatos a través de mesas de negociación, peritajes técnicos y acuerdos laborales. Cadereyta requiere marchas de dos días y cobertura mediática nacional.
La insistencia de Ortega en presentar cada obstáculo administrativo como evidencia de persecución política también comienza a mostrar desgaste. El gobierno estatal ha documentado errores operativos básicos en las solicitudes de la alcaldesa: oficios enviados sin anexos, peticiones sin especificación técnica del uso de recursos solicitados, ausencias en mesas de negociación previamente acordadas. Estos no son detalles menores ni expresiones de “trato diferenciado”; son elementos fundamentales de la gestión pública que cualquier administración municipal debe dominar independientemente de su orientación ideológica.
El caso del agua en Cadereyta merece análisis particular porque expone la brecha entre retórica política y responsabilidad técnica. La propuesta de municipalización del servicio que Ortega ha enarbolado como bandera de su administración es, en principio, legítima y digna de análisis serio. Sin embargo, municipalizar el agua no es decreto de voluntad política; implica capacidad financiera para adquirir infraestructura existente, personal técnico especializado para operarla, sistemas de mantenimiento preventivo, y una administración municipal capaz de garantizar suministro continuo y calidad del servicio. Una administración que recientemente atravesó casi dos meses de parálisis por incapacidad de negociar con su propio sindicato difícilmente inspira confianza en su aptitud para asumir responsabilidad adicional de tal magnitud.
La municipalización del agua es proyecto de largo plazo que requiere estudios de viabilidad técnica, análisis financiero riguroso, y coordinación con múltiples instancias federales y estatales. No es consigna para redes sociales ni elemento de confrontación partidista. Que la alcaldesa la presente fundamentalmente como acto de valentía frente al gobierno estatal —y no como iniciativa técnicamente fundamentada con plan de implementación claro— indica que su función en el discurso de Ortega es más simbólica que operativa.
La acusación de violencia simbólica y discriminación que la alcaldesa formuló tras abandonar Palacio de Gobierno el miércoles pasado merece escrutinio particular. Los protocolos de seguridad en instalaciones gubernamentales —resguardo temporal de dispositivos móviles, registro de visitantes, documentación fotográfica de encuentros oficiales— no constituyen violencia de ningún tipo, simbólica o real. Son procedimientos estándar que cumplen función de transparencia y seguridad institucional. Presentarlos como expresión de machismo o trato degradante diluye el significado de estos conceptos y resulta ofensivo para quienes enfrentan formas genuinas de discriminación y violencia.
Más preocupante aún es que esta narrativa victimista se construye precisamente en contraste con la experiencia de otras autoridades municipales —algunas también mujeres— que no reportan trato similar porque simplemente cumplen con procedimientos normales y concentran su energía en gestionar recursos para sus municipios en lugar de manufacturar conflictos mediáticos. La secretaria de Gobierno y otras funcionarias estatales presentes en la reunión frustrada del miércoles tampoco experimentaron estos protocolos como expresión de violencia simbólica. La diferencia no radica en sensibilidad especial de Ortega, sino en su necesidad política de construir narrativa de agravio.
El costo de esta estrategia es tangible y creciente. Cadereyta presenta rezagos objetivos en infraestructura que requieren inversión estatal y federal para resolverse: caminos dañados por temporada de lluvias que afectan conectividad de comunidades serranas, redes de agua potable insuficientes, déficit en equipamiento de seguridad pública. Estas necesidades no se atienden mediante denuncias en redes sociales ni conferencias de prensa de acusación. Requieren gestión técnica, coordinación interinstitucional y capacidad de la autoridad municipal para presentar proyectos viables, documentación completa y seguimiento administrativo consistente.
Los votantes de Cadereyta que el 2 de junio de 2024 dieron a Morena la victoria municipal más amplia en la historia de ese municipio no lo hicieron para financiar los ensayos de candidatura gubernamental de Gilberto Herrera. Votaron por mejoría concreta en sus condiciones de vida: agua potable accesible, servicios públicos eficientes, seguridad, oportunidades económicas. Catorce meses después del inicio de esta administración, la pregunta que debería hacerse Astrid Ortega no es si el gobernador la recibe con suficiente cordialidad o si los protocolos de Palacio de Gobierno son justos. La pregunta es: ¿están mejor hoy los ciudadanos de Cadereyta que cuando asumí el cargo?
La respuesta honesta a esa interrogante expone el fracaso fundamental de esta administración. Las comunidades de la zona norte siguen sin acceso garantizado a agua potable. Los caminos dañados permanecen en condiciones precarias. La relación con el sindicato municipal está lejos de normalizarse completamente. La inversión federal y estatal que llega a Cadereyta no es proporcionalmente mayor a la que reciben otros municipios, a pesar de toda la movilización política y denuncia pública. Y la alcaldesa ha consumido capital político considerable en conflictos mediáticos que no generan beneficio tangible para su población.
Existe ruta alternativa disponible, como lo demuestran otros municipios morenistas en Querétaro. Implica reconocer que gobernar es verbo que se conjuga en gerundios prosaicos —negociando, gestionando, coordinando, ejecutando— y no en épica revolucionaria. Requiere aceptar que los problemas heredados son exactamente eso: herencia que define el punto de partida, no excusa permanente para la inacción. Demanda comprender que la militancia partidista no sustituye competencia técnica, y que el adversario electoral de ayer puede ser socio institucional de hoy si ambas partes priorizan el interés público sobre el cálculo político.
La administración de Cadereyta tiene aún dos años y medio por delante. Tiempo suficiente para rectificar rumbo, establecer relación funcional con el gobierno estatal, y concentrar energía en gestión efectiva en lugar de performance mediática. Pero ese cambio requiere que Astrid Ortega tome decisión fundamental: ¿gobierna para su municipio o para las aspiraciones electorales de su principal operador político? La respuesta a esta pregunta determinará si su periodo se recordará como oportunidad desperdiciada o como punto de inflexión positivo para Cadereyta.
Mientras tanto, el gobierno de Mauricio Kuri seguirá trabajando con los municipios que eligen diálogo sobre confrontación, sin importar su color partidista. Y los ciudadanos de Cadereyta seguirán esperando que su alcaldesa dedique tanto esfuerzo a gestionar soluciones como el que actualmente invierte en construir enemigos. La política del espectáculo puede generar titulares, pero no llena baches ni lleva agua potable a comunidades marginadas. Y esa es la lección que Ortega parece determinada a aprender de la manera más dolorosa posible: gobernando mal mientras denuncia bien.
