Saltillo, Coahuila, México, febrero (SEMlac).- (depositphotos) Una historia de impunidad, influyentismo, violencia vicaria e institucional es la que vive Hatzidy Colunga González, trabajadora administrativa del Poder Judicial en Satillo, quien demanda la manutención para la hija que procreó con el coronel de Infantería José Barragán Chávez en Coahuila.
Teme por su vida y la de su hija, ya que el coronel Barragán Chávez se encuentra ya en México, al haber culminado su comisión en la embajada de México en Canadá desde el 16 de agosto de 2023.
Refiere Hatzidy que mantuvo una relación extramatrimonial por más de dos años con el coronel Barragán Chávez, en 2019 ella ya era responsable de un menor E.C.G., quien a la fecha cuenta con 12 años de edad.
En ese tiempo, el coronel de Infantería fungía como Segundo Comandante del 69 Batallón de Infantería en Saltillo, Coahuila.
En agosto del 2021 procrearon una hija, que nació el 27 de abril de 2022 que lleva por nombre N.C.G. y que a la fecha se encuentra diagnosticada con una condición de hemiparesia, parálisis en un lado del cuerpo que puede afectar brazo, pierna y músculos faciales.
Señala Hatzidy que el coronel tuvo conocimiento de su embarazo antes de partir a Canadá, en diciembre de 2021, para una comisión de agregaduría en la Embajada de México en Canadá. Le realizó algunos ofrecimientos respecto al cumplimiento de su obligación parental, que a la postre resultaron falsas.
Ante la dificultad económica de mantener a dos menores de edad, Hatzidy promovió un Juicio de Reconocimiento de Paternidad y otorgamiento de pensión alimenticia a favor de la menor N.C.G., expediente 1078/2022, ante el Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Familiar, Daniel Abraham González Esquivel.
En dicha demanda expuso que ha sido víctima de una serie de agravios -tales como amenazas, calumnias e injurias-, que configuran una reiterada violencia psicológica y económica, inclusive de índole sexual, en un afán de hacerla desistir de reclamarle el cumplimiento de sus obligaciones alimentarias con la menor.
Ante la dificultad de lograr el emplazamiento a juicio del demandado, dada su residencia en Ottawa, Ontario, Canadá, solicitó por escrito la intervención del secretario de la defensa nacional Luis Crescencio Sandoval González, en agosto de 2022. Le respondieron que su petición era un asunto particular, por lo que no podían intervenir.
En octubre de 2022, dentro del juicio familiar y en virtud de la acreditación de su paternidad en forma presunta, se logró un acuerdo por el 20 por ciento de los ingresos del demandado, que sube al 25 por ciento por el conocimiento del juzgado por el diagnóstico de hemiparesia de la menor.
Esta sentencia provocó situaciones de violencia del demandado contra la demandante, entre ellas una amenaza de muerte en una videollamada desde la Embajada de México en Canadá, en la que le pedía devolviera parte del porcentaje de pensión.
Por ello Hatzidy presentó una denuncia ante la Fiscalía de Coahuila en Saltillo por violencia familiar, amenazas e intimidación, en agravio de ella y su hija.
La denuncia fue atraída por la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia contra las mujeres y trata de personas, con residencia en la Ciudad de México. Carpeta con dictamen en psicología y trabajo social favorables, solo quedó pendiente de desahogo desde el mes de junio de 2023 una prueba pericial en materia de informática, para demostrar la autenticidad de conversaciones de WhatsApp, por donde el denunciado realizó diversas amenazas e insultos hacia la demandante.
Señala que fue objeto de violencia institucional por pedir la recusación, ya que la abogada del demandante Anel Concepción de la Rosa padilla y el perito designado por oficio Edgar Arnoldo de la Rosa Alvarado comparten un lazo por consanguinidad en el segundo grado, al ser hijos del mismo padre. Sin embargo, la acusaron de falta de probidad y una anotación a su registro profesional.
Posteriormente, desestimaron todas las pruebas presentadas, se le negó el derecho a designar perito en materia de genética y a obtener información sobre la certificación del laboratorio, lo que reclamó en un amparo indirecto.
Dicho asunto podría constituir un precedente de importancia ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en atención a que implica la posibilidad de establecer una regla procedimental especial para el trámite de juicios de reconocimiento de paternidad, donde impera el resultado de una única prueba científica que es la de ADN, por lo cual se realizará solicitud de facultad de atracción por la SCJN en la vía correspondiente.
Consideró que se ejerció violencia institucional al exceso de facultades por parte del juez para investigar si, efectivamente, estuvo enferma ante su incomparecencia en el desahogo de la prueba del 6 de julio de 2023. El juez mandó a citar al médico tratante, requerirle todos los antecedentes clínicos, si presentó incapacidad médica o no, apercibiéndolo de multa.
Ante la conducta del Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Familiar, Daniel Abraham González Esquivel, promovió queja administrativa en su contra pendiente de resolución ante el Consejo de la Judicatura del Estado de Coahuila, el 28 de septiembre de 2023.
Asimismo, el pasado 10 de noviembre de 2023 se interpuso queja administrativa contra el perito único en genética designado de oficio por el juzgador familiar Edgar Arnoldo de la Rosa Alvarado, ante la Dirección General de Contraloría y Visitaduría de la Fiscalía General del Estado de Coahuila de Zaragoza, radicada bajo el número de expediente 202/2023, sin que a la fecha haya renunciado al cargo conferido en el juicio familiar.
Resulta evidente el desequilibrio de poder que existe, aunado a sus múltiples amenazas, por lo que teme se sigan cometiendo actos de corrupción e influyentismo, pues considera que el poder judicial local ha actuado en forma parcial a su favor, asegura Hatzidy.