SEP Querétaro prepara programa contra discriminación a estudiantes LGBTIQ+

SEP Querétaro lanza programa "Mi escuela, mi identidad y mi derecho" tras documentar 6 casos de discriminación a estudiantes LGBTIQ+. Activistas denuncian barreras administrativas en planteles.

SEP Querétaro documentó seis casos de discriminación a estudiantes LGBTIQ+ que evidencian necesidad de reforzar atención en planteles. Activistas denuncian barreras administrativas para reconocer cambios de identidad.
SEP Querétaro documentó seis casos de discriminación a estudiantes LGBTIQ+ que evidencian necesidad de reforzar atención en planteles. Activistas denuncian barreras administrativas para reconocer cambios de identidad.

Querétaro, 26 de noviembre de 2025.- La Secretaría de Educación Pública en Querétaro implementará el programa "Mi escuela, mi identidad y mi derecho" para prevenir acoso y discriminación hacia estudiantes LGBTIQ+ tras documentar seis casos recientes que evidencian exclusión y comentarios discriminatorios en planteles del estado. 

La estrategia busca que las y los estudiantes se sientan respaldados en el entorno escolar sin importar su orientación sexual o identidad de género, anunció Mauricio Ruíz Olaes, delegado federal de la dependencia en la entidad.


Cuatro de los reportes fueron presentados por madres y padres que denunciaron la exclusión de sus hijas e hijos de actividades o trabajos escolares por su orientación o identidad, explicó el funcionario. 

Otro caso involucró a una maestra de secundaria que solicitó orientación para tratar adecuadamente a uno de sus alumnos, situación que se atendió mediante el manual ABC diseñado por la secretaría. 

El sexto reporte corresponde a una niña que enfrentó comentarios discriminatorios por tener dos madres, lo que evidencia que la discriminación también afecta a familias diversas.

Discriminación más allá del aula

Waltter López y María José González, representantes del Frente Queretano por el Derecho a la No Discriminación y el Estado Laico, señalaron que la problemática trasciende las situaciones de transfobia en salones de clase.

"No solamente se trata de las situaciones que se pueden presentar dentro de las aulas, sino también la discriminación administrativa que se hace presente en las instituciones educativas, en especial cuando nuestro estudiantado desea emitir constancias, certificados y demás documentación", precisaron los activistas.

Esa barrera administrativa se manifiesta cuando estudiantes que han modificado legalmente su nombre o género enfrentan resistencia de planteles para reconocer su documentación oficial actualizada. 

El fenómeno afecta especialmente a población trans que requiere certificados escolares para continuar estudios o realizar trámites, pero se encuentra con que las instituciones mantienen registros con datos previos al cambio legal.

Procesos de reconocimiento de identidad

Actualmente existen 47 amparos en trámite para solicitar cambio de nombre en Querétaro, mientras que la Fiscalía General del Estado reportó nueve procedimientos de cambio de género completados en lo que va de 2025, según información proporcionada por colectivos LGBTIQ+. 

Estas cifras reflejan que cada vez más personas buscan el reconocimiento legal de su identidad, proceso que debe traducirse en aceptación institucional sin trabas burocráticas.

El Frente Queretano insistió en que todas las escuelas del estado deben reconocer la documentación oficial con modificaciones de nombre o género y actuar para garantizar entornos respetuosos. 

Organizaciones civiles advierten que la negativa a actualizar registros escolares constituye una forma de violencia institucional que puede derivar en deserción escolar, especialmente en niveles de secundaria y preparatoria donde la identidad de género se vuelve más visible.

La SEP no especificó fecha de arranque del programa "Mi escuela, mi identidad y mi derecho" ni detalló si incluirá capacitación obligatoria para docentes y personal administrativo. 

Colectivos LGBTIQ+ han solicitado que la estrategia contemple protocolos claros de actuación ante denuncias y mecanismos de sanción para planteles que mantengan prácticas discriminatorias, elementos que consideran indispensables para garantizar efectividad de la política pública.