México, 4 de marzo de 2025. – La imposición de aranceles del 25% a productos mexicanos y canadienses por parte del gobierno de Estados Unidos, vigente desde el 4 de marzo, representa un duro golpe a la economía regional y una violación a los principios del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
A esto se suman las medidas recíprocas aplicadas por México a productos agrícolas estadounidenses a partir del 2 de abril, lo que incrementa la incertidumbre en el comercio bilateral.
La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) advirtió que esta decisión podría desencadenar una recesión en México, además de provocar una depreciación del peso que llevaría el tipo de cambio a superar los 22 pesos por dólar.
Esto encarecería los productos y reduciría el poder adquisitivo de los consumidores. En Estados Unidos, la medida también generaría presiones inflacionarias, afectando a empresas y hogares.
“La integración económica entre México, Estados Unidos y Canadá ha sido clave para el crecimiento de nuestras economías. Imponer barreras comerciales de esta magnitud atenta contra la estabilidad de las cadenas de suministro y afecta la inversión productiva en la región”, señaló la Coparmex.
A nivel político, la decisión estadounidense coloca a México en una posición de presión en temas de seguridad y migración, ya que la negociación para suspender los aranceles estaba supeditada a una evaluación de estas políticas.
Aunque el gobierno mexicano ha buscado mantener el diálogo y explorar alternativas, la imposición de aranceles evidencia una falta de compromiso por parte de Estados Unidos con los acuerdos internacionales.
Ante esto, México mantiene abierta la posibilidad de tomar medidas de respuesta, aunque cualquier acción deberá considerar sus efectos en la industria y los consumidores.
La Coparmex instó al gobierno federal a utilizar los mecanismos del T-MEC para impugnar la medida y a fortalecer la diversificación de mercados para reducir la dependencia de un solo socio comercial.
Además, subrayó la necesidad de atraer más inversiones al país, asegurando estabilidad, incentivos estratégicos y certeza jurídica que permitan la permanencia y expansión de las empresas en México.
